Los afectados por un Metro que se hunde: “Ya hay 217 personas desalojadas, y el problema crece”

“Desde hace 15 años, San Fernando De Henares, municipio madrileño, vive un drama social que afecta a miles de vecinas y vecinos. Una historia de oportunismo político, negocio privado y vidas truncadas”. Con esta frase tan explícita, la Plataforma de Afectados de la Línea 7B de Metro resume el calvario que padecen las familias y comerciantes que han tenido que abandonar sus viviendas y negocios por culpa de un suburbano que, literalmente, se hunde. Un problema que parece no tener solución.

La prolongación de la Línea 7 del Metro (la 7B) fue ejecutada por el Gobierno de Esperanza Aguirre entre los años 2003 y 2007. El proyecto se dividió en tres tramos, aunque el que no hace más que dar disgustos es el tercero, entre Coslada y San Fernando de Henares. Aguirre inauguró los tres tramos el 5 de mayo de 2007 (con una paella para 2.000 personas y un concierto de Antonio Carmona incluido), 22 días antes de las elecciones autonómicas que ganó. Un año después, en 2008, empezaron los primeros síntomas de que algo no iba como debía.

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Y es que este último tramo adolece de un grave problema endémico: los túneles de Metro se construyeron bajo un suelo con alto contenido en sales y aguas subterráneas que hunden y ponen en peligro este medio de transporte. La Comunidad ha tenido que cerrar el tramo afectado en muchas ocasiones a lo largo de los años. Luego aparecieron las grietas en las viviendas y el riesgo de derrumbe. A día de hoy, 217 personas han sido desalojadas de sus casas y ya no podrán volver a ellas. Alejandro Escribano, 26 años, es uno de ellos. Es uno de los portavoces de la plataforma de afectados y atiende a Infobae España para intentar explicar la pesadilla que sufren.

Pregunta: ¿Cuál es la situación actual?, ¿cuántas familias y comerciantes hay afectados?

Respuesta: 217 personas han sido ya desalojadas, es decir, se han quedado sin casa. Vivían en 54 viviendas, de las que 41 ya han sido demolidas y 13 lo serán en breve. Yo vivía en una de estas últimas. El problema es que cada día aparecen nuevas grietas en otras viviendas y edificios, por lo que el problema crece cada vez más lejos de solucionarse. Al principio solo estaban afectadas trece calles, ahora hay 21. También hay cinco comercios derribados, más muchos más afectados que han visto como sus ingresos disminuían porque se nutrían de las compras de los vecinos desalojados, llegando a reducirse esos ingresos sobre un 40%.

P: Y así lleváis 15 años. Todo este gran calvario lo definís como una “historia de oportunismo político y negocio privado”. ¿Por qué?

R: Cuando se iniciaron los planes para la edificación de la Línea 7B, todo el mundo lo vio como una oportunidad para nuestro municipio. Esta perspectiva cambió desde su apertura. Pudimos ver con nuestros ojos como la Comunidad de Madrid no hacía nada a pesar de tener informes que exigían una actuación urgente en las viviendas que, por días, se estaban resquebrajando. En esta historia hay muchas casualidades: la obra fue encargada a Dragados, que recibió el doble de beneficio de lo inicialmente presupuestado por la Comunidad cuando, a escasos meses de las elecciones, el gobierno de Esperanza Aguirre decidió doblar el trazado de Metro y conectarlo con un nuevo y flamante hospital que, por cierto, hoy en día está inutilizado. Los tiempos son muy importantes. También algunas casualidades que se reiteran en los informes técnicos del desastre. Cuando la Comunidad estudiaba el hundimiento del entorno de Metro, no solo no culpaba a Dragados por la negligencia, sino que le otorgaba contratos millonarios para el desempeño de unos trabajos que derivaron en nuevos informes señalando nuevos daños, pero siempre exculpando a Dragados como empresa constructora. En síntesis: la Comunidad premiaba a Dragados por autoexculparse mientras nuestro municipio se hundía y no había ninguna solución real. Como siempre, el oportunismo y la especulación de algunas empresas privadas es parte indispensable del oportunismo político, en este caso, del PP.

