Ayuso construye en cinco años menos viviendas públicas (267) que empleados tiene para hacerlas (502)

“Isabel Díaz Ayuso facilitará la construcción de 50.000 nuevas viviendas en la región durante esta legislatura”. Este es el titular de la nota de prensa que la Comunidad de Madrid lanzó el pasado 21 de junio durante la primera jornada del debate de investidura previo a la elección oficial de la líder del PP como presidenta madrileña. De hecho, Ayuso recalca siempre que puede que esta será la “legislatura de la vivienda”. Con los datos en la mano, no se puede decir lo mismo de la anterior legislatura (2019-2023), que técnicamente fueron dos porque se convocaron elecciones anticipadas en 2021.

Entre enero de 2019 y septiembre de 2023, casi cinco años completos, la Agencia de Vivienda Social (AVS), la empresa pública que se encarga de la promoción de pisos protegidos, solo ha construido 267 nuevos inmuebles, una cifra muy pobre si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la AVS tiene en plantilla 502 trabajadores, según su última memoria de 2022.

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El nuevo director-gerente de la AVS, Eusebio González, señaló hace unos días en la comisión de vivienda de la Asamblea de Madrid que el organismo público ha firmado en lo que llevamos de 2023 un total de 403 contratos para que 403 familias residan en viviendas protegidas, pero solo 63 han empezado a vivir en viviendas de nueva construcción (el 16% de los contratos). El resto son segundas adjudicaciones (es decir, pisos que ya pertenecían al patrimonio de la AVS y que han vuelto a ser adjudicados porque, por ejemplo, se han quedado vacías) o regularizaciones de inmuebles ocupados.

Los datos de 2022 son más pobres. El año pasado solo se entregaron cuatro viviendas públicas de nueva construcción: dos en la localidad de Madarcos y las otras dos en La Hiruela. En 2021 las cifras fueron mejores: 137 nuevas viviendas en dos promociones en el distrito de Hortaleza. En 2020, en cambio, no se entregó ningún piso nuevo. 2019, el año de la llegada de Ayuso a la Comunidad de Madrid, terminó con 63 nuevos pisos puestos a disposición de los adjudicatarios de la AVS. El director gerente de la AVS aseguró que esta legislatura se van a construir 1.600 viviendas. Las que va a promover y ejecutar directamente la AVS.

Porque la Comunidad de Madrid lo fía todo a la colaboración público privada de su plan VIVE, el proyecto estrella de Isabel Díaz Ayuso. Según este plan, la Administración cede suelo a una empresa para que construya pisos y los explote en concesión durante 50 años en régimen de alquiler para jóvenes y familias de rentas bajas a un precio, según afirma la Comunidad, un 40% más barato que en el mercado. En mayo de 2019, cuando Ayuso era candidata, aseguró que el plan VIVE pondría en el mercado 25.000 viviendas, cifra que rebajó meses después a 15.000. Los últimos datos ofrecidos la semana pasada en la Asamblea es que esta legislatura, bajo el paraguas del plan VIVE, se construirán 6.537 pisos en 13 municipios.

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Para acceder a una de las viviendas del Plan Vive hay que cumplir ciertos requisitos como tener nacionalidad española o residencia legal, estar empadronado en el municipio donde se solicita la vivienda, y tener unos ingresos que oscilan entre 1,5 veces el IPREM (unos 10.800 euros anuales) y entre 7,5 veces el IPREM (54.000 euros anuales). En función de los dormitorios que tenga el piso, los futuros inquilinos pagarán entre 500 y 800 euros.

Para la oposición, la Comunidad no tiene una apuesta clara por la vivienda protegida. Y el mejor indicador, señala el diputado de Más Madrid Jorge Moruno, es analizar el patrimonio inmobiliario de la AVS. En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como AVS, tenía un patrimonio inmobiliario de 17.788 casas en propiedad y 6.399 en derecho de superficie: un total de 24.187. Los últimos datos a 30 de septiembre de 2023 revelan que ese mismo patrimonio es de 22.766 viviendas en propiedad y 2.247 en derecho en superficie: 25.013 en total. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 826 inmuebles. O lo que es lo mismo: en casi 18 años la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 46 viviendas públicas al año.

“En estos años de Gobierno del PP la población de la comunidad de Madrid ha crecido notablemente, mientras que el patrimonio de vivienda protegida se ha ido reduciendo. Desde que se fundó el IVIMA en 1984 se han enajenado más de 74.000 pisos públicos. Si no se hubiera desprendido de este patrimonio, hoy tendríamos en Madrid una bolsa de más de 100.000 viviendas sociales para poder bajar los precios del alquiler: vivienda pública y con precios asequibles y regulados”.

La Comunidad de Madrid también tiene otro proyecto en marcha que se ha bautizado como Plan Solución Joven, que pondrá en el mercado durante esta legislatura 1.200 pisos de una o dos habitaciones en régimen de alquiler por menos de 500 euros al mes para menores de 35 años. Se construirán, también bajo un modelo público-privado, en los municipios de Torrejón de la Calzada, Alcorcón, Madrid, Ciempozuelos, Colmenar Viejo y Navalcarnero.