“La política de mano dura no funciona”: organizaciones de derechos humanos critican el nuevo acuerdo migratorio de la UE por “peligroso y desproporcionado”

Un acuerdo “peligroso” y “desproporcionado”. Así ha calificado Amnistía Internacional el nuevo acuerdo alcanzado el miércoles por la Unión Europea sobre el reglamento de gestión de crisis en el ámbito de la migración y asilo, la última pieza del Pacto Migratorio que los Estados miembros debían cerrar y que supone un endurecimiento de las condiciones de asilo y una mayor flexibilización de actuación de los países que son frontera comunitaria.

El acuerdo, que se desbloqueó tras superarse las reticencias de Italia y Alemania, ha llegado en la víspera de la cumbre europea que se celebra en Granada para analizar la agenda política internacional y después de un repunte migratorio en las islas Canarias en los últimos días. Aunque aún no es definitivo porque ahora los países deben negociar con el Parlamento Europeo, el pacto establece normas que se aplicarán en situaciones de llegada repentina y masiva de migrantes, lo que permitirá a los Estados miembros aplicar medidas más duras como retener a las personas solicitantes de asilo en la frontera hasta 20 semanas mientras se examinan sus solicitudes de protección internacional.

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Además, el periodo de detención de los solicitantes rechazados también puede aumentar de las 12 semanas actuales hasta un máximo de 20.

Por eso, asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han mostrado su rechazo al pacto migratorio, al considerar que “restringe derechos y vulnera estándares internacionales”. “No supone un avance en absoluto”, dice a Infobae España Verónica Barroso, portavoz de Refugio e Inmigración de la organización, y aunque son conscientes de que cada vez queda menos margen de negociación, confían en que las instituciones europeas lleguen a acuerdos que “garanticen que los derechos sean lo prioritario”.

La organización considera “preocupantes” las numerosas derogaciones y excepciones para los supuestos de crisis que incluye el pacto, pues “supondrán una detención y retención más prolongada de las personas migrantes, solicitantes de protección internacional e incluso menores”, que son los más vulnerables. “Se van a aplicar unos procedimientos en frontera que no van a cumplir con las garantías y estándares internacionales ni de acogida y ni de acceso a procesos de asilo”, asegura.

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Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también han expresado su preocupación sobre el pacto alcanzado entre los Veintisiete, que por primera vez recoge el concepto de “instrumentalización” de la inmigración irregular y el de fuerza mayor, cuando “no deberían haberse incorporado”, pues son susceptibles de una interpretación amplia por parte de los Estados miembro y podrían servir para eludir sus obligaciones en materia de asilo.

Asimismo, CEAR señala que el pacto abre la puerta a la criminalización del trabajo humanitario, ya que podrían considerar las operaciones de salvamento marítimo de las ONG como “desestabilizadoras” del bloque, una medida reclamada por el Gobierno ultraderechista italiano que lidera Giorgia Meloni.

El esperado pacto de migración y asilo, ha criticado Estrella Galán, directora general de CEAR, “se está convirtiendo en una amenaza para las personas refugiadas, que verán como sus derechos y sus vidas cada vez valen menos en las fronteras de Europa”.

Por su parte, el Ministerio del Interior, contactado por este medio, se ha limitado a trasladar las declaraciones que el miércoles hizo el ministro en funciones Fernando Grande-Marlaska, que celebró el nuevo acuerdo migratorio y lo consideró “adecuado a las circunstancias del momento”. “Nos va a ayudar, sin duda alguna, a abordar mucho mejor el fenómeno migratorio. Tener un pacto migratorio es algo imprescindible”, dijo ante la prensa en Granada.

Amnistía Internacional recuerda, sin embargo, que las políticas migratorias de mano dura, como el uso de la detención arbitraria y la negación de acceso al asilo, “no funcionan” y ya han documentado “significativos abusos contra los derechos humanos” en Polonia, Letonia y Lituania desde 2021 resultantes de ese tipo de medidas.

“Estas políticas no funcionan y lo hemos visto también en Grecia, donde aún hay gente atrapada, [pero] no hay voluntad política de hacerlo de otra manera, la situación es compleja en la UE y se están haciendo concesiones que socavan los derechos humanos”, insiste Barroso. De hecho, es evidente que hay una “presión” por parte de gobiernos ultraconservadores como el de Italia, Hungría o Polonia, cuya política “es evitar que los migrantes lleguen a Europa”.

El problema, asegura la experta, es que las situaciones de crisis van a seguir existiendo y las personas migrantes van seguir llegando aunque se endurezcan las medidas “y su situación al llegar a Europa por esas rutas peligrosas será de indefensión”, cuando el bloque “tiene una responsabilidad”. Por todo ello, la organización exige vías “legales y seguras”: “Ese es el único camino”, concluyen.