P: ¿Cómo os están ayudando las Administraciones? Estamos hablando, para el que no viva allí, que habéis perdido literalmente vuestra casa y que nunca volveréis a ella.

R: La ayuda de la administración es exigua. Tan solo mantienen estas ayudas a las personas que han perdido la casa o que están desalojadas porque la van a perder. Pero aquí hay varias trampas.

P: ¿Por ejemplo?

R: Hay tres grupos de afectados. Por ejemplo, los que están esperando la demolición de su vivienda. La Comunidad paga el alquiler de la vivienda de realojo, pero esas viviendas las tienen que buscar las víctimas. Además, las condiciones de ese alquiler que impone la Comunidad hacen casi imposible que inmobiliarias o particulares acepten dichas condiciones, por lo que los que estamos realojados de esta forma lo estamos porque amigos o particulares han tenido la humanidad de ayudarnos, insisto, con unas condiciones de alquiler de absoluta inseguridad jurídica tanto para propietarios como para nuevos inquilinos.

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P: Y luego están los que su vivienda ya ha sido totalmente demolida.

R: Sí, cuando la vivienda es derribada, la orden de emergencia que sustenta el pago del alquiler decae. No hay ya vivienda dañada y, por tanto, no hay emergencia. Desaparece. Cuando esto ocurre, se les ofrece a las familias 798 euros como adelanto de su propia indemnización para alquilarse una casa. Supongamos que una familia estaba viviendo en una casa amueblada de 1.100 euros de alquiler. Una vez demolida su casa, el único ingreso que le llega a la familia realojada son esos 798 euros, la diferencia la pagan las familias al mismo tiempo que pagan las hipotecas de unas casas que ya no existen. Esto es absolutamente imposible para familias trabajadoras como las nuestras, más grave aún en el caso de pensionistas que son víctimas de este despropósito. Y en tercer lugar, están los afectados que están desalojados y que no saben si su casa será derribada o no: lo normal en este caso es que les realojen en apartahoteles de un polígono industrial, sin atención de ningún tipo. Hablamos de niños y personas de avanzada edad sacadas de su entorno con los problemas psicológicos que eso entraña.

P: No os noto muy satisfechos.

R: Fuera de eso, no existe ninguna ayuda: ni psicológica para todas las familias afectadas; ni para los comerciantes que han perdido sus negocios y no ingresan ni un euro con más cargas fiscales que antes producidas por la situación; ni para los vecinos del entorno cuyas casas están dañadas o devaluadas; es decir, hablamos de una falta completa de recursos que se podrían poner al servicio de las víctimas. La pregunta es obvia: ¿cómo la Comunidad más rica de España deja en la cuneta a miles de sus ciudadanos tras cometer una negligencia técnica que no tiene precedentes en la historia reciente nuestro país? No hay respuesta.

P: Pero la Comunidad os ha prometido una indemnización para todos aquellos cuya casa ha sido derribada.

R: Se supone que nos iban a dar 2.682 euros por metro cuadrado, pero no es así. Mi casa, por ejemplo, era de 1997 y me correspondería una indemnización de 325.000 euros según el precio de mercado y me quieren pagar 210.000 euros, además, de ahí tengo que descontar 20% de impuestos porque se considera un ingreso extraordinario. Pero fuera del debate engañoso de las cifras lo que pedimos es lo siguiente: una vivienda digna por una vivienda digna. Ni más ni menos. La pregunta que hay que hacerse es si estas indemnizaciones nos permiten recuperar lo que se nos ha robado. La respuesta es clara: no. No resarce el daño generado, ni el material ni el emocional. Y no existe norma legal que articule o justifique estas cuantías. Solo depende de la voluntad política. Y hemos visto que no hay mucha.

P: Para hacer balance, ¿cuántos afectados pueden estar ahora recibiendo algún tipo de ayuda por parte de la administración?

