Abanca tendrá que indemnizar con 30.600 euros más intereses a dos pensionistas que fueron víctimas de la estafa del phishing. Los ciberdelincuentes utilizan esta técnica fraudulenta para obtener los datos privados de los usuarios con el objetivo de acceder a sus cuentas bancarias y robar su dinero. Por norma general, suplantan la identidad de un directivo o una empresa, en este caso el banco, para que las personas afectadas no sospechen y faciliten las claves de su tarjeta de crédito, así como toda la información necesaria.
Las estafas online están al orden del día, de hecho, España es uno de los países con más delitos de este tipo en toda la Unión Europea. El Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Vigo ha estimado íntegramente la petición de los demandantes y ha condenado a Abanca a devolverles todo el dinero sustraído. El titular de la sala considera que el banco gallego no adoptó las “medidas de protección” necesarias para detectar posibles operaciones fraudulentas. El problema es que no se trata de un caso aislado y los expertos llevan tiempo advirtiendo de la poca inversión en ciberseguridad de las empresas españolas.
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Los hechos se remontan hasta finales de 2021, cuando dos jubilados y su hija realizaron varias transferencias desde su cuenta bancaria sin ser conscientes de ello. Los cargos se dirigían a “múltiples destinos en el extranjero sin atisbo de relación con los actores”. El banco argumenta que los movimientos han sido voluntarios, sin embargo, el juzgado entiende que los estafados solo fueron “simples sujetos pasivos” y “víctimas involuntarias” de una actuación fraudulenta de terceros.
El banco tendrá que pagar intereses y costas
La sentencia dictada por el juez señala que no se puede concluir que la compañía bancaria “haya agotado” sus deberes de diligencia al respeto y, por lo tanto, tiene que responder del perjuicio causado. El magistrado también recuerda que la entidad llegó a restituir la primera de las transferencias, un movimiento que demuestra que las víctimas sí pusieron en conocimiento del banco el problema. El juez considera que tal reacción “hubo debido de alertar” a los responsables de la sucursal de una posible estafa.
El titular del juzgado ha seguido la senda de otras sentencias de la Sección Sexta de la Audiencia de Pontevedra, en las que se esgrime que el proveedor de servicios de pago se encuentra sujeto “al cumplimiento de específicas obligaciones de protección en la emisión de los instrumentos de pago y en los procesos de autentificación de las operaciones de pago”. Estos comportamientos, según la jurisprudencia, tienen el objetivo de minimizar el riesgo de “operaciones no autorizadas”. El magistrado considera que Abanca no adoptó ninguna de estas medidas y por eso debe reintegrar los 30.600 euros sustraídos. Además, la firma gallega tendrá que pagar las costas del juicio y abonar a las víctimas los intereses generados en estos dos años.