El 53% de las subvenciones de los fondos europeos va a otras administraciones públicas antes de llegar a la economía

La ejecución de la mitad de los recursos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia corresponde a las comunidades autónomas. Según la Comisión Europea, España ha implementado solo el 8,9% de las inversiones y el 58,6% de las reformas a mediados del periodo de desarrollo del plan, que termina en 2026

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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, y el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en una reunión de diciembre de 2022 con las comunidades autónomas. (Ministerio de Asuntos Económicos).
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, y el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en una reunión de diciembre de 2022 con las comunidades autónomas. (Ministerio de Asuntos Económicos).

España ha recibido 37.040 millones de euros de la Comisión Europea por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), lo que la convierte en el estado miembro más adelantado en desembolsos. Sin embargo, esto no significa que las subvenciones y licitaciones hayan impactado rápidamente en la economía. Según detalla la última nota informativa de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el 51% de los fondos recibidos (18.883 millones) ya se han concedido a través de ayudas hasta la primera mitad de 2023 y la mayor parte de estas han ido a parar, al menos en una primera instancia, a las administraciones públicas.

Los datos del Ministerio de Hacienda, del que depende el portal de subvenciones, muestran que el 53,1% de las ayudas públicas financiadas con el MRR han sido concedidas a personas jurídicas que no desarrollan actividad económica, es decir, comunidades autónomas y otros organismos públicos. No obstante, las grandes empresas, pymes y personas físicas con actividad económica también se han adjudicado un notable 42,2% (7.968 millones). El dinero restante (829 millones) se ha repartido en concesiones a personas físicas sin actividad económica o es “información no disponible”.

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Dentro de las administraciones públicas, las mayores beneficiarias en el año 2022 han sido las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña y las Islas Baleares, seguidas del Ayuntamiento de Madrid y de Andalucía. Así se extrae del listado anual de grandes beneficiarios que publica Hacienda y que ha incluido por primer año el desglose de las subvenciones procedentes del MRR. La mayor parte de estas subvenciones tienen el objetivo de terminar llegando a las empresas o de impulsar la economía desde el sector público, aunque hayan tenido que pasar primero de la Comisión Europea al Estado y, después, a la comunidad autónoma o al ayuntamiento.

Las mayores subvenciones recibidas por Canarias (301,7 millones) y por Baleares (197 millones) son para financiar estrategias de energía sostenible en los territorios insulares. El objetivo principal es que con ellos se apoye el desarrollo de nuevas instalaciones de energías renovables en las islas y se integren en la red. También destaca la concesión de 20 millones para Baleares y de 30 para Canarias para financiar estrategias de “resiliencia turística”.

Según las bases de las convocatorias, los gobiernos regionales pueden mandar la ejecución de ambas subvenciones a terceros mediante licitaciones o nuevas subvenciones o las pueden ejecutar a través de encargos propios, por lo que dejan margen para que cada región decida de qué manera invertir los fondos.

En el caso de Cataluña destaca una subvención para incentivar el autoconsumo y el almacenamiento por un importe de 114,9 millones de euros y otra para incentivar la movilidad eléctrica por 65,6 millones. Estas ayudas también tienen como destinatarios últimos tanto empresas y personas físicas como las propias administraciones públicas, regionales o locales.

Andalucía, por su parte, ha recibido la misma ayuda que Cataluña para incentivar el autoconsumo y almacenamiento por un importe de 104,8 millones de euros y, en segundo lugar, destaca una subvención para actuaciones de eficiencia energética en las Pymes y grandes empresas del sector industrial por un valor de 50 millones de euros.

La subvención que resalta de las concedidas al Ayuntamiento de Madrid asciende a 150,1 millones de euros y está destinada a implantar zonas de bajas emisiones y realizar la transformación digital y sostenible del transporte urbano. El destinatario final de esta ayuda es la propia administración pública, contemplando la excepción de que se pueda subcontratar determinado servicio de manera temporal.

Carencias para agilizar los fondos a nivel territorial

España es un estado descentralizado y el reparto de las competencias implica también distribuir las inversiones a ejecutar. Según señaló la consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid, Mónica Melle, en un debate organizado por Europa en Suma la semana pasada, las autonomías tienen que implementar el 54% de los recursos del plan y no están totalmente preparadas.

Melle señala que, según los informes de fiscalización de los órganos de control de las regiones o, en su defecto, del Tribunal de Cuentas estatal, salvo cuatro comunidades autónomas (Canarias, Navarra, Asturias y Murcia), el resto “no ha acometido de manera dirigida y coordinada la elaboración de instrumentos de planificación” para ejecutar los fondos Next Generation.

Además, “solo nueve han empezado a publicar datos de actuaciones desarrolladas” y las webs públicas autonómicas “no están bien habilitadas ni completadas con la información que se requiere para los ciudadanos”. No obstante, la consejera cree que la mayor deficiencia se da en los recursos humanos porque los vinculados a la gestión del plan en muchas autonomías y, sobre todo, en ayuntamientos pequeños “no están preparados para ello”, por lo que recomienda formación.

Escasa ejecución de las inversiones

Como se indica en la web Recovery and Resilience Scoreboard, página a nivel comunitario que hace un seguimiento de los planes de cada país, España ha cumplido el 58,6% de las reformas del MRR, pero solo ha ejecutado el 8,9% de las inversiones. Melle considera que este escenario no es problemático por el momento porque para hacer algunas inversiones eran necesarias las reformas, aunque avisa: “Si las cosas se hacen mal desde el principio, es muy difícil que se pueda corregir y se pueda llegar a esa eficacia del fondo y de la transparencia”.

El mayor problema es que el tiempo apremia y los fondos asociados al plan, que se iniciaron en 2021, tienen fecha tope de ejecución. Así lo recordó la consejera de Asuntos Económicos de la representación de la Comisión en España, María Canal, durante el debate de Europa en Suma. “Para financiar este plan, la Comisión ha recibido una autorización para emitir deuda conjunta que está limitada en el tiempo, de ahí la necesidad de completar todas las inversiones y reformas en el año 2026. Por muy pacientes que quisiéramos ser, me temo que no tenemos margen”, respondió a una pregunta sobre esta cuestión.

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