Luis Alberto Mío Morocho, integrante del grupo corrupto ‘Escuadrón de la Muerte’ de la Policía Nacional de Perú, está a un paso de quedar a disposición de las autoridades peruanas acusado por su implicación en 13 asesinatos consumados y tres en grado de tentativa que le atribuyen a esta organización clandestina. La Audiencia Nacional estudia este viernes su extradición a Perú después de ser detenido en 2022 en la provincia de Guadalajara, donde se escondía tras huir de la acción de la justicia.
Morocho está considerado como de los policías peruanos que formaban parte del denominado ‘Escuadrón de la Muerte’, involucrado en emboscadas y ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes en falsos operativos que tenían como fin la obtención de ascensos y condecoraciones para los componentes del grupo. Esta organización parapolicial actuó en varios puntos de ese país entre los años 2012 y 2016.
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En plena investigación de las autoridades peruanas una vez se destapó el caso, Morocho, por entonces suboficial de la Policía Nacional de Perú, huyó del país. Se le perdió la pista durante años, hasta que en 2019 un juzgado local expidió una orden internacional de detención contra él. En 2022, la policía española recibió una petición de colaboración llegada desde Perú y encauzada por Interpol, todo con la intención de dar con su paradero.
La Sección de Localización de Fugitivos de la Policía logró ubicarlo en la provincia de Guadalajara, donde se ocultaba y vivía junto a su familia. Finalmente, fue detenido el 29 de septiembre de ese año.
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La Fiscalía, a favor de su extradición
La Fiscalía informó a favor de la petición de Perú de extraditar a Morocho, una cuestión que se dirimirá este viernes en la Audiencia Nacional. En su escrito, el ministerio público detalla que el objetivo del ‘Escuadrón de la Muerte’ era “lograr el otorgamiento de ascenso excepcional por acción distinguida, generar un falso prestigio dentro de la Policía Nacional de Perú por la realización de operativos simulados como exitosos atrayendo la atención de los medios de comunicación y el aprovechamiento económico de los gastos de inteligencia generado por cada operación”.
Sobre el papel del prófugo en el grupo parapolicial señala que “se encargaba de la selección del lugar donde se ejecutarían los operativos policiales simulados y de implementar la estrategia diseñada por los líderes de la organización”. Lo hacía, según prosigue el escrito, “cuando integraba la Dirección General del Ministerio del Interior realizando una labor de inteligencia” a las órdenes de un mando.
La Audiencia Nacional también celebrará este viernes una vista para resolver la extradición de otro ciudadano peruano, en este caso reclamado por dos delitos continuados de abusos sexuales a dos sobrinas suyas, menores de edad, entre 2014 y 2018 en el domicilio familiar, ubicado en Lima.