El aire que respiras es ilegal: once comunidades ignoran la obligación de diseñar planes para la mejora de la calidad del aire

La política y la Justicia aún no son capaces de seguir el ritmo que la ciudadanía demanda en torno al cambio climático. A pocas semanas de la COP28, en el seno de la Unión Europea está abierto el debate sobre los planes de mejora para la calidad del aire, ya que los medidores siguen arrojando datos preocupantes. Un estudio confirma que en los últimos años, el 94% de los españoles ha respirado aire contaminado por ozono troposférico, una combinación de la radiación solar y la contaminación del transporte y otras industrias. Este aire sucio ha sido respirable en toda España durante este verano, fruto también de las altas temperaturas y las olas de calor.

Los niveles de este ozono contaminante han repuntado en 2023 fruto de las cuatro olas de calor que han atravesado el país durante la temporada estival, y el porcentaje de ciudadanos que han respirado aire contaminado ha sido muy alto. En términos legales, según la legislación, 2,2 millones de personas han respirado este año aire tóxico. Pero si se analizan los datos a partir de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dato alcanza a 45,8 millones de personas. En total, un 96% de los españoles.

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Las zonas más afectadas por este contaminante han sido la Comunidad de Madrid y el interior de Cataluña, ya que en siete regiones de estos territorios se han superado los máximos legales en todos los medidores, según el informe anual de La contaminación de ozono en el Estado español realizado por Ecologistas en Acción. Actualmente, la Comisión Europea plantea rebajar los límites del ozono en el aire de 120 ug/m3 (microgramos/metro cúbico) a 110 ug/m3, una rebaja que aún quedaría por encima del límite que marca la OMS, que recomienda no subir de los 100 ug/m3. De igual manera, la normativa no permite superar esos números durante más de 25 días al año, promedio que se quiere reducir a 18 días, según la última propuesta de la Comisión Europea (CE). La OMS considera que el máximo deberían ser tres días al año.

Hay dos propuestas en curso, una del Parlamento Europeo y otra de la CE, siendo la primera de ellas la más exigente en cuanto a la reducción de emisiones. La Comisión Europea ha estado en el foco de las críticas también en las últimas semanas por proponer la ampliación del uso del glisofato, un herbicida del que ha sido probado su alto grado de contaminación.

Pero la mejora de la calidad del aire no parece ser una prioridad para las comunidades autónomas. Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco no han diseñado estrategias ni Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir el ozono troposférico en sus ciudades.

El Tribunal Supremo declaró en 2020 la obligación de elaborar estos planes, pero aún no hay noticias sobre esto. Muchas comunidades alegan que es necesario un Plan Nacional de Ozono Troposférico diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), pero este tampoco ha diseñado nada más allá de unas bases científicas desveladas en mayo de 2023.

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La contaminación del aire por ozono troposférico está relacionada con 2.500 muertes al año en España, según el último dato de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) recogido en el informe anual de Ecologistas en Acción. Esas muertes suponen más que los fallecidos por todo el país en accidentes de tráfico en un año. De igual manera, también hay estudios que relacionan el aumento del ozono con los partos prematuros y enfermedades desarrolladas durante los embarazos, reza este amplio documento.

De igual manera, ya han transcurrido nueve meses del tope marcado por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por el que todos los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire en sus núcleos urbanos. Un plan que cuenta con 1.500 millones de euros de fondos europeos y que, según el informe de Ecologistas en Acción, tan solo han cumplido unas doce ciudades.

La oposición al cambio está presente en todos los ámbitos medioambientales. Esta semana tuvo lugar en Madrid la Cumbre del Clima y la Energía organizada por España y la International Energy Agency (IEA). La intención no era otra que poner en valor la necesidad de implementar políticas de descarbonización que permitan alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para que la temperatura media global no aumente 1,5ºC, una crecida que pondrá en peligro varios ecosistemas y la propia vida en la Tierra.

El mensaje de unidad de varios ministerios de Energía y plataformas de la sociedad civil en Madrid en torno a la descarbonización viene acentuada, fundamentalmente, por la presunta complicación que habrá en la COP28 de Dubai para alcanzar acuerdos, ya que el presidente de la misma este año será el jefe de la petrolera estatal emiratí (ADNOC) Sultán Al Yaber. La sensación de bloqueo a cualquier progreso o reducción de emisiones otea la cumbre, a pesar de que la concienciación ciudadana en torno a la crisis climática cada vez es más grande.