Los trabajadores, para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, tienen que cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, tienen que acreditar, al menos, 35 años cotizados, de los cuales dos han de estar comprendidos entre los 15 inmediatamente anteriores a la fecha de cese de la actividad laboral. La Seguridad Social considera para este cálculo los meses de servicio militar, la prestación social sustitutoria y el servicio social femenino, con un máximo computable de un año. Además, los interesados tampoco pueden tener deudas pendientes con la administración pública en el momento de solicitar el retiro.
La jubilación anticipada, en principio, mejora la calidad de vida de los beneficiarios, aunque no siempre tienen derecho a cobrar el 100% del subsidio correspondiente. La edad ordinaria de jubilación se fija actualmente en los 65 años, aunque los trabajadores que tengan menos de 37 años y seis meses cotizados tienen que permanecer en sus puestos hasta cumplir los 66 años y cuatro meses. La reforma de las pensiones pretende reducir el número de solicitudes anticipadas de retiro lo máximo posible, ampliando los coeficientes reductores para intentar desincentivar esta modalidad.
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En estos momentos, los contribuyentes no pueden acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta 24 meses antes de la edad ordinaria de jubilación. Esto quiere decir que los trabajadores tienen que permanecer como asalariados hasta cumplir los 64 años y cuatro meses, salvo que cuenten con el mínimo de cotizaciones exigido —37 años y nueve meses—. En este supuesto, los interesados pueden abandonar el mercado laboral a partir de los 63 años. Con todo, el retraso de la edad ordinaria de jubilación previsto para 2024 traerá cambios que pueden afectar a ciertos pensionistas.
Las novedades que trae la reforma de las pensiones
En los últimos meses, muchos ciudadanos han optado por solicitar la jubilación anticipada voluntaria. El aumento de las peticiones responde fundamentalmente al anuncio de la revalorización de las pensiones, que ha supuesto un incremento del 8,5% en los importes finales. Los trabajadores se han lanzado a la prejubilación porque, hasta hace poco, el ensanchamiento de los subsidios compensaba la penalización del nuevo sistema. No obstante, la última reforma recorta el importe de los subsidios en esta modalidad, mientras premia la jubilación demorada en su tentativa por extender durante más tiempo la carrera laboral de los españoles.
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Las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2022 se rigen por unos coeficientes reductores mensuales, timing que la anterior normativa no contemplaba. Los coeficientes pueden variar en función del número de meses de antelación con los que se haya solicitado el retiro respecto a la edad ordinaria de jubilación. Los ciudadanos que accedan a la jubilación anticipada antes del 31 de diciembre de 2023 con bases reguladoras superiores a la pensión máxima —3.058 euros mensuales— aplicarán una reducción sobre ese importe del 0,5% por trimestre, con un tope de reducción del 4%.
En el caso de las pensiones de jubilación anticipada voluntaria que se registren a partir de 1 de enero de 2024, los trabajadores con subsidios resultantes por encima de la pensión máxima tendrán que aplicar una transitoria, que eliminará gradualmente la normativa anterior durante un periodo de diez años. Las personas que opten por esta modalidad y estén en dicha situación tendrán que aplicar unos coeficientes reductores por edad sobre el límite de pensión máxima, todo ello en base a una tabla transitoria que repara en el año de acceso a la jubilación anticipada y el número de meses de adelanto.
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