El culebrón STC-Telefónica tiene un nuevo actor. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que inició una investigación hace poco más de una semana para analizar los pormenores de la entrada de la compañía saudí en la teleco presidida por José María Álvarez Pallete, ha concluido que no existe ninguna irregularidad y que la operativa cumple con la normativa vigente en cuanto a la comunicación de participaciones significativas en empresas de la bolsa española.
Así, la investigación llevada a cabo por la propia CNMV que ha concluido que ni STC, ni Morgan Stanley ni ningún otro inversor incumplieron en ningún momento el deber de notificación en la compra del 9,9% Telefónica, que debe realizarse a partir del umbral del 3%. “Con la información disponible hoy, recabada en el ejercicio de las facultades de supervisión de la CNMV, no se aprecian actuaciones o circunstancias que indiquen que la normativa aplicable no se haya cumplido en la notificación reciente de posiciones sobre Telefónica”, aseguran fuentes del supervisor bursátil.
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El organismo presidido por Rodrigo Buenaventura asegura que la normativa española sobre la notificación de participaciones significativas en sociedades cotizadas “está armonizada a escala europea y es bastante clara” e incide en que tiene facultades de supervisión sobre la corrección de las notificaciones y de requerir información adicional a los participantes de mercado.
El pasado 5 de septiembre, el grupo saudí informó de su adquisición a la CNMV y reveló el uso de una sociedad luxemburguesa de la que depende STC y el fondo soberano PIF (Public Investment Fund), que es su principal accionista. Green Bridge Investment Company SCS, actuando a través de su socio general, la mercantil luxemburguesa Green Bridge Management SARL, adquirió el 4,90% de las acciones del emisor (Telefónica) suscrito un acuerdo contingente de compraventa sobre el 5% de las acciones del de las acciones.
Ante esto, la CNMV ha ratificado que “ni la letra ni la interpretación de la normativa permiten a un inversor que construye una participación accionarial fragmentarla o trocearla en paquetes inferiores al umbral del 3%, para evitar o demorar su publicación. Tanto si se hace directamente como a través de persona interpuesta, vehículos de inversión, bancos o custodios. Tanto si se hace mediante acciones o mediante derivados que den derecho a su adquisición y a ejercer entonces los derechos de voto. Ello sería contrario al régimen legal aplicable”. Así, la fragmentación de la participación del grupo saudí STC en Telefónica quedaría realizada conforme a la legalidad.
Influencia indebida
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo está “analizando detenidamente” la irrupción del grupo saudí STC en Telefónica y que el Estado cuenta con mecanismos para velar para que “cualquier inversión extranjera no trascienda los límites y suponga una influencia indebida sobre empresas estratégicas o comporte el acceso a tecnologías críticas”.
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“Les garantizo que el Gobierno está analizando detenidamente la operación de la inversión, que contamos con los mecanismos adecuados para ejercer los controles necesarios y que garantizaremos que en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional, entendida en un sentido amplio”, señalaba.
Además, ha hecho hincapié en que la legislación española en materia de control de inversiones es “una de las más rigurosas de Europa” y que se reformó durante la pandemia. “Lo volvimos a hacer justamente este verano dotándonos de mayores instrumentos que lo que hacen es reforzar los mecanismos de control, todo ello de forma alineada y coherente con las directrices que emanan de la Unión Europea”, ha agregado.
No obstante, el jefe del Ejecutivo también ha indicado que el interés de STC en Telefónica es una “buena noticia” porque supone una “inyección de recursos” en la economía nacional y porque, a su juicio, significa que el país avanza en la “dirección adecuada” y ofrece “confianza”.