Alberto Núñez Feijóo presume ahora de “cordialidad lingüística” y pone como ejemplo las políticas adoptadas durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia, comunidad en la que conviven —al menos, lo intentan— dos lenguas cooficiales: el gallego y el castellano. “Me llamaban Castelao, pero no me importa”, ha llegado a decir el líder de los populares durante una de sus intervenciones en el debate de investidura que ha tenido lugar esta semana. Con estas palabras, el expresidente autonómico hacía referencia a uno de los intelectuales y más acérrimos defensores de la literatura gallega. La comparación, sin embargo, tiene las patas bien cortas.
El balance de sus 14 años como máximo responsable de la Xunta de Galicia no avala sus plegarias. La imposición del castellano en la educación es una realidad y cada vez son más los niños que no saben utilizar su lengua materna. El Instituto Gallego de Estadística (IGE) evidencia que solo el 14% de los menores de 15 años habla habitualmente en gallego, un porcentaje que lleva el problema a “niveles históricos”. En términos generales, el español se ha impuesto por primera vez como la lengua más empleada en la comunidad, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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“Tengo 25 alumnos y solo uno usa el gallego con su familia”, explica una profesora de primaria que tiene la plaza en un colegio público de Ferrol. “La situación me preocupa, porque intentamos hacer actividades, como poesía y lectura de cuentos, pero no conseguimos cambiar la dinámica. La televisión, las redes sociales y los videojuegos tienen parte de la culpa”, añade otro docente, en este caso de un centro concertado. La Real Academia Galega (RAG) lleva años advirtiendo de los “riesgos” que ponen en jaque el futuro del idioma, sobre todo entre la población joven y urbana.
Toques de atención desde Bruselas
Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta en abril de 2009. Una de sus primeras medidas como jefe del Ejecutivo autonómico fue aprobar mediante decreto la prohibición del gallego en varias materias de educación primaria, secundaria y bachillerato, entre ellas, tecnología, matemáticas y ciencias naturales. El actual jefe de los populares utilizó como excusa la necesidad de introducir el inglés en las aulas. Por aquel entonces, Feijóo se presentaba como un político “moderado” y sensato.
La maniobra del expresidente gallego no pasó desapercibida y tanto Bruselas como Naciones Unidas (ONU) tomaron cartas en el asunto. El Consejo Europeo, que se encarga de hacer cumplir a los países miembros la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, ha remitido varios informes —el último, en 2019— alertando de que el reparto de las lenguas en la educación no era equitativo. La institución comunitaria dice expresamente que no se puede aprovechar la inclusión de ningún idioma extranjero para eliminar la presencia de la lengua propia. La sanidad, la justicia y la prensa también sufren los efectos de la política lingüística del Partido Popular.
Los trabajadores de la sanidad pública gallega no tienen que saber gallego para conseguir un puesto de trabajo. La Xunta considera que el conocimiento de la lengua propia es un “mérito”, no un requisito indispensable. “Esta medida ha levantado polémica en otros territorios como València o Illes Balears, sin embargo, no solo ocurre por los pactos con Vox. En Galicia lleva años encima de la mesa y es obra del Partido Popular”, explica Marcos Maceira, presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística.
Los periódicos, también en castellano
La cruzada de Feijóo con las lenguas parece insaciable. En su primera legislatura, el expresidente autonómico impulsó una reforma de la Ley de Función Pública para suprimir el examen de acceso en gallego en las oposiciones. Además, ha reducido la programación infantil en la televisión autonómica y ha hinchado las subvenciones que reciben los medios de comunicación que utilizan el castellano. “Hemos recibido un aumento importante de las quejas por la prohibición del uso del gallego en los espacios públicos”, añade Maceira.
El Estatuto de Autonomía de Galicia obliga a los poderes públicos a “potenciar la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa” y facilitar su conocimiento. Nada más lejos de la realidad. “La Xunta boicotea los pocos avances que se consiguen, todo el peso recae en las familias, pero sin espacios es difícil recuperar hablantes”, lamenta el presidente de A Mesa. Hace un par de semanas, Alberto Núñez Feijóo le ponía la guinda al pastel y votaba en contra de usar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. El candidato de los populares puso de ejemplo, una vez más, su política lingüística y tachó el gasto de los “pinganillos” de innecesario. La hemeroteca, sin embargo, no dice lo mismo: “Habla de derrochar dinero la misma persona que retiró del mercado los libros escolares en gallego y obligó a las familias a comprar los mismos libros en castellano”.