Así es la propuesta de amnistía de Yolanda Díaz: Junqueras podría ser ‘president’ y rehabilitación para los policías encausados

Sumar cree que la ley de amnistía debería diferenciar las responsabilidades de los cargos públicos y políticos con las que tuvieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante el proceso del 1 de Octubre y aboga porque la ley cubra “todas las situaciones políticamente pendientes”. El diputado de Sumar y portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago ha indicado este viernes en rueda de prensa que la ley no debería dejar abiertas responsabilidades judiciales que de continuar impedirían una salida política acordada.

“No tiene ningún sentido dejar abiertas responsabilidades por hechos que no han roto España y que, de mantenerse abiertos, lo único que harían es dificultar esa salida política acordada”, ha señalado, horas después de que la líder de su formación, Yolanda Díaz, haya anunciado que el próximo martes será presentado el dictamen jurídico de Sumar sobre la amnistía. Un texto en el que se sigue trabajando, ha señalado, y donde la exposición de motivos argumentará los artículos de la ley para dejar claro su “espíritu” y no dar lugar a diferentes interpretaciones.

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Santiago ha explicado que una ley de amnistía afecta a las conductas y emana del Legislativo, por lo que se diferencia de los indultos, que se refieren a condenas y las dicta el Ejecutivo. En este sentido, fuentes de Sumar señalan que la ley afectaría a las conductas tanto si han sido condenadas penalmente como si están en procedimiento abierto. En el primer caso, quien se acoja a la amnistía podría pedir la anulación de la condena y en el segundo el sobreseimiento del caso.

De esta forma, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, indultado por el delito de sedición pero con una condena de inhabilitación, podría solicitar que se le anulara para poder ejercer como cargo público. Sin embargo, la ley de amnistía —que fijaría un marco temporal de fechas de en las que han ocurrido los hechos—, también afectaría a las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que obedecieron órdenes y no consideran que cometieron un delito.

“La patata caliente”, inciden otras fuentes del entorno del grupo parlamentario que consideran que puede haber mecanismos, como la renuncia de acción penal, para eximir de responsabilidad a los agentes sin darle trato de haber cometido delito. De esta forma, los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que están encausados, quienes no tienen condenas impuestas y a quienes entienden que tendría que abarcar también la amnistía, recibirían un trato diferenciado que no implicaría prejuzgar que hayan cometido actos ilícitos.

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Se trata, según Sumar, de que la ley de amnistía no baje al detalle y señale de forma general las conductas afectadas por los hechos derivados del 1 de octubre de 2017, aunque precise posteriormente si hay procedimientos penales, administrativos o de otro tipo.

Durante la rueda de prensa, Enrique Santiago ha defendido la plena constitucionalidad de la amnistía, ya que la contemplan las leyes de Enjuiciamiento Criminal y de Memoria Democrática y el decreto sobre responsabilidades de funcionarios sin que ninguna de esas normas haya sido recurrida por inconstitucionalidad.

Información elaborada por Efe