La AIReF critica una “pérdida de ambición” del Gobierno para evaluar políticas públicas y pide analizar sanidad, educación y empleo

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha criticado este miércoles que el Ejecutivo está reduciendo el alcance de las evaluaciones de políticas públicas que encarga al organismo que preside, ya que cada vez es menor el volumen de gasto afectado por los análisis que se le demandan. “La trascendencia cuantitativa ha ido disminuyendo”, ha afirmado Herrero, añadiendo que es “evidente la pérdida de ambición en el ámbito cuantitativo y también en el ámbito de evaluar políticas de corte transversal”.

Esta crítica se enmarca en el proyecto de análisis de gasto público procedente de los fondos del Plan de Recuperación, el Spending Review, que pese a su continuidad para el periodo 2022-2026 tras un primer periodo 2018-2021, cada vez evalúa una cantidad más pequeña de gasto público. Según detalla la AIReF, los encargos de las tres fases de la primera parte del proyecto afectaron a un total de 108.000 millones de euros, en contraste, la primera fase de la segunda parte del proyecto solo afecta a 10.000 millones, la cantidad más reducida de las cuatro fases existentes hasta ahora. Con los nuevos encargos más reducidos, la AIReF ha dejado de evaluar el gasto público en farmacia, becas universitarias, ayudas a la formación y contratos postdoctorales.

Por ello, el organismo independiente de control fiscal pide que los partidos alcancen un acuerdo para modificar su ley orgánica y blindar las labores de evaluación, así como que la AIReF pueda tener iniciativa propia para evaluar políticas públicas dentro del margen que se regulara. Hasta ahora, la institución solo tiene regulada por ley la función de supervisión fiscal y realiza las evaluaciones cuando el Gobierno central, las comunidades autónomas o los gobiernos locales se lo piden.

Según señala Herrero, las políticas que le gustaría evaluar a la AIReF son “claramente” la sanidad por los “problemas existentes en todas las comunidades autónomas” en el ámbito de la atención primaria y de la formación continua de los profesionales. También ha mencionado la asistencia sociosanitaria y la educación, que es la “gran olvidada de la evaluación” pese al problema de productividad que tiene España. En relación con esto último, Herrero cree que sería positivo evaluar el mercado laboral en términos estructurales y los efectos que puede estar teniendo la reforma laboral. Otras áreas de interés son la dependencia, por la presión que supone el envejecimiento en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas, la formación profesional, la justicia y la vivienda.

Durante la presentación este miércoles de los estudios de la tercera fase del primer Spending Review, relativos a la gestión de los residuos municipales y a los instrumentos financieros de apoyo a sectores productivos, Herrero ha asegurado que en España “no estamos preparados para evaluar nuestras políticas públicas”. No es solo que no haya tradición evaluadora, sino que las políticas se diseñan sin objetivos cuantificables, como en el caso del Ingreso Mínimo Vital. A esto se añade que mucha información necesaria para las evaluaciones no está disponible o es de deficiente calidad, lo que obliga a la AIReF a firmar convenios con distintas administraciones y los procesos se prolongan tanto que dejan poco tiempo para la labor propiamente de evaluación.

Sin embargo, Herrero ha reconocido que a las administraciones les puede dar “un poco de miedo” el hecho de que AIReF entre a evaluar ciertos ámbitos. Ha argumentado esta creencia en que es probable que la institución recomiende un aumento de gasto en algunas áreas en el corto plazo, como en sanidad, aunque esas inversiones terminen suponiendo ahorros en el medio plazo por una mejor gestión de los recursos humanos y de las compras sanitarias.

En cuanto a la mayoría absoluta del Congreso que se requiere para modificar la ley orgánica que regula la AIReF, su presidenta afirma que ya se lo ha trasladado al Ejecutivo en alguna ocasión, aunque se estuvo de acuerdo en modificar en primer lugar su estatuto de funcionamiento por ser un paso más rápido. Herrero reconoce que modificar la ley orgánica “no sería sencillo”, aunque confía en que pueda haber consenso como lo hubo para nombrarla presidenta de la institución en 2020.