La paradoja de los impuestos verdes: una tasa que asusta pero todo el mundo paga (sin saberlo)

El 85% de la población española reconoce públicamente que la crisis climática es una realidad, frente al 6% que se deja llevar por la corriente negacionista. Los jóvenes son los que más se preocupan por el futuro del planeta y lideran el activismo medioambiental. La contaminación del aire, la sequía que arrastra desde hace meses el campo y los residuos urbanos son tres de los efectos que más rápido identifican los ciudadanos. Pero, ¿que están dispuestos a hacer por un futuro sostenible?

El último informe publicado por la Fundación Cepsa y la consultora Red2Red refleja que, pese al compromiso que demuestran las personas de entre 18 y 34 años con la defensa del medioambiente, algunas cuestiones todavía se quedan en el tintero. Las nuevas generaciones están dispuestas a comprar ropa de segunda mano, utilizar energías renovables o reducir el consumo de carne. Sin embargo, los jóvenes rechazan la fiscalidad sostenible, es decir, la práctica que pretende vincular las obligaciones tributarias con la reducción de las emisiones. La población no quiere pagar impuestos verdes, pero lo cierto es que, tal vez de forma inconsciente, todo el mundo los soporta.

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“La ciudadanía española lleva pagando impuestos de este tipo muchos años, pero no siempre los sabe identificar. La gente se cree que la fiscalidad verde es una moda, que solo existen el impuesto al plástico y los que gravan el consumo energético, pero nada más lejos de la realidad. Las tasas de basura, los impuestos de matriculación y el coste por emitir dióxido de carbono también entran en el mismo saco”, explica Belén Palao, miembro del grupo de expertos de tributación indirecta de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales). La gestión de estas cargas suele ser competencia autonómica y muchas comunidades se han embarcado en una especie de dumping ecológico que, en lugar de impulsar el cambio de hábitos de consumo, alienta la supervivencia del negacionismo climático.

Mario Cantalapiedra, economista y profesor en la Universidad de Nebrija, suscribe esta tesis y recuerda que “los impuestos no son explícitos, están escondidos en los coches, las facturas y los vertidos”. El estudio de la Fundación Cepsa sostiene que tres de cada cinco jóvenes rechazan la puesta en marcha de un sistema fiscal más ambicioso en términos de sostenibilidad, pero esta conclusión tiene fácil respuesta. “Los jóvenes tienen un nivel de ingresos inferior al de una persona adulta, por eso dicen que no, porque cualquier tasa supone para ellos un esfuerzo económico”, añade el docente.

“No creo que sea algo exclusivo de los jóvenes, ni creo que tenga mucho que ver con la causa. Tú le preguntas a cualquier persona, tenga la edad que tenga, si quiere pagar más impuestos y te va a decir que no. En cambio, si le preguntas por la responsabilidad tributaria que tienen que demostrar las grandes empresas, el veredicto seguramente sea otro”, defiende Carlos García Paret, portavoz de Greenpeace España. Las personas de 65 años o más son las que ponen menos trabas a la hora de financiar mediante cargas fiscales el proceso de transición ecológica.

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El escenario cambia cuando se plantea una participación más activa a título particular. Las personas de menos de 34 años apuestan cada vez más por la instalación de placas solares y lideran la compra de coches eléctricos. Además, el 89% de los jóvenes encuestados dice reparar los electrodomésticos dañados antes de adquirir productos nuevos y el 74,5% compra en tiendas de segunda mano. “Los jóvenes confían mucho en sus acciones, no ven tan importante el tema fiscal, porque creen que actuando de motu propio controlan mejor la situación”, apostilla Cantalapiedra. En términos generales, las mujeres muestran más disposición que los hombres cuando se les propone adoptar comportamientos respetuosos con el medioambiente.

La pérdida de confianza de la población joven en las instituciones públicas se erige como otra de las claves para descifrar la ecuación. “La gente se pregunta qué hacen las administraciones con su dinero, dónde acaba todo lo que recaudan las arcas públicas. Los recursos de la fiscalidad verde se tienen que destinar íntegramente a combatir los efectos de la crisis climática, no pueden servir para financiar otros proyectos”, sostiene Belén Palao. El economista y profesor Mario Cantalapiedra no solo coincide con su compañera, sino que va un paso más allá: “El problema es que no se aprecia una causa-efecto clara”.

“Las instituciones no pueden pedir que la gente asuma impuestos verdes si luego no actúan de forma coherente. Los presupuestos de cualquier administración pública tienen que estar alineados, al menos en un 30%, con la causa climática, pero esto no ocurre, los líderes políticos tiran mucho de greenwashing”, lamenta Carlos García Paret. El impuesto medioambiental, como concepto, asusta, pero tanto los jóvenes como la población adulta pagan diariamente pequeñas tasas para velar por un desarrollo sostenible. Con todo, España es uno de los países que menos recauda (1,8%), seis puntos por debajo de la media europea (2,4%). Las asociaciones ecologistas tienen claro qué hacer para seguir la estela de los países vecinos: los que más contaminan, más tienen que pagar.