Declara la primera víctima de torturas durante el franquismo: “Se empieza a abrir una brecha en el muro de la impunidad”

Julio Pacheco no podía ocultar su alegría este viernes. Es la primera víctima de torturas del franquismo que ha declarado ante la justicia junto a su pareja, Rosa García, que lo ha hecho como testigo. “Ha sido una declaración larga, pero en un ambiente relajado, la jueza me daba confianza. Estoy contento y creo que esto puede ir hacia delante”, ha dicho a Infobae España a la salida de los juzgados.

Pacheco, de 68 años, fue torturado durante varios días en 1975 por la policía de la Brigada Político-Social, en la sede de la Dirección General de Seguridad de Madrid. En principio iba a declarar el pasado mes de julio, pero no pudo hacerlo debido a un inesperado cambio de juez en el proceso. Esta vez, celebra, ha podido ser escuchado y confía en que su declaración “abra puertas para que otras querellas sean admitidas”, pues esta es la primera tras más de 100 rechazadas. “Supone que se empiece a abrir la brecha en el muro de la impunidad y que los represaliados del franquismo podamos obtener justicia en el Estado español”, ha indicado. “Si esto es un empujón para que empiecen a admitirse más querellas, es un triunfo”.

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Para Pacheco, ese primer intento fallido evidenció “las maniobras de la judicatura”, sin embargo, ahora cree que “ha habido voluntad por parte de la jueza y el fiscal” y, aunque es consciente de que es un proceso largo, de momento celebra este primer e “importantísimo paso”. El equipo jurídico que le acompaña también ha valorado positivamente que las preguntas realizadas por la jueza han ido dirigidas a “esclarecer los hechos y continuar con la investigación”.

En este caso de torturas están llamados a declarar como querellados varios miembros de la Brigada Político-Social, entre ellos José Manuel Villarejo Pérez, que llegó a ser comisario de la Policía Nacional durante la democracia y ha estado envuelto en importantes casos de corrupción. Otros de los agentes policiales que deben declarar son José María González Reglero, Álvaro Valdemoro y José Luis Montero Muñoz.

Que hayan tenido que pasar más de cuatro décadas para que se produzca esta declaración en un juzgado español solo se explica, según el propio Pacheco, porque “hay una judicatura heredada del franquismo que no se ha depurado en ningún momento”. Es más, aclara, incluso los miembros de la Policía de la Brigada Político-Social, “los torturadores”, pasaron a ocupar puestos de responsabilidad, y todo eso “se arrastra hasta ahora”. “En la Transición se trató de enterrar ese pasado, de que se olvidara, pero debemos desenterrarlo y que se conozca”, asegura.

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Aunque Pacheco no ha podido declarar hasta este viernes en su propio país, sí tuvo oportunidad de hacerlo anteriormente en Argentina, cuando la jueza María Servini abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo. Lo hizo de la mano de la plataforma CEAQUA, coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que le ha acompañado en todo momento y que asegura que “los hechos se cometieron en un contexto de crímenes contra la humanidad”.

En ese sentido, tanto CEAQUA como las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional, Irídia y Sira, recuerdan que en España han sido archivadas más de 100 querellas en las que se denunciaban crímenes contra la humanidad y crímenes franquistas, algunas de ellas “con posterioridad a que se promulgara la vigente Ley de Memoria Democrática”.

A pesar de los avances que puede generaren este ámbito el caso de Pacheco, “el Estado español mantiene un marco de impunidad general que sigue impidiendo la investigación judicial de los crímenes franquistas”, critican las organizaciones de derechos humanos, que hacen un llamamiento “al poder judicial, al legislativo y al ejecutivo, al igual que a la fiscalía”, para que adopten las medidas necesarias “para que este hecho excepcional se convierta en un hecho habitual y se reviertan las políticas de impunidad mantenidas hasta la fecha”.

Estas mismas organizaciones aseguran que seguirán presentando querellas en los juzgados y tribunales españoles para reclamar el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.