La AIReF cree que Bruselas evitará multar a España por déficit excesivo, aunque avisa: las nuevas reglas fiscales no serán “light”

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha considerado este jueves que España evitará, seguramente, una multa por parte de la Comisión Europea por cerrar 2023 con un déficit superior al 3%. Según ha defendido Herrero durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, “no tendría sentido o sería poco probable” la apertura de un procedimiento de déficit excesivo a España dada la suspensión de las reglas fiscales y la previsión de ajuste para 2024.

En concreto, la AIReF estima que España terminará 2023 con un déficit del 4,1%, seis décimas menos que en 2022, pero esta cifra descenderá hasta el 3% en 2024, como también estima el Gobierno en su Programa de Estabilidad de este año. Pese a que Bruselas ha deslizado “en algún comunicado” que existía la posibilidad de abrir un procedimiento de déficit excesivo a los países que excedieran el umbral del 3% en 2023, la AIReF considera que este escenario es poco probable por el cumplimiento que sí tendría España el año siguiente. Según Herrero, el déficit caerá en 2024 como consecuencia de una contención del gasto y de la retirada total o casi total de las medidas del Gobierno central por la crisis energética e inflacionista.

Pese a esto, Herrero ha avisado de que las nuevas reglas fiscales no serán más suaves que las anteriores: “Yo no veo que sea light. Hay un error en pensar que el nuevo marco será así cuando es mucho más exigente que el anterior”. El nuevo marco de gobernanza fiscal comunitario se encuentra en negociaciones y los estados miembros pretenden tenerlo negociado a finales de año para que entre en vigor en 2024.

Según la propuesta de la Comisión Europea de primavera, las nuevas reglas fiscales permitirán sendas de ajuste específicas para cada país con planes de 4 o 7 años, lo que implica una “mayor capacidad de iniciativa”, según Herrero, pero también requerirán una senda de deuda continuamente descendente en los diez años siguientes a la emisión de dichos planes. “Parece una tontería, pero no lo es”, ha advertido.

De hecho, la AIReF ya consideró en mayo que, si se diera el escenario macroeconómico más adverso dentro de sus previsiones, la deuda no tendría una tendencia completamente descendente durante la próxima década y eso implica un ajuste de hasta 30.640 millones de euros entre 2024 y 2027 para cumplir con lo requerido por Bruselas.

Por otra parte, las próximas reglas fiscales se centrarán en una nueva magnitud a vigilar, el gasto público, que se añade a los objetivos de déficit y de deuda tradicionales (una ratio por debajo del 60% en este último caso). De hecho, las recomendaciones específicas por país emitidas en el paquete de primavera por la Comisión ya establecieron que el crecimiento del gasto primario neto de España no debería superar el 2,6% en 2024.

Según la AIReF, cumplir este límite sería posible si se prorrogan los presupuestos de 2023 y siempre que se produzca la retirada completa de las medidas (como la rebaja del IVA de los alimentos y la subvención al transporte público) y haya contención del gasto público en las administraciones territoriales. Este último es el mayor problema detectado por la institución de control fiscal.

Si las comunidades autónomas y los ayuntamientos elaboran sus presupuestos de 2024 con equilibrio presupuestario, se podrían producir unos crecimientos del gasto primario neto del entorno del 10%, lo cual conllevaría incumplir el límite del 2,6% que establece Bruselas. Esto se debe a que los ingresos que tendrán el próximo año del sistema de financiación serán los mayores de la historia, pero tienen un carácter coyuntural, por lo que no se repetirán en 2025.

En este sentido, la AIReF está teniendo reuniones con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, aunque reitera al Gobierno una de sus recomendaciones, rechazada ya formalmente por Hacienda: que establezca una tasa de referencia para que las administraciones territoriales contengan el gasto de acuerdo con la recomendación de la Comisión Europea. Esta tasa se fija anualmente en un informe sobre la situación de la economía española que este año no se ha emitido debido a la interinidad del Gobierno tras las elecciones del 23 de julio, pero Herrero cree que “no hay ningún impedimento legal” para establecerla, incluso con un Ejecutivo en funciones.