El impuesto a las grandes fortunas recauda 623 millones en 2023, menos de la mitad de lo estimado inicialmente

El Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ISGF) ha recaudado 623 millones de euros en 2023, según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda. Esto supone menos de la mitad de lo que el Gobierno estimó inicialmente que ingresaría por este nuevo gravamen, 1.500 millones, según consta en el Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea en 2022.

Desde la cartera liderada por María Jesús Montero defienden que esta figura tributaria “cumple el objetivo” y que la cifra de recaudación de este año es “consecuente” con las previsiones del Gobierno. En este sentido, aclaran que los 1.500 millones estimados eran un “potencial recaudatorio (...) bajo el supuesto de que todas las comunidades autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio”.

Como no todas tienen una bonificación total, solo Madrid y, más recientemente, Andalucía, el impuesto a los ricos ha recaudado menos. Esto se debe a que el nuevo impuesto a los ricos es complementario con el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), de manera que los contribuyentes del nuevo gravamen solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su región en el IP. De esta manera, si se suman los 623 millones al ingreso por el Impuesto sobre el Patrimonio, la recaudación asciende a “más de 1.868 millones de euros” en 2023, según detalla Hacienda.

Lo cierto es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya calculó este menor ingreso por el impuesto a los ricos. En concreto, la institución estimó 635 millones en su informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas de abril de 2023. La AIReF argumentó esta cifra no en la complementariedad de los dos gravámenes al patrimonio existentes para 2023 y 2024, sino como consecuencia de las enmiendas aprobadas durante la tramitación parlamentaria del nuevo impuesto.

Según recuerda la AIReF en su informe, para contentar a los socios parlamentarios y poder sacar adelante la normativa, se introdujeron enmiendas que establecieron que la cuota conjunta del IRPF, del IP y del impuesto a los ricos no puede superar el 60% de las bases imponibles del IRPF. En caso de superarse este porcentaje, la cuota del ISGF se reduce hasta un 80%. Esta modificación implica, según la AIReF, “una reducción del impacto que el Gobierno cifra en un 50%”, por lo que su valoración estimada se estableció en los 635 millones citados anteriormente.

Según Hacienda, 12.010 grandes patrimonios han pagado el nuevo tributo, apenas el 0,1% de los contribuyentes en España, con una cuota media de 52.000 euros. Este impuesto solo afecta a los patrimonios netos superiores a los tres millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.

Como consecuencia de las bonificaciones regionales, la recaudación se ha obtenido, principalmente, de los grandes patrimonios de comunidades autónomas que tienen rebajado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio. La diferencia es que los ingresos por el ISGF van al Estado, mientras que los del IP se los quedan las arcas regionales.

De los de los 12.010 declarantes, 10.302 contribuyentes, el 85,8%, corresponden a grandes patrimonios de Madrid, que han aportado 555 millones de euros. Les siguen los contribuyentes de elevado patrimonio de Andalucía (865), que han abonado 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones. Las tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación.

En un comunicado, Hacienda recuerda que el ISGF forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para “avanzar hacia un sistema más redistributivo en el que aporte más quien más tiene”. En este grupo señalan a grandes patrimonios, multinacionales o sectores como la banca o las energéticas que “en la actualidad obtienen beneficios extraordinarios como consecuencia del aumento de los precios de la energía y el alza de los tipos de interés”.

Aunque varios estados han legislado impuestos adicionales de algún tipo sobre los “beneficios extraordinarios”, España es uno de los pocos países que grava la riqueza neta, según constata la OCDE en su informe Tax Policy Reforms 2023.