España firma junto a otros 13 países la Declaración sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en la UE

España es uno de los 14 países que ha firmado la Declaración conjunta sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos en la Unión Europea, que se ha aprobado este jueves con el objetivo de contribuir a la promoción, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas para que puedan tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas.

Las naciones firmantes han hecho un llamamiento a las instituciones y Estados miembros del bloque para que garanticen el acceso universal a la salud sexual y a los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso universal a “información y servicios integrales de salud sexual y reproductiva seguros, disponibles, de calidad, asequibles, apropiados para la edad e inclusivos, que transformen la perspectiva de género”, indican en un comunicado.

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Asimismo han destacado la necesidad de que haya “métodos anticonceptivos modernos, de calidad, accesibles, asequibles y seguros”, incluyendo la anticoncepción de emergencia para todas las mujeres y niñas que lo soliciten. También es importante, recuerdan, abordar “todas las barreras que impiden el acceso a la anticoncepción, incluidas las financieras y sociales” y han destacado la importancia de adoptar medidas específicas para promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en este ámbito.

“Si las mujeres no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, no podemos decidir sobre nuestras propias vidas”, ha indicado ante la prensa la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, que ha considerado una “excelente noticia” ver cómo 14 países europeos “se comprometen con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”, si bien ha recordado que se seguirán trabajando para que se incorporen más naciones.

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Montero también ha señalado que el aborto “es un derecho fundamental para garantizar el acceso a la ciudadanía plena de todas las mujeres” al tiempo que ha destacado la importancia de hablar sobre salud menstrual, el acceso a métodos anticonceptivos y de salud sexual en general.

La Declaración Ministerial conjunta sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que se ha aprobado en un evento organizado por el Gobierno en funciones con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la UE, indica que la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos “son parte inherente de la igualdad de género y del derecho a la salud”, mientas que la violencia sexual y de género “viola los derechos humanos y afecta a la salud sexual y reproductiva”.

Los países firmantes también han hecho un llamamiento para que se garantice “el acceso al aborto seguro y legal y a la atención post-aborto, eliminando las barreras que dificultan su ejercicio”, al tiempo que reclaman que también se adopten medidas específicas para garantizar la prestación de estos servicios por el sistema público de salud y dentro de un alcance geográfico razonable. Asimismo reclaman que la cláusula de conciencia individual del personal médico no obstaculice el ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres y las niñas.

Que todas las personas en edad reproductiva tengan acceso a tratamientos de fertilidad, independientemente de su sexo, etnia, religión, discapacidad y orientación sexual, es otro de los puntos que destacan, así como que se garantice que todas las personas en edad reproductiva tengan acceso a tratamientos de fertilidad.

También reclaman que se garantice el acceso sin discriminación a una “atención a la maternidad, al embarazo y al parto de alta calidad, accesible, basada en la evidencia y respetuosa con todas las personas”, y que se aplique el principio de consentimiento libre e informado y se condene cualquier forma de abuso, incluida la violencia ginecológica y obstétrica.

Los países firmantes también destacan la importancia de que hombres y niños participen “como agentes y beneficiarios del cambio y aliados estratégicos para la igualdad de género”, pues resulta clave para “desafiar y combatir con éxito las normas sociales, los estereotipos de género y las restricciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos”. Así, la UE condena cualquier “amenaza de retroceso” contra los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.