Miles de empleados del sector público empresarial y de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social denuncian que nueve meses después de comenzar el año aún no hayan cobrado el incremento salarial del 2,5% que les corresponde según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Sin embargo, esta situación no es novedosa y los trabajadores afectados critican el “laberinto” que tienen las empresas públicas del estado y otros organismos del ámbito público para aplicar las subidas salariales que el personal de los ministerios recibe de manera prácticamente automática.
CSIF asegura que los empleados afectados son más de 11.000 repartidos entre Paradores, Navantia, Puertos del Estado, Fundae, Incibe y Senasa. A estos se suman los trabajadores de otras cinco Mutuas (de 13 existentes), según señala CCOO: Asepeyo, Mutua Universal, MC Mutual, Mutua Intercomarcal y Mutua Cesma. Aunque puede quedar alguna entidad más que no haya trascendido, esta es la situación a pocas semanas de que Hacienda apruebe, previsiblemente, un incremento adicional del 0,5% en el salario de los empleados públicos por la inflación de este año. Cantidad que los trabajadores de las empresas con retrasos en las aplicaciones no cuentan con cobrar, como mínimo, hasta el año que viene.
Según explica a Infobae España Juan Martín, secretario general de la sección sindical de Paradores de CCOO, “tradicionalmente esto viene sucediendo desde que se creó la oficina de control presupuestario“, área dentro del Ministerio de Hacienda que debe aprobar la masa salarial del año anterior de las empresas públicas y de las Mutuas, entre otros organismos, antes de aplicar nuevas subidas salariales. “Desde hace muchos años viene sucediendo en Paradores y en otras empresas públicas, no somos los únicos (...) un incremento que debería ser automático viene tardando año o año y medio en hacerse”, denuncia. En Paradores, la subida del 1,5% de 2022 se cobró en marzo de 2023: “Lo tenemos como la cuarta paga ya”, ironiza Martín.
Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que la redacción del artículo 24.3 de la ley de PGE de 2023 alivia esta situación al permitir que si el incremento salarial acordado entre los trabajadores y la dirección de una empresa pública es lineal y homogéneo, no hace falta aprobación previa de Hacienda de la masa salarial del año anterior. Por lo tanto, esta salvedad no sirve si la negociación en el seno de la empresa quiere efectuar una subida de distribución no lineal para reducir brechas salariales, por ejemplo.
Tampoco se aplica, según CCOO, en las empresas con convenios colectivos que no tienen regulada la implementación de las subidas salariales. Según Martín, este es el caso de Paradores, cuyo convenio caducó en 2020 y la negociación del siguiente está atascada, por lo que necesitan la aprobación de la masa salarial de 2022 por parte de Hacienda para cobrar la subida salarial. No obstante, un miembro de la Federación de Servicios de dicho sindicato señala que la nueva redacción del artículo 24 ha facilitado “un poco” el proceso, haciendo posible que se cobre “antes del mes de diciembre” en algunas empresas.
Sueldos bajos y desiguales entre paradores
Solo en Paradores, los empleados afectados por el retraso de la subida salarial alcanzan los 4.795, según se desprende de sus cuentas anuales de 2022. Retraso que, aunque supone una pérdida de poder adquisitivo generalizada para todos los empleados públicos, es más notoria en los que tienen categorías con salarios muy bajos.
Según apunta Martín, la empresa pública hostelera tiene unos salarios base medios para la gran parte de la plantilla de entre 12.000 y 13.000 euros anuales, por debajo del SMI, porque no han recuperado lo perdido tras la crisis financiera al no poder aumentar más la masa salarial. A esa cantidad fija se les añade una “prima de producción” según las habitaciones que se vendan, su precio y la categoría del trabajador, lo cual completa la retribución para que llegue o supere el SMI, pero provoca que personas que hacen las mismas funciones tengan diferencias de hasta 500 o 600 euros mensuales dependiendo de en qué Parador trabajen.
“Estamos en un 20% menos en tablas salariales en comparación con el sector de la Hostelería”, denuncia Martín, que asegura que un “número importante de trabajadores” de Paradores (los de la categoría tres) estarían cobrando más acogidos al convenio provincial de hostelería que al convenio de la empresa. “Tradicionalmente tendría que ser al revés, un convenio de empresa se hace para mejorar”, señala.
Según las cuentas anuales, la retribución anual media equivalente a jornada completa ascendió a 22.210 euros el pasado año para el personal incluido en el convenio colectivo. No obstante, el 50% de la plantilla está en las categorías inferiores con salarios menores a esa media y gran parte de esas categorías tienen contratos parciales de 3 horas y 45 minutos, lo que reduce aún más el sueldo. Esto contrasta con un 2% de la plantilla que se corresponde con cargos directivos no acogidos al convenio cuyo salario medio en 2022 fue de 73.110 euros.