España pacta con Bruselas una fórmula para que ciertas inversiones de los fondos europeos se puedan ejecutar más tarde de 2026

La Comisión Europea aprobó este lunes la revisión del Plan de Recuperación de España (la adenda) dando el visto bueno a la modificación de 52 hitos y objetivos y a una fórmula que permite que cierta parte de los fondos concedidos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se puedan ejecutar después de 2026. Esto supone un cambio decisivo, ya que según reglamento de los fondos la fecha límite en la que el plan debería estar completamente implementado es el 31 de diciembre de dicho año. La realidad es que el calendario complicaba la materialización completa de los proyectos más complejos y con mayor inversión.

Fuentes del Gobierno han reconocido que “después de dar muchas vueltas, la Comisión encontró una fórmula para poder ejecutar más allá del 2026 cumpliendo con el reglamento”. En concreto, el mecanismo consiste en hacer transferencias desde el Tesoro Público a entidades públicas empresariales, de manera que aunque estas reciban el dinero antes de 2026 no tengan que ejecutarlo al 100% en ese año para que la medida se considere cumplida por parte del Ejecutivo comunitario.

Los PERTE con menor volumen de financiación serán ejecutados desde los ministerios y estarán finalizados completamente en 2026, pero los que tienen las mayores cantidades de fondos se harán mediante la vía de las agencias públicas para ganar tiempo de ejecución. “Una parte no desdeñable del trabajo de estos últimos meses ha sido tratar de obtener la máxima flexibilidad dentro del marco temporal y normativo del plan”, aseguran fuentes gubernamentales. La Comisión se debería de haber pronunciado sobre la adenda española el 6 de septiembre como tarde, pero lo hizo casi un mes después.

Un objetivo beneficiado por esta flexibilidad es, por ejemplo, el de la inversión número 2 del componente 31, que está dentro del capítulo REPowerEU y corresponde con apoyar la producción y captación de hidrógeno verde. La adenda aprobada por la Comisión establece que el cumplimiento de esta medida consiste en que en el tercer trimestre de 2026 el IDAE (agencia del Gobierno) haya comprometido con los beneficiarios finales el 100% de los fondos destinados a ellas, aunque estos se puedan ejecutar posteriormente.

Más allá de esta fórmula para prolongar el plan después de 2026, una parte de las modificaciones aprobadas amplían los plazos de ejecución de algunos hitos y objetivos en el corto plazo. Esto se ha justificado en circunstancias económicas derivadas del impacto de los precios internacionales de la energía y de las materias primas sobre los costes productivos según el artículo 21 del reglamento de los fondos. Sin embargo, hay un factor no resaltado, pero del que ya avisó la Comisión Europea en su segundo informe anual sobre los planes de recuperación publicado el pasado 19 de septiembre de 2023.

En dicho documento se advertía a España de que la revisión del plan debería ir acompañada de un “refuerzo de la capacidad administrativa suficiente como para garantizar la absorción efectiva y eficaz de los fondos”. Esa falta de capacidad, sobre todo en las autonomías y en las entidades locales, también ha sido constatada por los órganos fiscalizadores.

Un ejemplo de los cambios es el aplazamiento de un año de la ejecución de las inversiones en algunas políticas de empleo recogidas en el componente 23. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, este retraso se debe a que la mayor parte de las comunidades autónomas no han podido construir los centros de orientación para el empleo en el tiempo inicialmente previsto. También hay medidas que se han cambiado por otras, como la implementación de peajes en las autovías, que Bruselas ha aceptado eliminar a cambio de que se implemente un nuevo sistema de pago por emisiones de CO₂ como en el resto de países en 2027 y a que se incentive el transporte de mercancías por ferrocarril.

Por otra parte, se ha suprimido la financiación con fondos europeos al Ingreso Mínimo Vital y al Mecanismo RED, un fondo para impedir despidos en crisis que se terminó de aprobar justo antes de las elecciones del 23 de julio. Según fuentes del Gobierno, ambas iniciativas seguirán teniendo su dotación por otras vías, en el caso del Mecanismo RED con los excedentes del sistema contributivo de prestaciones por desempleo, pero la Comisión ha decidido suprimir sus aportaciones de los fondos Next Generation para “concentrar los recursos en inversiones productivas”.

También se ha reducido el importe dedicado al fondo de incentivos fiscales por “prudencia” debido a que algunos estaban ligados a objetivos de inversión de la parte ya implementada del plan.

La adenda aprobada por el Ejecutivo comunitario deberá ser aprobada ahora en el plazo máximo de cuatro semanas por el Consejo formado por los estados miembros. Después de que esto suceda, el Gobierno podría solicitar el cuarto pago, que estaba previsto para finales de 2023, incluso aunque esté en funciones. “Ya estamos trabajando con la Comisión, nuestra intención es, una vez que se pueda presentar, hacerlo con la mayor celeridad posible”, sostienen fuentes del Gobierno.

Para que España reciba este pago cuentan 12 de las leyes aprobadas en los últimos meses, entre las que se encuentran la segunda parte de la reforma de las pensiones, la ley crea y crece, la ley de vivienda y la de startups, entre otras. Sin embargo, también hay tres hitos que deberían ser completados y que la convocatoria de elecciones anticipadas el 23 de julio paralizó. Este es el caso de la ley de Función Pública y de ciertas reformas legislativas en el ámbito de la justicia y de la administración territorial (medidas 147, 148 y 141). El Ejecutivo sostiene que algunas las podría aprobar por decreto ley para solicitar el pago.

Por último, cabe destacar que los siete pagos iniciales pasan a ser diez con la adenda, que eleva el importe total del plan a 163.000 millones, y también introduce un decalaje en los tiempos por el nuevo calendario de pagos negociado. “Esto supone que obtendremos 25.000 millones en 2024 y 44.000 millones tanto en 2025 como en 2026″, afirma el Gobierno.