El impacto de un desahucio es tan complicado como lo que sigue después. Lo saben bien las 18 familias que el pasado julio fueron desalojadas del edificio La Dignidad en el municipio madrileño de Móstoles, donde algunas llevan más de un mes acampadas frente a los juzgados, pues siguen sin encontrar una alternativa habitacional que les ayude a salir de esa precaria situación.
Desde que el pasado 17 de agosto decidieron realizar una acampada protesta, las familias denuncian que han sufrido una “constante persecución por parte de la policía local”, a través de “multas, agresiones e incluso detenciones” por desobediencia e incumplimiento de ordenanzas municipales. El pasado fin de semana, según relatan, les intentaron desalojar y, ante su negativa, los agentes les “arrastraron por el suelo y rompieron la carpa” donde se resguardaban de la lluvia. “El ayuntamiento se empeña en despojarnos de las pocas cosas que conservamos. En lugar de buscar soluciones, parece que nuestra existencia les molesta”, critican.
Te puede interesar: La pandemia silenciosa de los desahucios recorre España
Por el momento, el Ayuntamiento de Móstoles, ahora gobernado por PP y Vox, ha ofrecido a algunas familias una ayuda de 700 euros para que puedan alquilar de una habitación por dos meses. Sin embargo, encontrar una habitación por 350 euros mensuales en el municipio es prácticamente misión imposible, según denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
“No encontramos nada a ese precio porque el alquiler mensual de una habitación en Móstoles ronda los 450 euros. Hay propietarios que piden hasta cuatro meses por adelantado o un contrato para acreditar que puedes hacer frente a ese gasto”, cuando la mayoría de las personas desalojadas del edificio Dignidad se encuentran en situación de desempleo, dice a Infobae España Jose Montalbo, portavoz de la plataforma. “Lo que ofrece el ayuntamiento no es suficiente y, además, hay familias que necesitan más de una habitación porque tienen varios hijos”, añade.
Te puede interesar: Las vergüenzas de la sanidad pública: el 54% de los españoles esperó casi una semana para ver a su médico de cabecera
El portavoz recuerda que entre los afectados hay personas especialmente vulnerables como es el caso de una mujer víctima de violencia de género que se encuentra en un hostal con cuatro hijos a su cargo. “Aunque el consistorio asegura que se le adjudicará una vivienda social, de momento hay lista de espera y esa ayuda no llega”, por lo que la mujer continúa en una situación muy precaria, denuncian desde la plataforma.
Se ha analizado “cada caso”
Fuentes del Ayuntamiento de Móstoles aseguran a este medio que desde los servicios sociales “se ha analizado cada caso individualmente para tratar de dar una respuesta adaptada a sus necesidades”, de manera que han recibido desde asesoramiento para encontrar empleo hasta propuestas de ayudas económicas para alquilar temporalmente una habitación, si bien explican que no pueden detallar la cantidad “por un tema de protección de datos”. En los últimos días, añaden, se han retomado las reuniones con algunas familias y, “al menos cinco de ellas”, han aceptado las propuestas del ayuntamiento, aunque no han especificado cuáles son.
De momento, algunas de las familias desalojadas se encuentran en casas de familiares y amigos, mientras que otras diez continúan en el campamento que decidieron levantar como protesta. Lejos de rendirse, aseguran que permanecerán allí “porque no tienen dónde ir” y que seguirán luchando por una opción habitacional digna.