La pensión por incapacidad permanente es uno de los subsidios que contempla la Seguridad Social para los trabajadores que, debido a una enfermedad o accidente laboral, no pueden continuar desarrollando su actividad profesional de manera rutinaria. Como consecuencia, los operarios pierden la posibilidad de llegar a final de mes con un salario que les permita mantenerse económicamente. El subsidio se calcula en función de la base reguladora y se paga mensualmente. Los trabajadores, para acceder a esta prestación, tienen que cumplir con ciertos requisitos y pasar por un proceso de evaluación médica y laboral.
Esta prestación se clasifica en varios grados, que dependen del nivel de incapacidad de los beneficiarios. Los trabajadores que pueden desarrollar las funciones de su puesto, pero con limitaciones, tienen derecho a la incapacidad permanente parcial. La total, en cambio, aplica cuando las personas solicitantes no pueden desempeñar su actividad laboral, pero sí tienen acceso a otras ocupaciones con las que ganarse la vida. La incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez son las dos situaciones más limitadas. En la primera, los beneficiarios no pueden trabajar en ninguno de los sectores del mercado. En la segunda, las personas necesitan además asistencia externa para realizar actividades básicas del día a día.
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Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo cifran en cerca de 950.000 personas el número de beneficiarios, aunque no todos reciben la misma asignación. La incapacidad permanente total siempre está sujeta a revisión. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se encarga de llevar a cabo estos chequeos y comprobar que las patologías no han evolucionado. Los reconocimientos médicos son más frecuentes cuando es la administración pública la que concede la prestación. Este examen puede tener efectos directos en el importe final de la prestación.
El cálculo de la pensión por incapacidad permanente
Los trabajadores tienen que saber que la incapacidad permanente parcial no otorga el derecho a una pensión mensual vitalicia, sino que lleva asociada una indemnización. La incapacidad permanente total, por su parte, da derecho a cobrar un subsidio del 55% de la base reguladora, que se amplía hasta el 75% si los beneficiarios tienen 55 años o más y están en situación de desempleo. Las pensiones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez no exigen un mínimo de años cotizados para tener derecho al 100% de la asignación y tienen una serie de particularidades.
Los trabajadores que tengan reconocida una pensión por incapacidad permanente absoluta tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora, que además está exenta del IRPF. Los beneficiarios de una gran invalidez, por su parte, siguen el mismo patrón, pero suman un complemento extra para remunerar a la persona que asiste en las tareas del hogar al titular del subsidio. La cuantía de la primera de las prestaciones oscila actualmente entre los 966,20 euros y los 743,30 euros mensuales. La gran validez se mueve entre los 1.449,30 euros y los 1.115 euros al mes, todo ello en función del número de personas que formen parte de cada unidad familiar.
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