Gerardo Pisarello: “Es más digno un traductor que balbucear un falso inglés como hizo Aznar para complacer a Bush”

Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina, 1970) repite en esta nueva legislatura como secretario primero de la Mesa del Congreso. Una de las primeras decisiones de este órgano, con mayoría progresista de PSOE y Sumar (grupo parlamentario al que pertenece este representante de En Comú Podem), es permitir que en el Pleno de esta semana se ponga ya en marcha el uso de las lenguas cooficiales, algo que hará “emerger una realidad plural y diversa que ya existe”.

En su entrevista con Infobae España, este doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona habla del “encaje legal” de una posible ley de amnistía e incluso de la posibilidad de realizar un referéndum. También, advierte de que, en esta legislatura, “la agenda de la plurinacionalidad y la social deben ir de la mano: Si es posible tener una amnistía tiene que ser posible limitar el precio de los alquileres, las hipotecas o los alimentos”, enfatiza.

Pisarello, autor de varios libros, como Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica (Akal, 2021), cataloga de “operación destituyente” las acciones puestas en marcha por el PP contra las soluciones que se están poniendo encima de la mesa para abordar el conflicto político en Cataluña.

PREGUNTA: La Mesa aprobó que las lenguas cooficiales puedan hablarse incluso antes de que se apruebe la reforma que lo aborda. ¿Se está corriendo demasiado con este asunto o ve perfectamente viable su implementación?

RESPUESTA: Yo creo que es una revolución tranquila que cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de la Cámara Baja. Se trata de normalizar algo que ya ocurre en el Senado y en otros parlamentos europeos, y sobre todo, de reflejar mejor una diversidad que ya existe en la sociedad.

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Por otro lado, esto va más allá de la división entre izquierdas y derechas. Hay muchos diputados y diputadas del Partido Popular o de Vox que hablan en catalán, en gallego, en euskera. Por ello, escuchar a Aznar invocar la humillación del pinganillo es grotesco. Es más digno un traductor o un intérprete que balbucear un falso inglés como hizo Aznar para complacer a Bush. A pesar de la dramatización que intenta hacer la derecha, es un cambio de profundidad, pero al mismo tiempo que no implica forzar la realidad, sino que es hacer emerger una realidad plural y diversa que ya existe.

- En todo caso, pese a que se va a acelerar el proceso, ¿esa implementación tendrá todas las garantías?

- Sí, exactamente. La idea es hacerlo en dos pasos. Es decir, primero el pasado miércoles se aprobó un acuerdo de la Mesa y admitió a trámite la reforma del Reglamento. El acuerdo de la Mesa permite que ya en los plenos en los que se debata la reforma del Reglamento se puedan utilizar con una cierta normalidad las lenguas cooficiales, solamente en el Pleno y con traducción simultánea. Al mismo tiempo, se permite que otras lenguas que no son oficiales, pero que tienen reconocimiento estatutario, como es el caso del asturiano o el aragonés, se puedan utilizar si las diputadas y diputados que intervienen se autotraducen a sí mismos.

Eso supone contratar a algunos traductores y traductoras y supone tener, digamos, un servicio de audífonos que permita la traducción simultánea. Es decir, son cambios técnicos muy sencillos que no tienen un gran coste económico, que pueden comenzar a ponerse en marcha en el propio Pleno, pero que exigen también esos cambios en el propio Reglamento para que eso se pueda extender a otro tipo de espacios, como el debate en comisiones o la presentación de documentos escritos.

- Con esta iniciativa, fruto del acuerdo con ERC y Junts para la Mesa del Congreso, ¿cree se que allana el camino para una eventual investidura de Pedro Sánchez?

- Poder escuchar con normalidad en el Congreso las lenguas de Rosalía de Castro, de Gabriel Aresti, de Montserrat Roig o de Ovidi Montllor es un cambio muy profundo. No solamente en el ámbito interno, sino que es un mensaje a la esfera internacional. Esto no se podría haber aprobado si solo fuera una iniciativa de ERC y de Junts. Es una iniciativa compartida, naturalmente, por todas las fuerzas políticas que integran Sumar –desde los Comunes hasta la gente de CHA–, pasando por EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, es un cambio que se puede producir porque quienes lo apoyan son la mayoría absoluta de este Congreso.

