Las políticas medioambientales para lograr las aspiraciones de los Acuerdos de París, que pretenden limitar el ascenso medio de la temperatura de la Tierra en 1,5 grados ya cuentan con el apoyo desde el punto de vista económico. El think tank OIKOS ha publicado un estudio pionero que revela las posibles consecuencias para España si se mantienen las actuales políticas globales de descarbonización hasta 2050. Según este estudio, España podría enfrentar una pérdida de más del 4% del Producto Interior Bruto (PIB) si la implantación de la energía renovable no se hace adecuadamente y la emisión de gases contaminantes no se reduce.
El informe se basa en análisis realizados por diversas entidades, incluyendo la Network for Greening the Financial System (NGFS), el grupo de trabajo de los principales bancos y científicos climáticos. Estas organizaciones establecen varios escenarios, desde las políticas actuales de descarbonización hasta una transición desordenada y fragmentada, pasando por una acción inmediata y ordenada para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
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Además, el estudio señala que la inflación podría aumentar en más de tres puntos durante las próximas dos décadas si no se implementan las medidas adecuadas, lo que podría llevar a una recesión y al consiguiente aumento del desempleo. “La ruta óptima de minimización de impacto económico es una transición energética que establece un camino ordenado de reconfiguración del energy mix que, junto con el despliegue de mecanismos de captura y almacenamiento de CO2, permite una reducción progresiva de emisiones sin costes económicos onerosos”, dice este estudio, que subraya la importancia de una transición energética ordenada.
Si se mantienen las políticas globales de descarbonización actuales, España podría experimentar una caída del 4,4% en su PIB para 2050, reduciéndose al 3,3% en un escenario de descarbonización desordenada y al 1,5% en caso de una transición ordenada. Según estas proyecciones, esta disminución del PIB podría aumentar al 7% en el caso de que no se tomen medidas contra el cambio climático.
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El informe también destaca un impacto inflacionario debido al aumento de los precios de los combustibles, lo que incrementaría el costo de la energía. Este impacto variaría según los escenarios y podría ser más pronunciado en una transición desordenada, con aumentos de precios de hasta un 6%.
Además, el informe señala múltiples efectos secundarios, como la posibilidad de rupturas en las cadenas de suministro o crisis migratorias que podrían tener un impacto en la estabilidad política tanto en la Unión Europea como en otras regiones del mundo. En términos climáticos, se prevé que los impactos se intensifiquen a partir de 2030. Si no se modifican las políticas globales de descarbonización, se espera un aumento de la temperatura media de 3ºC en la mayoría de las Comunidades hasta el año 2100, acompañado de una reducción de las precipitaciones de hasta el 19% en regiones como Andalucía.
Una lucha contra el cambio global coordinada
Teresa Ribera, ministra del MITECO, valoraba la acción política contra la emergencia global del mismo modo durante la Cumbre del Clima y la Energía: “Un problema global precisa soluciones globales”. El informe concluye que la lucha contra el cambio climático debe ser global a largo plazo y que las políticas públicas deben coordinarse internacionalmente. Aunque España ha logrado separar el crecimiento económico del aumento de emisiones, todavía hay un camino por recorrer, y se destaca la importancia de la acción colectiva en los países en desarrollo.
Toni Timoner, cofundador de OIKOS, enfatiza que la oportunidad de una transición energética ordenada se está reduciendo a medida que se posponen las medidas de descarbonización. Además, señala que “España se beneficiaría económicamente más que la mayoría de sus socios europeos” al impulsar una transición energética ordenada e inmediata y acelerar los esfuerzos de adaptación climática. La ruta óptima para minimizar el impacto económico sería una transición ordenada hacia un mix energético que permita reducir gradualmente las emisiones sin costos económicos significativos, con el despliegue de mecanismos de captura y almacenamiento de CO2.
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