Vox recaudó 330.000 euros a través de ingresos anónimos en cajeros en 2018 y 2019 y lo intenta justificar con facturas de 2022

El informe de fiscalización de los partidos políticos publicado íntegramente por el Tribunal de Cuentas (TCu) este lunes revela un sistema a través del cual el partido liderado por Santiago Abascal, Vox, consiguió recaudar 332.548,09 euros en 2018 y 2019 mediante pequeños ingresos anónimos en cajeros automáticos. Estos hechos podrían suponer un incumplimiento sancionable según la Ley de financiación de partidos políticos si se demuestra que fueron donaciones no identificadas, algo prohibido en dicha ley.

En concreto, el órgano fiscalizador ha apreciado ingresos en cajeros por importes de 20.601,04 euros y 311.947,05 euros en 2018 y 2019 registrados como actividades promocionales procedentes de venta de merchandising, pero que el partido no ha podido justificar satisfactoriamente como tal. “Existe una incertidumbre relativa a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, detalla el TCu.

Varios son los indicios que hacen sospechar al órgano fiscalizador. En primer lugar, la tesorería del partido envió instrucciones a sus órganos internos en noviembre de 2018 y abril de 2019 indicando que “no hay necesidad de identificar a los donantes si el ingreso es por una cantidad inferior a 300 euros por la actividad promocional”. Según recuerda el TCu esto no se ajusta a la ley, por lo que el partido argumentó posteriormente en las alegaciones que el término “donante” fue utilizado en dichas instrucciones de manera errónea.

En segundo lugar, el TCu detecta una “falta de control en la venta de productos promocionales” e incluso “la ausencia de un precio de venta de los mismos”, sistema que “posibilita la percepción de donaciones y aportaciones al margen de los requisitos”. Además, la institución no ha podido identificar a las personas que han realizado los ingresos, que siempre eran inferiores a 300 euros, porque Vox realiza el registro contable mediante importes agrupados. La formación afirma en las alegaciones que dispone del detalle de estos agregados en los movimientos de caja, pero no los ha aportado al Tribunal.

A todo esto se suma un tercer indicio: la documentación aportada por Vox sobre los ingresos promocionales asciende solo a 295.336,50 euros en 2019 y se refiere a pedidos efectuados entre la sede nacional y las provincias, indicándose como fechas de las facturas el período comprendido entre julio y noviembre de 2022, es decir, entre tres y cuatro años después de la percepción de los ingresos.

Vox también registra otra irregularidad por donaciones finalistas en 2019 para la causa “Ayúdanos con la fianza Borja”, cuyo destino era colaborar con la defensa jurídica de un joven acusado de homicidio, y para la causa “Querella contra Quim Torra”, expresidente de la Generalitat de Cataluña. Los importes recaudados por estas campañas son 120.482,93 euros (5.770 donantes) por la primera y de 31.664,80 euros por la segunda.

Desde el órgano fiscalizador consideran que estas transferencias van en contra de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley de financiación de los partidos políticos porque tienen la voluntad expresa de los donantes de destinar el dinero a una finalidad concreta y esto solo está permitido para las campañas electorales.

Más allá de Vox, el Tribunal de Cuentas detecta otras donaciones irregulares en Más País, PDeCAT y Més per Mallorca que, aunque tienen cuantías menores que las de Vox, también podrían ser constitutivas de aperturas de expedientes sancionadores por infracciones muy graves.

El informe indica que la formación que lidera Íñigo Errejón podría haber incumplido la ley al aceptar donaciones de personas jurídicas por un importe de 29.648 euros. Por otra parte, Més per Mallorca y PDeCAT recibieron donaciones finalistas por importes de 2.194 euros y de 111.600 euros, respectivamente. Esta última donación, que realmente son dos, corresponde a la apertura de una cuenta corriente por parte de la dirección ejecutiva nacional del partido en 2017 para “paliar los efectos económicos de los costes de defensa jurídica de las personas por promover la consulta del 9N”.