Calviño asegura que el 70% de las nuevas reglas fiscales ya está acordado y pide iniciar la fase de negociaciones políticas

La reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de los países de la UE (ECOFIN) celebra este sábado en Santiago de Compostela su última jornada, que supondrá el inicio de las negociaciones políticas para acordar un nuevo marco de gobernanza fiscal a nivel comunitario. Según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, el trabajo técnico realizado durante los meses de verano ha permitido cerrar ya el 70% del texto del nuevo reglamento, si bien esta es solo la parte técnica que suscita menos diferencias entre los países.

“Lo que le vamos a plantear a los ministros es pasar a la fase de negociación política (...) vamos a plantear un calendario ambicioso para que podamos tener aprobado el marco a final de año y las nuevas reglas se apliquen desde enero de 2024”, ha explicado Calviño en declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar las sesiones del ECOFIN.

Las reuniones formales de este sábado se dividen en dos partes, una sobre la articulación de la política fiscal y monetaria y otra sobre la autonomía estratégica de la UE y cómo incorporar la situación geopolítica actual a las políticas económicas de los 27. Será en el primer encuentro donde se debatirá sobre cómo equilibrar los dos objetivos claves: reducir los ratios de deuda pública de manera gradual y sostenida en el tiempo, a la vez que se realizan las inversiones necesarias para la transformación digital y la transición verde y se intenta mantener el crecimiento económico.

En paralelo a las negociaciones del ECOFIN, algunos ministros de políticas sociales (con España y Bélgica a la cabeza) están intentando que se flexibilicen los objetivos de reducción de deuda en los países que lleven a cabo una serie de inversiones en políticas sociales marcadas como prioritarias por tener un retorno positivo en la sociedad y en la economía.

Fuentes del ministerio de Asuntos Económicos explican que la intención de España como responsable de la presidencia del Consejo de la UE es que tras la reunión informal de este sábado el proceso de negociación de las nuevas reglas fiscales se agilice y en el ECOFIN formal de Luxemburgo del 17 de octubre se pueda presentar ya un borrador de compromiso.

Las reglas fiscales anteriores llevan suspendidas desde 2020 por la llegada de la pandemia, que requirió llevar a cabo una política expansiva en el gasto para intentar evitar destrucción del tejido productivo y aumento de la pobreza. Su principal referencia era la reducción anual del déficit estructural en un 0,5% del PIB, de media, y que cada país alcanzara niveles máximos de déficit del 3% del PIB y del 60% del PIB en el caso de la deuda.

Según la propuesta de la Comisión Europea en primavera, estos criterios generales se mantendrán, pero con sendas de cuatro o de siete años ajustadas a la situación de cada país y acordadas con ellos, centrando las partes más rígidas en que haya planes de reducción gradual y sostenida de la deuda cada año.

Los tiempos son ajustados y podría suceder que cuando finalice la presidencia española rotatoria, en diciembre, no haya sido posible acordar un nuevo marco. Los últimos bloques de posturas conocidos son Alemania pidiendo una política fiscal restrictiva, mientras que otros países como España y Francia quieren que el parámetro del 60% de deuda no sea el único ni el principal.

Por el momento, los estados miembros que estén elaborando sus presupuestos para 2024 deben ceñirse a las recomendaciones específicas de país que la Comisión Europea emitió en el paquete de primavera. Las directrices enviadas a España tras analizar su Plan de Estabilidad se reducen a establecer un límite de crecimiento del gasto primario neto del 2,6% para 2024. Objetivo que parece alcanzable teniendo en cuenta que la propia comisión estimó un crecimiento de solo el 1,4%.

Aunque España cumple a priori el límite de crecimiento de gasto primario, otros condicionantes de las reglas fiscales podrían terminar obligando a hacer ajustes, bien por el lado de los ingresos o de los gastos. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló en su análisis de sobre el Plan de Estabilidad que el próximo gobierno tendrá que realizar un ajuste fiscal de hasta 30.640 millones de euros entre 2024 y 2027 para cumplir con una senda continua de descenso de deuda durante los próximos 15 años incluso en escenarios adversos.