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A partir de aquí, evidentemente, ayuda a que la investidura se produzca porque es un gesto de reconocimiento y de reparación histórica a muchísimas personas que en su momento fueron represaliadas por hablar catalán, gallego o euskera en el ámbito público o en el ámbito privado; fueron considerados ciudadanos y ciudadanas de segunda. Desde ese punto de vista, pues es un incentivo importante para fuerzas políticas nacionalistas y no nacionalistas, y creo que para el propio PSOE, que tiene entre entre sus filas personas que vienen también de estos territorios y que consideran que el reconocimiento lingüístico era muy importante.

- El PSOE se negaba hasta hace un año a aceptar esta medida, así como a abordar una amnistía como vía de solución para el conflicto con Cataluña. Lo primero ya lo ha aceptado y lo segundo no lo descarta ya. ¿Es un cambio de postura u obedece a la realidad plurinacional de esta legislatura?

- Creo que son las dos cosas. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Cámara, Manuel Marín, hizo un esfuerzo importante por flexibilizar la interpretación del Reglamento para que las lenguas pudieran utilizarse. Ese es el precedente más inmediato, el del año 2004, porque ya emergió en ese momento esa realidad plurinacional. Luego hubo un claro retroceso, ya que con el Gobierno de Rajoy se volvió a la concepción más uniformista.

El PSOE también ha cambiado mucho internamente. Y, por otro lado, sí es verdad que las mayorías son las que son. Ya en la anterior legislatura, cuando fue el debate sobre la proposición de reforma del Reglamento, estuvo presidido por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente de la Mesa del Congreso, y en él, Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, hizo toda su intervención en euskera y traduciendo al castellano; Ferran Bel, del PDeCAT, hizo toda su intervención en catalán y autotraduciéndose al castellano. Y no pasó nada. Ningún miembro del Partido Popular protestó, ningún miembro de Vox protestó. Y eso consta en el Diario de Sesiones con absoluta normalidad.

Por lo tanto, hay un cambio en el PSOE, sin duda, por las exigencias de las mayorías requeridas para la investidura, pero al mismo tiempo hay unos precedentes que hacen que no tenga ningún sentido dramatizar con esto o que alguien como José María Aznar ya comience a hacer circular los fantasmas de la rebelión nacional y de un golpe.

- Como jurista y profesor de Derecho Constitucional, ¿la amnistía tiene encaje constitucional?

- Yo siempre lo he visto. Era nuestra posición en la legislatura pasada. Gente de nuestro espacio, como Ernest Urtasun y Jaume Bosch, ya defendían en ese momento el encaje legal de la amnistía, aunque en ese momento lo que era viable políticamente era, sobre todo, el indulto y las reformas del Código Penal. La amnistía no es antigualla preliberal; se han dictado amnistías más o menos recientes en países como Italia, Francia o Portugal. Y hay exmagistrados del Tribunal Constitucional, como Pascual Sala y Juan Antonio Xiol, que avalan su constitucionalidad.

Y seamos sinceros: si en 1977 se amnistió a torturadores franquistas, tiene que poder hacerse, en aras de un nuevo tiempo de diálogo, con personas que no cometieron ningún delito de sangre y que fueron perseguidas penalmente de una manera abusiva.

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Desde el punto de vista político, hay que decir que esto no se hace exclusivamente por Carles Puigdemont o Marta Rovira. Estamos hablando de maestros de escuelas que dejaron votar a sus vecinos o de cientos de personas que se limitaron a ejercer su derecho a la protesta frente a un PP que se negó a todo tipo de diálogo. También, se hace por millones de personas que en España quieren que se salga de la judicialización, que no ha dado ningún resultado positivo, y se vuelva a hablar de política y vuelva a haber debate sin que nadie tenga que renunciar a sus ideas.

- Sumar defendía hace una semana que se pudiera tramitar una hipotética ley de amnistía antes de la investidura de Sánchez, mientras que ahora reconocen que sería “forzar la máquina”. ¿Se rebaja el optimismo en torno a esta norma?

