La pirámide poblacional española está poniendo en un brete los cálculos del ministro José Luis Escrivá para el mantenimiento del sistema de pensiones. El titular de la Seguridad Social prevé que en 2035, la población activa de entre 20 y 64 años se incremente en más de 1,2 millones. Algo que, atendiendo al gran número de personas que pertenecen a la generación del baby boom y que para esa fecha saldrán del mercado laboral, parece bastante improbable, sobre todo teniendo en cuenta la escasa capacidad de relevo por la caída de la natalidad que se ha producido durante las últimas décadas.
Según el informe de proyecciones de gasto en pensiones elaborado por el equipo de Escrivá en cumplimiento de uno de los hitos comprometidos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, el Ministerio espera que el incremento de la tasa de actividad del 79,4% actual al 84% en el año 2050, lleve a un aumento de la población activa de entre 20 y 64 años desde los casi 23 millones de personas en 2023 hasta 24,23 millones en 2035.
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Sin embargo, los propios datos de estructura poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) ya ensombrecen esas previsiones. Concretamente, en España se contabilizan 7,2 millones de personas de entre cinco y 19 años y que, por lo tanto, se contabilizarán como población activa de entre 20 y 64 en 2035 -año de los cálculos del ministro-. Por el contrario, durante los próximos 12 años dejarán la fuerza laboral más de 10,3 millones de personas que en estos momentos tienen entre 54 y 64 años. Así, las personas que se van a jubilar superan en un 40% a los nuevos trabajadores.
Unas cuentas que no salen y que ni el optimismo de Escrivá puede maquillar más allá de 2035. En el informe anteriormente citado recoge que, a partir de ese momento, la población activa se reducirá, hasta situarse en 2050 en 23,23 millones de personas.
Retraso de la edad de jubilación
El Gobierno estima que la edad media de jubilación subirá 1,6 años en 2050, hasta situarse en torno a los 65,5 años, como consecuencia de los incentivos incluidos en la reforma de pensiones para fomentar el retraso del retiro y de la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa de los convenios colectivos. La reforma de pensiones de 2021 incluyó dos tipos de incentivos para quienes decidan retrasar voluntariamente su jubilación más allá de la edad legal, que consistía en un porcentaje del 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente o una cantidad a tanto alzado que se abona en un pago único.
Inicialmente, ambos tipos de incentivos no podían compaginarse, pero desde el pasado 18 de mayo ya se pueden combinar a elección del interesado. En los cinco primeros meses de este año, el 8% del total de altas de jubilación corresponden a jubilaciones demoradas, casi el doble que en el mismo periodo de 2021, último año en el que aún no estaban desplegados los nuevos incentivos.
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Además, Seguridad Social destaca que se ha afianzado la tendencia a retrasar la jubilación anticipada voluntaria, de forma que ya sólo el 18% de quienes se jubilan anticipan el máximo posible (24 meses), frente al 46% en 2021 y el 26% en 2022. Así las cosas, en dos años, la edad media de jubilación de quienes solicitan el retiro anticipado ha aumentado de 63,5 a 63,9 años. Todo ello ha contribuido a elevar la edad efectiva de jubilación a los 65 años por primera vez.
Las proyecciones de la Seguridad Social recogidas en este informe apuntan a que en los primeros años, las altas de jubilación demorada disminuirán, pero en torno a 2040 estas diferencias se reducirán “notablemente” porque aquellos demorados en los años anteriores se jubilarán, compensando así las nuevas altas de jubilación demorada. Como consecuencia del impacto de los nuevos incentivos al retraso voluntario de la jubilación, la Seguridad Social estima que la tasa de ocupación de los mayores de 65 años pasará desde el 18,4% hasta el 27,8%, mientras que la de mayores de 55 años se incrementaría desde el 43,8% hasta el 48,9% en 2050.