R: Solo las familias desalojadas por derribo o peligrosidad extrema en sus viviendas: en total 88 familias procedentes de 88 viviendas de las más de 600 afectadas a lo largo y ancho del municipio.

P: Habeís reclamado otras ayudas, como la psicológica.

R: Tras la reunión con el consejero el 12 de julio, se plantearon cuatro medidas urgentes: ayuda psicológica, apoyo a los comercios, realojos flexibles para las familias que viven en el entorno con ruidos, vibraciones, polvo, gases peligrosos, cortes de luz, agua, fugas de gas o incluso explosiones. Y reconocimiento de oficio de más viviendas afectadas que no existen para la administración.

P: Porque, ¿la Comunidad de madrid está reconociendo oficialmente a todos los afectados que hay?

R: La Comunidad de madrid no está reconociendo a todas las víctimas. Solo reconoce de oficio a aquellas cuyas viviendas va a demoler para poder desarrollar el procedimiento indemnizatorio. El resto no existen, son invisibles y por supuesto no tienen derecho a que se les reconozcan daños generados desde el año 2008, tras obras ininterrumpidas, hasta tres o cuatro desalojos en 15 años y por supuesto la evidente pérdida patrimonial generada por la devaluación de sus viviendas.

P: A día de hoy la Línea 7B sigue cerrada. ¿qué plazos os dan para reabrir?

R: La Comunidad de madrid no ha dado un plazo para la reapertura de la línea. Somos conscientes de que están trabajando a fondo para ello ya que su imagen pública depende en buena medida del éxito o el fracaso del cierre de la misma. Su atención está centrada en esto mientras las familias, las víctimas, estamos pasando un calvario injusto porque no se han puesto ni se ponen los medios suficientes. El problema social está completamente desplazado por su enorme interés sobre el problema técnico que deriva, necesariamente, en el crédito político de la administración.

P: ¿La solución solo pasa por reabrir? Lo pregunto porque desde 2009 Metro de Madrid ha cerrado varias veces este tramo para hacer obras y no han conseguido solucionar el problema.

R: Como bien ha dicho Manuel Lombardro, presidente del Colegio de Geólogos de España, la solución pasa por una obra faraónica que dista mucho de los trabajos actualmente realizados y requiere, por tanto, una inversión muchísimo más amplia. La solución pasa por resolver el problema técnico sin desentenderse del daño social, que debería ser la prioridad para la Comunidad de madrid. Si no se trabaja en las dos vías, el problema se seguirá extendiendo y se seguirá haciendo un daño incalculable a las familias de nuestro municipio. Sabemos con certeza que, por desgracia, este ha sido el camino elegido por la Comunidad de Madrid. Por poner cifras, la Comunidad ya ha invertido 122 millones de euros y el problema no deja de empeorar. 122 millones de euros repartidos en 15 años que han sido tirados a la basura. Para colmo, de esa partida tan solo se han destinado 7 para indemnizar a las familias.

P: El problema lejos de solucionarse se sigue agravando. Cada vez aparecen más edificios con grietas que antes no estaban afectados.

R: Esto ya no es como antes. Entre los años 2009 y 2019 el problema avanzaba pero de forma muy reducida y en lugares muy concretos del municipio. En poco más de dos años hemos pasado de tener 13 calles afectadas con daños menores repartidos en un centenar de viviendas a tener 21 calles afectadas, más de 600 viviendas con afecciones y edificios que en cuestión de meses se hunden hasta llevar al desalojo completo de los mismos. La degradación del municipio es exponencial. Si no se toman las medidas adecuadas, las que planteamos en nuestro plan integral, este problema, en muy poco tiempo, adoptará unas dimensiones casi imposibles de imaginar. Lo estamos viendo cada día: un vecino de una calle nueva alerta de daños, un negocio ve como sus paredes se resquebrajan, una familia ve los pilares de su garaje con decenas de fisuras que pasan a ser grietas en semanas... la situación es desastrosa y si no se pone un remedio realista pronto nuestro municipio se seguirá hundiendo.