El Celta de Vigo y la construcción de una polémica ciudad deportiva: “Es un pelotazo urbanístico en toda regla”

El centenario del Real Club Celta de Vigo ha pillado en medio de una tormenta que ya dura varios años. La construcción de una extensa ciudad deportiva ha sido óbice de un profundo conflicto con el ayuntamiento de la ciudad y su alcalde, el socialista Abel Caballero, la mediación de la Justicia, la mano de la Xunta de Galicia y las intensas críticas de los vecinos afectados y los grupos ecologistas que han visto cómo el monte ha quedado convertido en un imponente complejo deportivo denominado Afouteza.

El conflicto arrancó en 2018, cuando el presidente del equipo gallego, Carlos Mouriño, no recibió los permisos necesarios para construir la ciudad deportiva en Vigo después de que Abel Caballero rechazara también la oferta de compra del estadio de Balaídos, campo propiedad del ayuntamiento y que el presidente del Celta quería adquirir con la intención de aumentar la estructura patrimonial y el valor del club.

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Fue entonces cuando Mouriño buscó en el concello de Mos, también en Pontevedra y aledaño a Vigo, a una hora en coche, refugio institucional. Gobernado por el Partido Popular, allí no tuvo inconveniente para lograr todas las aprobaciones y permisos necesarios para construir un complejo deportivo, si bien se topó con la Justicia y la oposición del pueblo, propietario de los montes donde se han levantado los campos de fútbol y donde se quiere ampliar aún más el recinto.

La primera fase de las construcciones ha consistido en 150.000 metros cuadrados, aunque una vez se finalicen todas las fases del proyecto, el complejo duplicará su actual tamaño y “contará con nueve terrenos de juego, (cinco de hierba natural y cuatro de césped artificial), zonas de tecnificación, zona de playa para rehabilitación y otros servicios, estadio con capacidad para 4.000 espectadores, pistas de pádel y tenis, piscina, residencia, cafetería, restaurante, tienda del club, Universidad del deporte, pabellón deportivo multiusos y gimnasios” tal y como revelan en su página web. En total, la obra está estimada en unos 90 millones de euros.

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El primer varapalo que recibió el proyecto vino de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que el pasado mes de abril anuló las licencias que había recibido el proyecto por parte del concello de Mos, ya que no hubo nunca un plan especial de dotaciones e infraestructuras, algo que la Justicia demandaba como imprescindible. Además, el conflicto también nace por la propiedad de los montes, de régimen comunal y, por tanto, en posesión de los vecinos.

Mos se reparte en parroquias, nombre que reciben las entidades colectivas de población, una forma de división territorial que aún permanece en algunos puntos de España. Pese a este sistema de propiedades, el Gobierno de la alcaldesa de Mos otorgó una licencia municipal en 2018 de obras al Celta de Vigo para la construcción de campo de fútbol y sótano para instalaciones deportivas en monte comunal. De igual manera, en 2019 otorgó licencia para la construcción de vestuarios e instalaciones auxiliares imprescindibles.

Parroquias de la región, como Tameiga y Pereiras, se han opuesto al plan y se han topado con la Xunta de Galicia, que a pesar varios informes sectoriales que desaconsejan esas construcciones en el monte, tiene la intención de declarar la obra Proyecto de interés autonómico, que ante una situación de excepcionalidad facilita la expropiación del terreno. “Es un pelotazo urbanístico en toda regla”, denuncia Cristóbal, parte de la parroquia de Tameiga y parte de Ecologistas en Acción en Galicia.

El movimiento ecologista denuncia con contundencia las políticas de la Xunta y del Concello de Mos: “No se explica la declaración de Interés autonómico del proyecto. No es un hospital, no es Citroën, abusan de una figura jurídica para apañar el interés de un empresario. Esto ya no es el Celta de Vigo, es un empresario que quiere hacer negocio”, denuncia Ecologistas.

Esta declaración de la Xunta ha llevado al último movimiento de los grupos ecologistas, que han denunciado a todos los políticos de la cámara por prevaricación. “Dichas obras fueron ejecutadas en terrenos forestales de especial protección en Mos. Unas instalaciones que ahora la Xunta de Galicia pretende legalizar con la tramitación del Proyecto de Interés Autonómico. Todo esto supone una concesión de licencias sabiéndose contrarias a la ley”, sostienen los denunciantes.

“Resulta evidente que los acuerdos del Consello de la Xunta de Galicia fueron dictados de manera arbitraria, con plena consciencia de su injusticia, con el fin de satisfacer el interés de una entidad privada como es la Sociedad Anónima Deportiva Real Club Celta de Vigo. Consideramos que estos hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa urbanística y por eso denunciaremos ante el TSXG a todo el Consello de la Xunta que aprobó la declaración de interés autonómico al proyecto y esperamos que el TSXG atienda su denuncia y restablezca la legalidad”, zanja Eloy Pérez, coordinador de Ecologistas en Acción