- Primero hay que hacer un un ejercicio de pedagogía política para poder explicar por qué se produce la amnistía. Esto es un instrumento excepcional, pero es un instrumento de justicia en determinadas circunstancias. Nosotros aquí venimos de un proceso de recentralización desde el punto de vista territorial, posiblemente desde la época de Aznar (un proceso que continuó luego el Gobierno del Gobierno de Mariano Rajoy), que se consolida con la sentencia que lamina buena parte del Estatuto de Autonomía que se había plebiscitado en Cataluña. Y eso generó una reacción, pues hubo una ausencia de respuesta política por parte de los gobiernos del Partido Popular. Y, en lugar de intentar responder a esa reacción (impulsar un referéndum que carecería de validez jurídica), la respuesta fue la judicialización y la persecución penal de ese tipo de iniciativas. Esto fue un error.

Ahora lo que hay que hacer es normalizar la situación política. Eso requiere, como digo, hacer pedagogía y, por lo tanto, la clave está en establecer una metodología que sea creíble para todos los actores que están implicados. No es tanto la prisa, la rapidez, sino una metodología que sea creíble. Los pasos se pueden comenzar a dar ya, se podrían incluso acelerar, pero yo también soy de la idea de que es necesario hacer esa pedagogía para que el compromiso sea creíble y dando garantías a todos los actores.

- Por otro lado, después de la celebración de la Diada, ¿cuál es el estado de salud del independentismo?¿Cree que ha perdido fuerza de cara a unas negociaciones para la investidura de Sánchez?

- Lo que hay que priorizar es la necesidad de que se produzcan estos acuerdos. Y antes de criticar al resto de actores dentro de este debate, me parece que es más importante el reconocimiento mutuo, que esos acuerdos se produzcan y pasar a una fase nueva donde el centro esté en los parlamentos (en el debate público y no esté en los tribunales).

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A partir de esto creo que en Cataluña hay y va a haber una parte de la población que es independentista, pero en este momento sí hay una parte muy mayoritaria de la población catalana, y así se vio en las elecciones, que sobre todo quiere que se llegue a estos acuerdos y que haya una investidura porque no quiere darle una nueva oportunidad al PP y Vox.

Es decir, no quiere darle una nueva oportunidad a fuerzas políticas que allí donde ya están gobernando han mostrado que están dispuestas a impedir que haya publicaciones en catalán en las bibliotecas, que no tienen empacho en hablar de la posible ilegalización de fuerzas políticas independentistas, que limitan los derechos de las mujeres, de las personas migrantes, etc. Creo que esa conciencia en Cataluña es transversal. Puede haber manifestaciones en las calles, mucha gente no va a dejar de ser lo que es, pero lo que sí creo que ha crecido de manera muy transversal es esa necesidad de llegar a acuerdos para no darle a la extrema derecha otra oportunidad.

- Sobre la solución del conflicto catalán, ¿ve posible la celebración de un referéndum de autodeterminación aunque no lleve ese nombre?

- Urkullu y Puigdemont no están proponiendo cosas muy diferentes. Ambos plantean una interpretación más abierta y útil de la Constitución. La que no permitieron ni Aznar ni Rajoy ni la antigua mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Nosotros somos una fuerza republicana, que querría superar el actual régimen monárquico, pero ahí vemos un camino también. La nueva mayoría del Tribunal Constitucional podría amparar avances legislativos clave en materia territorial, social, y de libertades. Por eso el PP ha comenzado a atacarla.

Más allá de muchos avances concretos en materia de competencias, financiación y reconocimiento de la plurinacionalidad que podrían producirse ya, el artículo 92 de la Constitución ya contempla los referendos consultivos. Y el 150.2 permite transferir esas competencias a las Comunidades Autónomas. Con eso, ya habría margen para que la ciudadanía en el País Vasco, en Catalunya, o en el territorio que sea, puedan pronunciarse sobre aspectos esenciales de la vida política.

- El PP ya prepara el terreno para estar en la oposición en esta legislatura. Después de las últimas manifestaciones de sus dirigentes llamando a la “contienda democrática”, ¿teme que el PSOE de marcha atrás en las negociaciones con los independentistas para no quemarse ante una posible repetición electoral?

