Los asesores fiscales creen que algunas grandes fortunas no han pagado el impuesto a los ricos y se enfrentarán a una sanción

Hacienda ya ha cobrado 623 millones de euros por el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ISGF) referente a los grandes patrimonios de 2022, pero no todos los contribuyentes que tendrían que haber pagado lo han hecho, según consideran los asesores fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas tras conocer los datos de recaudación publicados por el Ejecutivo el pasado miércoles.

“A mucha gente le ha pillado fuera de juego el Impuesto Sobre las Grandes Fortunas y han tenido que presentar este impuesto y a lo mejor no les ha dado tiempo a planificar sus inversiones para no pagar”, ha opinado Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del REAF. “Ya dijimos en su día que había poco margen de maniobra para estos contribuyentes, ahora obligados a pagar, para aplicar exención”, ha incidido, poniendo como ejemplo inversiones en empresas familiares y acciones asociadas.

En esta idea ha ahondado Luis del Amo, secretario técnico del REAF, que ha señalado como motivos posibles detrás de esta decisión “pereza o interés”. Esto se deriva de que, sobre todo las grandes fortunas de Madrid, se han visto obligadas “de repente” a declarar cuando “no estaban acostumbradas” y se les pide además el justificante de la declaración del Impuesto de Patrimonio (IP) para rellenar el Modelo 718 del ISGF. El problema es que, aunque ciertos contribuyentes estuvieran obligados a presentar la declaración del IP incluso con la bonificación del 100% de Madrid, muchos no lo hacían y ahora no pueden adjuntar dicha declaración en el modelo 718.

Pese a que los asesores fiscales detectan que estos casos pueden haber sucedido, no alcanza a cuantificarlos con los datos públicos disponibles. Lo que se conoce hasta el momento es que 12.010 contribuyentes han pagado el ISGF en 2023 y que 19.205 contribuyentes se libraron en 2021 de pagar por el Impuesto de Patrimonio como consecuencia de las bonificaciones autonómicas. La mayor parte de estas grandes fortunas se focalizan en Madrid, región en la que 18.798 contribuyentes evitaron pagar por su patrimonio en 2021, mientras que en 2023 han pagado el ISGF 10.302 personas.

No obstante, los asesores fiscales recuerdan que dentro de esos contribuyentes hay muchos que se encuentran por debajo de la obligación de declarar el Impuesto a las Grandes Fortunas, que tiene un mínimo exento de 3,7 millones de euros. Por otra parte, Del Amo ha señalado que si Hacienda revisa los casos de impagos pese a existir obligación, podría imponer sanciones por infracciones de tipo formal. Estas sanciones tienen, como todas, opción de reducirse por pronto pago al aceptar la multa que comunique la administración.

La recaudación final del ISGF ha sido menos de la estimada inicialmente por Hacienda debido a impagos y a que la cuota conjunta del IRPF, del IP y del ISGF no puede superar el 60% de las bases imponibles del IRPF. En caso de superarse este porcentaje, la cuota del ISGF se reduce hasta un 80%. No obstante, el secretario técnico de REAF considera que esta cuestión técnica “se ha sobrevalorado”. “Tendrá su importancia económica, seguro, pero en los supuestos que hacíamos no tiene demasiada importancia cuantitativa”, ha señalado.

Por otra parte, a los contribuyentes obligados por el ISGF en 2023 les recomiendan autoliquidar tanto este como el Impuesto de Patrimonio, pagarlos y, previa valoración de las contingencias, y teniendo en cuenta la prescripción, solicitar después la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos, con la intención de aprovechar, si se produce, alguna sentencia favorable.

Los asesores fiscales señalan que la cesión de la capacidad normativa a las comunidades en el Impuesto sobre el Patrimonio y la utilización que estas han hecho de la misma producen unas diferencias de gravamen “muy elevadas” entre contribuyentes con la misma riqueza. En esta línea calculan que si el Impuesto sobre el Patrimonio se armonizara conforme a la normativa estatal, la recaudación que podría alcanzar rondaría los 2.000 millones de euros.

No obstante, el Consejo General de Economistas se declara contrario al Impuesto de Patrimonio existente actualmente. “El Impuesto sobre el Patrimonio es anecdótico en el conjunto de los sistemas tributarios y presenta problemas técnicos y de equidad en nuestro territorio. Lo razonable sería suprimirlo”, ha opinado el presidente de la entidad, Valentín Pich.

También critican el ISGF y piden que no se haga permanente porque “es un parche” y “se ha aprobado siguiendo una trayectoria parlamentaria singular”, como denuncian algunos recursos judiciales. Caso distinto consideran el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que, aunque esté sometido también a debate, con “determinados cambios puede jugar un papel redistributivo y para fortalecer la igualdad de oportunidades”.