En España hay al menos 100 minas que vulneran derechos tanto sociales como ambientales, según ha comprobado el Observatorio Ibérico de la Minería, una cifra que, sin embargo, solo muestra “la punta del iceberg”, pues aún quedan por examinar 400 explotaciones y en los últimos meses se han unido entidades de territorios en los que hasta ahora no se estaban investigando.
El Observatorio Ibérico de la Minería, que se creó en 2022 con el propósito de documentar posibles vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causadas por la industria extractiva en España y Portugal, ha registrado más de 500 infracciones en el país, “la mayoría asociadas a impactos ambientales o a autorizaciones ilegales”. De acuerdo a esos datos, Andalucía, con 24 casos, y Galicia, con 21, son las regiones donde más explotaciones mineras “ilegales” se han documentado, “lo cual no quiere decir que en otras autonomías no haya más”, aclaran.
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En ese sentido, el portal expone todo tipo de situaciones, desde “ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas hasta explotaciones clandestinas” que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental. Asimismo, existen infracciones de derechos laborales, como malas condiciones de trabajo u obstáculos a la actividad sindical.
“Es sorprendente encontrarse con tantas explotaciones ilegales, cuando desde el sector y desde las administraciones se insiste tanto en el mito de la minería responsable y sostenible”, explica a Infobae España Joám Evans, miembro de Ecologistas en Acción y coordinador del observatorio, una iniciativa de ciudadanía ambiental en la que participan una treintena de colectivos y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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El principal problema, asegura Evans, tiene que ver con la “falta de diligencia en las responsabilidades de inspección y control que tienen las distintas administraciones, tanto ambientales como mineras, en las comunidades autónomas, pues en muchas ocasiones hacen la vista gorda”. Esa falta de control, añade, “genera un ambiente de impunidad generalizado”.
Cabe también destacar que el sector de la minería generó en España más de 3.443 millones en 2021, un 12,5% más que la cifra alcanzada en 2020, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. De esa forma, el sector creó 29.844 empleos directos, la gran mayoría relacionados con la extracción de rocas y minerales no metálicos.
Por su parte, tras la publicación del informe de Ecologistas en Acción, la Cámara Oficial Mineira de Galicia ha querido desmentir la existencia de minas ilegales en la comunidad autónoma: “Como voz de este sector, queremos desmentir que existan minas ilegales en la comunidad, siendo esta actividad regulada por más de 130 normas. En Galicia no existen minas ilegales de ningún tipo. Todas las explotaciones mineras tienen los permisos preceptivos, deben presentar un Plan de Labores anual, estar al corriente de medidas de seguridad y protección ambiental, así como tener garantías y avales financieros a disposición de la Administración. La vigilancia de esta legalidad se realiza, de manera efectiva, por la Administración pública de Galicia”, sostiene la organización en un comunicado.
Una ley obsoleta
El experto también recuerda que la actual Ley de Minas data de 1973, por lo que la norma establece, a su juicio, “un marco jurídico privilegiado para la actividad extractiva, que está a años luz de la legislación en materia de minería que tienen países europeos como Austria, Finlandia o incluso Portugal”, que la modificó recientemente. Ese marco jurídico, añade, “necesita una actualización que dote de herramientas adecuadas a las administraciones para ejercer ese papel de inspección y control y para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos ambientales”.
Además, el informe del observatorio advierte que muchas de estas minas se encuentran en espacios protegidos o en las proximidades de poblaciones, por lo que en muchas ocasiones provocan “problemas de salud e impactos ambientales por emisiones de polvo o contaminación de las aguas”.
Entre las infracciones ambientales detectadas figuran concretamente vertidos, contaminación por polvo o afectación a bienes culturales, y “casi 300 infracciones relacionadas con la falta de autorizaciones o permisos ilegales, falta de restauración o avales financieros y corrupción administrativa”.
El objetivo del observatorio, que cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, es “facilitar el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y mitigar así las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector extractivo”.
Con estos mecanismos, el proyecto pretende contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería por parte de las instituciones, los medios de comunicación, los movimientos sociales y las comunidades locales afectadas.