Una universidad y una urbanización llevan más de 20 años tirando vertidos fecales a un río de Madrid

Más de 20 años, más de 7.300 días. Este es el tiempo que lleva el Arroyo de la Vega, un afluente protegido del río Guadarrama, recibiendo aguas fecales que salen por la boca de un colector que debería estar conectado a una depuradora sin que ninguna administración haya sido capaz de solucionar el problema. “La fuerte contaminación microbiológica de tipo fecal”, como describe la situación un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se produce en el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón, localidad de 28.000 habitantes gobernada tradicionalmente por el PP.

Las aguas fecales, que pueden alcanzar los 164.000 metros cúbicos anuales, proceden de la Universidad Europea de Madrid y de unas 60 viviendas de la urbanización de El Bosque. Un juzgado de Móstoles investiga los vertidos y ha imputado a cuatro cargos públicos, todos concejales, pero el caso de momento está paralizado porque la Audiencia Provincial de Madrid tiene que resolver unos recursos presentados por los denunciantes, que creen que el juez instructor no ha incluido a todos los responsables de este desastre en la causa judicial. Mientras, la Confederación Hidrográfica del Tajo cruje a multas al Consistorio.

Te puede interesar: El “infierno” de los vecinos que sufren al ‘Florida Park’: doble fila, borracheras y ruido toda la madrugada

La verdad es que nadie sabe cuando comenzó realmente el problema. En noviembre de 2001, el Gobierno regional presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón inauguraba los primeros 12 kilómetros desdoblados de la M-501 entre Villaviciosa de Odón y el cruce con la localidad de Quijorna. Ese tramo, que era de doble sentido, se convertía así en autovía. Durante las obras, la Comunidad de Madrid tuvo que tirar una depuradora que daba servicio a parte de la urbanización El Bosque y al campus que la Universidad Europea tiene en Villaviciosa, inaugurado en 1995. Siendo rigurosos, la depuradora nunca había funcionado, ya que se había construido años antes sin la licencia pertinente y en unos terrenos protegidos.

Así que, como nunca hubo depuradora, un simple colector empezó a arrojar los residuos que generaban la universidad y las viviendas directamente al arroyo. Sin que nadie hiciese nada. Año tras año. El colector o punto de vertido está situado en el punto kilométrico 9 de la carretera M-501. “El ayuntamiento conoce el problema desde hace mucho tiempo y lleva más de 20 años contaminando. No hay que olvidar que la competencia en materia de saneamiento es municipal”, señala el concejal Gumersindo Ruiz, de Más Madrid-Verdes Equo Villaviciosa.

Hubo que esperar hasta octubre de 2015 para esperar un primer atisbo de solución, que no cuajó. El ayuntamiento, que llevaba gobernado por el PP desde 1991, presentó un proyecto de 1,2 millones para construir una nueva depuradora_ iniciativa que fue finalmente rechazada. El proyecto ya reflejaba que la universidad, con unos 15.500 alumnos, producía unos 371 metros cúbicos de residuos diarios que iban a parar al arroyo. Las 60 viviendas de El Bosque generaban otros 81 metros cúbicos diarios.

Así que en 2018 los concejales Gumersindo Ruiz, Ana Ramírez y Manuel Jiménez presentaron una querella por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que recayó en el juzgado de instrucción número 2 de Móstoles. Empezó entonces un complicado camino judicial. “La clave es saber quiénes son los responsables de este desaguisado. En un principio nosotros denunciamos a los concejales de medio ambiente, pero el ayuntamiento argumentó que eran los ediles de Obras e Infraestructuras. Pero la verdad es que hasta 2015 el que tenía las últimas competencias era el alcalde”, señala Miguel López, el abogado de los denunciantes. Entre 2001 y 2015 Villaviciosa tuvo dos regidores, Nieves García y José Jover.

Te puede interesar: Ayuso ‘culpa’ a Sánchez de vertidos fecales en un pueblo de Madrid porque faltan materiales chinos

“Cuando pusimos la querella, el alcalde José Jover nunca fue llamado a declarar”, señala el letrado López. Su predecesora en el cargo ya había fallecido. El juzgado finalizó la instrucción en enero de 2021 y solicitó a las acusaciones, los tres ediles de la oposición y la Fiscalía, que presentaran escritos de acusación. “Pero al mismo tiempo tuvimos que presentar un recurso ante la Audiencia Provincial porque entendemos que hay más responsables de este desastre ecológico que no han sido investigados. Han pasado más de dos años y no se han resuelto estos recursos. Vamos a presentar ahora un escrito de impulso procesal para que se resuelvan de una vez por todas los recursos”.

El arroyo de la Vega es un espacio natural integrado en la zona de máxima protección del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama. En este paraje está terminantemente prohibido cualquier tipo de actividad que suponga un foco de contaminación. De hecho, entre los años 2005 y 2018 la Confederación Hidrográfica del Tajo ha sancionado al Ayuntamiento de Villaviciosa con 202.000 euros por los vertidos. “Hasta 2018. Creo que la multas ya superan el medio millón de euros. No tenemos los datos completos”, señala el edil Gumersindo Ruiz. Según un portavoz municipal, el importe de las sanciones ya pagadas asciende a 389.275 euros

Según el Seprona, “el Ayuntamiento de Villaviciosa es conocedor sin ningún género de dudas de los vertidos de aguas residuales que se estaban produciendo al arroyo de La Vega sin ningún tipo de depuración”. La Guardia Civil data en 2001 el inicio de los vertidos al cauce público del afluente. Los agentes tomaron muestras de los residuos y constataron que altos índices de “contaminación de origen fecal con valores muy elevados de coliformes totales, estreptococos fecales y escherichia coli”. Así, determina la Benemérita, “el vertido ha sido sometido a un tratamiento de depuración insuficiente o que directamente no ha existido”. Los análisis “indican una fuerte contaminación microbiológica de tipo fecal y un alto grado de toxicidad”, concluye la Guardia Civil.

Otro informe de la Fiscalía General del Estado señala que “este vertido de tan grande carga contaminante altera el equilibrio de los sistemas naturales, generando afecciones significativas en la calidad del agua, calidad del aire, lechos y medio edáfico directamente asociado al río, así como alteraciones en el tamaño y composición de las poblaciones de fauna y flora asociada al curso fluvial, pero destacando por encima de todo, las potenciales afecciones sobre el hombre”.

Los ediles Ruiz, Jiménez y Ramírez piden cinco años de prisión para los imputados, que indemnicen al Ayuntamiento con las multas que este ha tenido que pagar a la Confederación Hidrográfica del Tajo todos estos años y una multa de un euro por cada metro cúbico de agua vertida al arroyo. Desde el Ayuntamiento se limitan a decir que todo “está en proceso de solución” ya que hay una nueva estación de bombeo de aguas residuales construida en fase de pruebas.