Aquel 1 de octubre de 2017 la política española vivió una de sus jornadas más oscuras, no solo por el referéndum ilegal llevado a cabo por el Gobierno catalán sino también por la violenta respuesta de Moncloa, ocupada entonces por el Partido Popular, que lo único que logró fue que las imágenes de las cargas policiales y la represión contra la ciudadanía de Catalunya acapararan las portadas de los periódicos y abrieran los telediarios de medio mundo. Las consecuencias de aquello son conocidas: suspensión –artículo 155 mediante– del autogobierno, huidas del país y juicios que llevaron a los líderes del procés a prisión. Todo lo anterior sirvió al discurso del independentismo de cara a la comunidad internacional como prueba de la supuesta represión generalizada del Estado español para con Catalunya.
Hoy, a seis años de esa fallida consulta popular, la situación es completamente distinta. Los argumentos del movimiento independentista catalán han ido perdiendo fuerza gracias, entre otras cosas, al indulto concedido a los políticos encarcelados por el gobierno de Pedro Sánchez, quien desde su llegada al Ejecutivo optó por la vía de la negociación. Muy a pesar de la derecha española, que siempre ha acusado al presidente de ceder ante los nacionalistas en su afán de permanecer en el poder, la estrategia del gobierno de coalición ha demostrado ser exitosa: en las últimas elecciones catalanas, en 2021, el PSC fue la formación más votada y, el pasado 23-J, ERC y Junts sufrieron tal sangría de votos que vieron mermar drásticamente su representación en el Congreso de los Diputados. Claramente, el proyecto independentista ha perdido apoyos.
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Paradójicamente, el momento de mayor debilidad del nacionalismo catalán es inversamente proporcional a su fortaleza en las Cortes Generales, dado que sus diputados son imprescindibles para que Sánchez pueda revalidar su Gobierno en una teórica investidura. Conscientes de su posición de fuerza, desde la misma noche electoral del 23-J, ERC y Junts –fuertemente enfrentados desde su ruptura en la Generalitat– le dejaron claro al PSOE su precio: amnistía y autodeterminación. La primera, aunque los socialistas lo niegan, ya se da por descontada, mientras que la segunda demanda, que ha conseguido unir estos días nuevamente al independentismo, podría ser la llave para una repetición electoral.
Amnistía, sí. Referéndum, ni hablar
Las dos principales formaciones independentistas han redoblado esta semana su presión a Sánchez al aprobar en el Parlament una resolución para condicionar su investidura a fijar las condiciones para celebrar un referéndum, además de la citada amnistía. No obstante, tanto los republicanos como los de Puigdemont siguen enfrascados en su pelea interna por ser la voz principal del soberanismo catalán, como lo han demostrado nuevamente sus líderes este sábado.
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Así, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a dar por seguro un acuerdo sobre la amnistía a los encausados por el procés en un acto por el sexto aniversario del 1-O. “La amnistía es una condición necesaria para poder defender el derecho a la autodeterminación, para poder ejercer en libertad –y en las mejores condiciones posibles y con el reconocimiento internacional imprescindible– el derecho a decidir”. Esto es, ha precisado, “una herramienta más en el camino para poder decidir democráticamente el futuro de nuestro país”, ya que el derecho a la autodeterminación es “inalienable”.
Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado, en oposición al líder republicano, que todavía no hay nada para anunciar y que su partido no participará “de esta escalada de declaraciones, de éste a ver quién la dice más gorda, de a ver quién marca más perfil”. “No nos apartaremos de esta línea, ni jugaremos a anunciar Pascua antes de Ramos, como vemos que hacen algunos”, ha insistido el referente de la que quizá sea el partido más intransigente y difícil de convencer para los socialistas.
Tras la exigencia de acordar también una consulta popular, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha salido al cruce de los independentistas y ha querido dejar en claro que el Gobierno no baraja la posibilidad de un referéndum: “Nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando en el camino de unas políticas que han dado resultados positivos en Catalunya y que cuentan con el aval mayoritario de la ciudadanía, y a hacerlo con discreción, coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución. Pero no daremos ni un solo paso por el camino de la ruptura y la división”.
Reivindicación del 1-O
Los líderes catalanes han reivindicado este sábado el referéndum ilegal de hace seis años. Junqueras, por ejemplo, ha asegurado que el 1-O es “la gesta democrática más relevante que nadie ha lanzado nunca contra el Estado español en décadas y, probablemente, en siglos”. Según el presidente de los republicanos, el 1-O fue posible porque eran muchos, firmes y comprometidos con la causa y ha llamado a los independentistas a hacer lo mismo ahora. Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, radicada desde 2017 en Suiza, ha afirmado que el 1-O es un punto de no retorno que ha hecho que se mantuviera “una mayoría política pero también una mayoría social” a favor de la independencia y la ha definido como una “de las más grandes manifestaciones de movilización pacífica” a nivel mundial.
Turull ha indicado que para Junts “es un momento fundacional, porque nace a partir del mismo”, por lo que quiere “reivindicar su legitimidad, y el compromiso para culminar el mandato a través de las urnas de los ciudadanos de Cataluña”. En su opinión, fue “el acto de dignidad democrática más firme que ha habido en Europa en los últimos veinte años de este siglo”, y, por tanto, Junts “expresa su compromiso de hacer posible lo que determinaron los ciudadanos” en aquel momento. “El 1-O salió bien porque se prefirió ser útil a importante, y estos días vemos que hay gente que quiere ser más importante que útil”, ha señalado.