Eunate paga 290 euros por su habitación alquilada en Madrid. Firmó un contrato temporal y sus caseros pueden renegociar el precio tanto como consideren, cosa que ya ha pasado. Le impusieron un aumento de 30 euros, subida que excusaban en la subida generalizada del IPC, pero los contratos de viviendas están limitados al 2%. La cifra adecuada para Eunate sería de unos 8 euros, pero su contrato, como el de muchas habitaciones alquiladas, no se rige por las leyes habituales de vivienda. Quien firma un contrato para vivir en una habitación dentro de un piso compartido, muchas veces se encuentra en un agujero negro donde la legislación no protege al inquilino.
“El problema es que hay un vacío legal. Somos personas con contratos temporales cuando no es de temporalidad. Llevo viviendo dos años aquí y mi intención era que fuera indefinido. Te hacen pasar por temporales contratos que no deberían. Los de habitación por temporada no están nada regulados. Una vivienda con contrato temporal tiene más protección”, asegura la mujer, que está en juicios con sus caseros porque se niega a aceptar esas subidas contractuales.
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Desde que salió adelante la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, el alquiler de habitaciones se ha disparado de forma drástica. La legislación amplía ciertas garantías de los inquilinos que arrenden una vivienda, aunque las inmobiliarias ya han encontrado cómo regatear la ley para seguir cobrando los gastos de gestión, y las limitaciones al precio del alquiler, que corren a cargo de las comunidades autónomas, no se harán allí donde gobierna el Partido Popular. Sin embargo, la ley no reflejaba nada relacionado con el alquiler de habitaciones. La ley, al no ser contundente e incluir las habitaciones alquiladas dentro de las protecciones diseñadas en la norma, solo incluye en una disposición, se emplazaba a un grupo de trabajo diseñar estrategias para este tipo de excepciones, pero de momento no ha habido novedades.
Un vacío legal que genera desprotección
El Sindicato de Inquilinos, agrupación que defiende la protección del alquilado, explica el origen de este tipo de acuerdos: “Los contratos de alquiler temporales son un modelo de alquiler que deja a la persona que alquila en una situación de mucha desprotección. Es un modelo de alquiler pensado para situaciones temporales, para gente que tiene otra vivienda y que por algún motivo necesita una habitación durante un tiempo. Esto puede por estudios, por desplazamientos de trabajo o situaciones similares”, asegura la organización.
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Pero la realidad es muy diferente, y estos contratos se ofrecen a quienes aspiran a estar en esas viviendas de forma indefinida: “El problema reside en que no están legislados de la misma forma que contratos de alquiler de vivienda habitual. Cuando alquilamos una vivienda entera hay que regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos y por la nueva Ley de Vivienda. Pero el resto de contratos no se legislan por estas leyes, sino por el Código Civil, pero es una legislación del siglo XIX que se basa en un acuerdo entre las partes y no reconoce las dinámicas de poder entre un casero y su inquilino. Quienes tenemos un contrato de alquiler temporal de habitación no podemos acogernos a las protecciones que existen”, explican desde el Sindicato de Inquilinos.
Este agujero negro en la vivienda ha provocado que en el último año la oferta de habitaciones en piso compartido haya aumentado un 34%, según datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista. Hay zonas donde han visto una oportunidad para aumentar beneficios a costa de la protección de los inquilinos y casas que antes se alquilaban enteras, ahora se separan en habitaciones. Por ejemplo, en Castellón la oferta de habitaciones ha crecido un 156%, el lugar de España donde más se ha notado la crecida. Les sigue Almería (98%), Alicante (81%), Lleida (77%), Albacete (68%) y Murcia (67%). En Madrid, una ciudad acostumbrada ya a este modelo, las habitaciones han crecido un 10% y en Barcelona un 63%, según el informe de Idealista.
“Proliferan estos contratos -sostienen desde Sindicato de Inquilinos- porque los caseros deciden usar estos agujeros en las leyes para apostar por modelos de alquiler que les permita especular sin límite. Pueden rentabilizar mucho más el piso y pueden subir el precio cada vez que quieran, porque no hay tope. Cada 9 o 11 meses te lo pueden subir. Estos contratos fomentan el aumento de los precios de alquiler”.
Alejandra Jacinto, responsable del programa de Vivienda de Sumar, la fuerza política de Yolanda Díaz, apunta a Infobae España que “es imprescindible regular el alquiler de habitaciones y el alquiler por temporada en condiciones para que dejen de ser instrumentos para sortear la aplicación de la ley de vivienda y sobre todo para proteger a la parte débil del contrato, el inquilino, frente a abusos inmobiliarios”.
Mientras no se legisla, inquilinos como Eunate siguen desprotegidos y a merced de sus caseros. “Estamos muy desprotegidos”, confiesa la mujer, que se ve amenazada sin casa, sin contrato de vivienda y sin alternativas, más que ceder a las reglas del mercado como ya han hecho sus compañeras, que pagan más por cada uno de sus cuartos.