La Audiencia Nacional autoriza entregar a Perú a un expolicía del ‘Escuadrón de la muerte’

La Audiencia Nacional ha autorizado la extradición a Perú al expolicía peruano Luis Alberto Mío Morocho, encuadrado en el denominado Escuadrón de la Muerte, detenido en España y reclamado por trece asesinatos consumados y tres en grado de tentativa entre 2012 y 2013 y pertenencia a organización criminal. Fue arrestado el 29 de septiembre de 2022 en la ciudad de Guadalajara en virtud de una orden internacional de detención expedida por un juzgado peruano en 2019.

Morocho está considerado como de los policías que formaban parte del denominado ‘Escuadrón de la Muerte’, involucrado en emboscadas y ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes en falsos operativos que tenían como fin la obtención de ascensos y condecoraciones para los componentes del grupo. Esta organización parapolicial actuó en varios puntos de ese país entre los años 2012 y 2016.

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En plena investigación de las autoridades peruanas una vez se destapó el caso, Morocho, por entonces suboficial de la Policía Nacional de Perú, huyó del país. Se le perdió la pista durante años, hasta que en 2019 un juzgado local expidió una orden internacional de detención contra él. En 2022, la policía española recibió una petición de colaboración llegada desde Perú y encauzada por Interpol, todo con la intención de dar con su paradero. La Sección de Localización de Fugitivos de la Policía logró ubicarlo en la provincia de Guadalajara, donde se ocultaba y vivía junto a su familia. Finalmente, fue detenido el 29 de septiembre de ese año.

Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideran que los delitos que se le atribuyen en Perú a Luis Alberto Mío Morocho se corresponden, según la legislación española, con trece delitos de asesinato consumado y otros tres en grado de tentativa, así como pertenencia a organización criminal.

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En la vista ante la Audiencia Nacional, el hombre pidió no ser extraditado alegando ser víctima de una persecución política de autoridades que en su día estuvieron relacionadas con el grupo terrorista Sendero Luminoso. La Fiscalía no apreció motivación política en la reclamación y se mostró a favor de su entrega y ahora la Audiencia, que coincide, autoriza su extradición a Perú.

El tribunal descarta que la reclamación obedezca a motivos políticos, pues pese a los cambios de gobierno en Perú “no se ha acreditado que se haya cometido abuso de poder que hiciera variar las decisiones judiciales que sustentan la demanda”.

“Tampoco es fácil de entender que en esa alegada confrontación política el recurrente haya permanecido en su país desde 2012 hasta 2019 trabajando como policía”, subraya la Audiencia. Además, añade que se desconoce la ideología política del acusado y su vinculación o no con distintos gobiernos.

Los jueces tampoco admiten que haya riesgo para la vida de este hombre al ser extraditado, pues no se ha aportado ningún dato indiciario que sustente que sufrió atentados en su país.