El Gobierno aprueba el incremento del 0,5% en el sueldo de los funcionarios por la inflación: cobrarán 180 euros más

El Gobierno ha aprobado este martes el incremento retributivo del 0,5% para todos los empleados de las Administraciones Públicas, recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 como fórmula para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

La medida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 y se empezará a percibir en la nómina del mes de octubre, tal como pactaron el Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindicales en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Asimismo, tal como informan desde el departamento dirigido por María Jesús Montero, para el alza salarial se tiene en cuenta la situación del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPC), según los datos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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En este sentido, las cuentas públicas de 2023 recoge dicha posibilidad cuando la suma del IPC Armonizado (IPCA) de 2022 y del dato de IPC adelantado por el INE del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6%. “En el primer caso, el IPCA de 2022 fue del 5,5%, mientras que el segundo ha alcanzado el 3,2%. Esto da como resultado un porcentaje del 8,7%, lo que mandata a llevar a cabo esa subida de medio punto”, informan desde el Ministerio de Hacienda.

Según los datos aportados por este departamento, la subida beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas. La mayoría de ellas trabajan para las Comunidades Autónomas, que ocupa a casi el 60% de todo el personal que trabaja para el Estado. A estas le siguen por número de personal las Entidades Locales y la Administración Central. La inversión para aplicar la medida será de 791 millones de euros, con una media de incremento de 180 euros en la nómina anual.

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La propia María Jesús Montero ha celebrado esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, destacando que se da cumplimiento al acuerdo alcanzado con los sindicatos. Además, ha recordado el compromiso del Ejecutivo de cumplir con la otra subida adicional del 0,5% vinculada al PIB. “Esa será otra variable que se podrá analizar en el mes de febrero y que completará ese 3,5% de subida a más de tres millones y medio de empleados públicos, que se irá completando a lo largo de los próximos meses, dando cumplimiento al acuerdo que se llevó a cabo con el conjunto de organizaciones sindicales”, ha apostillado.

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros también ha abordado este martes la actualización del régimen retributivo en la Administración de Justicia tras los acuerdos alcanzados con las asociaciones judiciales y los sindicatos durante este año. Así, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia verán incrementadas sus retribuciones con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, “una circunstancia con la que se reconoce la importancia de quienes trabajan en el ámbito judicial y se avanza en las reformas organizativas y en la modernización del sistema recogido en las leyes de eficiencia judicial”, remarcan desde el departamento de Hacienda.

En lo referido a jueces y fiscales, se aprueba la actualización del complemento de destino por representación, que será de entre 440 y 450 euros mensuales en función del órgano y el destino de los profesionales. Esta subida se ejecutará de forma gradual entre 2023 y 2024, abonando un 40% con efectos a 1 de enero de 2023, otro 40% a partir del 1 de enero de 2024, y el restante 20% tendrá efecto desde el 1 de julio de 2024. Sobre las retribuciones de letrados de la Administración de Justicia, estos tendrán un complemento específico transitorio de 430 euros mensuales en el año 2023. Este se devengará de manera progresiva con efectos a 1 de enero de 2023, a partir del 1 de enero de 2024 y, por último, desde el 1 de julio de 2024.