- Paradójicamente, cuando uno escucha a alguien como José María Aznar, que estaba en contra de la Constitución de 1978, impulsó una guerra que era ilegal e inconstitucional, o que mintió sobre el peor atentado en España (11-M) para negar su responsabilidad, creo que incluso favorece a la gente que tiene dudas. También dentro del propio PSOE. Cuando el PP no gobierna, siempre pone en marcha alguna operación destituyente. O acusa al gobierno de ilegítimo, o llama a una rebelión nacional, como ahora. El acto contra la amnistía del PP es un intento de tapar el estrepitoso fracaso de Feijóo.

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Ante esa una actitud que ya ha perdido todo tipo de razonabilidad, me parece que eso va a contribuir para que mucha gente vea que estas soluciones que se están planteando no son para beneficiar a una única persona o no están pensadas para romper a España. como dramatiza Aznar. Al revés, son necesarias para no otorgarle a esa interpretación neofranquista de la Constitución un poder de veto que no puede tener en una sociedad del siglo XXI.

- En caso de que la investidura de Feijóo fracase, como está previsto, y si prosperara una de Sánchez, ¿se podrán llevar a cabo medidas progresistas pese a no existir una mayoría progresista?

- La agenda de la plurinacionalidad y la social deben ir de la mano. Si es posible tener una amnistía tiene que ser posible limitar el precio de los alquileres, las hipotecas o los alimentos. Si es posible reconocer la diversidad lingüística en el Congreso, tiene que ser posible reforzar la educación pública y mejorar las condiciones del profesorado.

Hay que reconocer que en muchas de estas cuestiones hay que presionar al propio PSOE, que siempre acostumbra a ser bastante reacio a aprobar medidas que supongan imponerle límites a los grandes poderes de mercado, o que supongan medidas progresistas desde el punto vista fiscal.

Por otra parte, me parece también que, tanto el PNV como Junts comparten el hecho de que son partidos o formaciones que seguramente se podrían calificar de centro derecha, pero que son claramente antifranquistas. Por lo tanto, no solamente están interesados en una agenda de reconocimiento de la plurinacionalidad, sino también en una agenda democrática de democratización del Estado y de avance en ciertas libertades.

Podría perfectamente ser una legislatura en la que por fin se derogue la Ley Mordaza, en la que pueda haber una reforma en los cuerpos de seguridad del Estado, en la que pueda haber mayor pluralismo en los medios de comunicación. Y eso se podría pactar con Junts y con el Partido Nacionalista Vasco. Y tampoco descarto que en materia social pueda ocurrir que estos dos partidos lleguen tan lejos como el propio PSOE. No sería la primera vez que ocurre. Por lo tanto, no habría que descartar esa esa posibilidad.

Dicho esto, me parece que todo eso no depende solo de la aritmética parlamentaria, sino naturalmente, de lo que ocurra en la calle, de lo que haga la ciudadanía organizada. Lo que está por verse es, en un contexto económico muy difícil, si efectivamente va a haber movilización social y sindical en las calles que pida que se produzcan esos cambios. Yo creo que si esa movilización se produce, la mayoría de la investidura, incluidos el PNV y Junts, van a permitir que esos avances sociales se produzcan.

- Respecto a la relación en el seno del grupo plurinacional de Sumar, ¿estarán todas las voces representadas pese a que Podemos e IU no tienen una portavocía adjunta bajo la premisa del eje plurinacional?¿Augura un grupo cohesionado pese a las diferentes sensibilidades que lo conforman?

-Tanto Izquierda Unida como Podemos son fuerzas que claramente defienden la plurinacionalidad y que tienen un programa social muy claro. Por lo tanto, creo que tenemos un grupo parlamentario con mucha potencialidad política y con mucha inteligencia política, y la verdad es que estoy convencido que esa potencialidad se va a notar en las portavocías de grupo, pero también en las portavocías de comisiones y en las intervenciones públicas.

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El resultado del dibujo final de todo eso va a reconocer, no solamente esa pluralidad interna, sino la potencialidad que tienen los 31 diputados y diputadas que estamos bajo el paraguas de Sumar en esta legislatura. En las primeras reuniones de grupo, en los primeros debates de grupo, eso ya se está notando y, por lo tanto, yo creo y espero que el dibujo final aproveche todas esas potencialidades y para lo que, personalmente, estoy trabajando.