Ayuso paga 477.000 euros para reforzar un teléfono ‘antiokupas’ que atiende casi siete llamadas al día

Aunque no hubo presentación oficial, el nuevo teléfono ‘antiokupas’ de la Comunidad de Madrid empezó a funcionar en junio de 2022. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha justificado su creación y no se cansa de colocar este debate en la agenda política. “La ocupación de bienes inmuebles es un delito, arruina muchas familias y genera en todas una gran preocupación y una tremenda sensación de inseguridad”, señaló Ayuso en el debate del estado de la región celebrado en septiembre de 2022. “La ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”, recalca la página web donde el Gobierno regional anuncia este servicio.

Bautizado como ‘Proyecto 112 Ocupación’, el teléfono el 900 205 112 se define como “una plataforma de asistencia a los ciudadanos de la comunidad de Madrid, que en los casos de ocupación de su vivienda sirve de refuerzo relativo a aspectos jurídicos y operativos”. La verdad es que pocos madrileños conocen directamente este número, generalmente se llama al 112 y de ahí se deriva a este servicio cuando se comunica un caso que puede estar relacionado con una ocupación ilegal.

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De hecho, este teléfono se atiende desde el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), en el que actualmente tres agentes de policía local gestionan las llamadas relacionadas con posibles ocupaciones y que cubren un turno de doce horas, de siete de la mañana a siete de la tarde. Para completar el servicio, la Comunidad de Madrid encargó a la empresa pública Tragsa cubrir las 24 horas con tres efectivos en turno de mañana, tres efectivos en turno de tarde, y un efectivo en el turno de noche, con un presupuesto para el año 2023 de 477.465 euros. Es decir, casi medio millón de euros para un refuerzo compuesto por siete personas para que este servicio se preste las 24 horas del día.

Así consta en la respuesta parlamentaria que el Gobierno regional ha entregado al diputado de Más Madrid Jorge Moruno, que se interesó por el coste de este servicio. “Es un teléfono de propaganda de la señora Ayuso, utilizando un dinero que finalmente no se usa en vivienda pública. Además, es una forma de no querer hablar del problema estructural de acceso a la vivienda que tiene nuestro país, como denuncia el Consejo de Europa, ni de querer hablar de la necesidad de movilizar la vivienda vacía para evitar que se pueda ocupar, vivienda propiedad de bancos, de fondos. En definitiva, un artilugio de propaganda que no ha resuelto ninguna problemática de los ciudadanos. Mucho coste de dinero y pocas llamadas”, señala Moruno.

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que en su primer año de funcionamiento, desde junio de 2022 hasta junio de 2023, “2.439 ciudadanos madrileños han sido atendidos por este servicio, alertando de una ocupación en curso de su propiedad privada o pidiendo información para protegerse ante este delito”. Una media de 6,6 llamadas diarias. Entre el 1 de julio y el 18 de septiembre de 2023 se han recibido otras 346 llamadas. No se especifica qué porcentajes de esas llamadas reclaman solo información. “El servicio ‘112 antiocupación’ unifica en una sola llamada todos los recursos de la Administración autonómica y activa de forma inmediata la respuesta. Pone en marcha servicios sociales, actuaciones judiciales y policiales frente a delitos contra la propiedad privada”, especifican desde el Gobierno regional.

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Moruno señala que habría que analizar además cuántas de esas llamadas son emitidas por las mismas personas a lo largo del día. Según los últimos datos que el ministerio del Interior ha facilitado a Infobae España, en el primer trimestre de 2023 hubo en todo el país 3.898 infracciones penales vinculadas a la okupación de inmuebles, lo que supone una media de 43 diarias y un 11% menos si los comparamos con los datos en el mismo periodo de 2022. Por comunidades autónomas, el ranking lo lidera, con diferencia, Cataluña. Hubo 1.673 okupaciones en el primer trimestre, el 42% del total. En segundo lugar, aparece Andalucía, con 594 okupaciones en el primer trimestre. En la comunidad valenciana se produjeron 420, seguida por Madrid con 369. En el último barómetro del CIS de julio, la ocupación de viviendas solo era el primer problema para el 0,1% de los encuestados.

Más Madrid va a proponer que la Comunidad destine fondos para habilitar otros teléfonos “realmente más necesarios” que puedan ayudar a cientos de miles de madrileños “que está buscando una vivienda”. Este jueves presenta en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para que la Oficina de Atención al Consumidor de la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios gestione un teléfono específico “que informe, acompañe y asesore a la ciudadanía” en lo relativo al cobro de honorarios por parte de las empresas inmobiliarias.

Con la entrada en vigor de la ‘Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda’ se ha introducido una modificación en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que regula que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”. Este cambio en la normativa implica que el inquilino deja de ser quien corre con dicho gasto y, a partir de ahora, lo tiene que abonar el propietario, que es la persona que contrata el servicio de la empresa inmobiliaria.

“Sin embargo, y a pesar de que el cambio normativo ya está vigente, existen empresas inmobiliarias que persisten en vulnerar la ley y en buscar subterfugios para hacer pasar el mismo cobro al futuro inquilino bajo otras formas. Se inventan ‘estudios de viabilidad económica del inquilino’, ‘servicios prestados’ o directamente se inventan el cobro de una cuota anual de un porcentaje al inquilino. En todos los casos el objetivo es siempre el mismo: sortear la ley para cometer una ilegalidad y seguir cobrando la mensualidad al futuro inquilino”, señala el diputado Moruno

De hecho, las asociaciones de consumidores recomiendan una serie de actuaciones a la ciudadanía para hacer frente a esta práctica generalizada, pero también interpelan a las oficinas de consumo autonómicas para que defiendan la legalidad vigente desde su competencia. “La Administración debe ser proactiva e informar a las agencias, inspeccionar y si llega el caso, abrir expedientes y abrir las sanciones correspondientes a las empresas inmobiliarias que incurran en la ilegalidad”, concluyen desde Más Madrid.