Yolanda Díaz siempre presume de que duerme poco. Así aprovecha más la jornada, asegura. La verdad es que tiempo no le sobra. La realidad política actual es muy exigente. La plataforma de partidos que lidera, Sumar, tiene en estos momentos cuatro importantes retos que ocupan la totalidad de la agenda de su ‘lideresa’: ayudar a poner los cimientos de una investidura que lleve a Pedro Sánchez a La Moncloa; negociar con los socialistas un programa que reedite un Gobierno progresista de coalición; conformar ese Ejecutivo en lo que Sumar considera un “reparto justo” de carteras ministeriales; y por último, intentar apaciguar los ánimos de su socio más belicoso, Podemos, que exige más visibilidad y cuota de poder.
Todos estos retos tienen fecha de caducidad: 27 de noviembre. Si para entonces no hay un Ejecutivo de PSOE y Podemos, con los apoyos necesarios, se disolverán las Cortes y habrá nueva convocatoria electoral prevista para mediados de enero de 2014. Si se llega a este escenario, obviamente no habrá habido ni investidura ni reparto ministerial. Y con nuevos comicios generales en el horizonte, son muchos los que esperan que Podemos renegociará el acuerdo forzado que firmó para incorporarse a Sumar. Lo dicho, muchos frentes abiertos y poco tiempo por delante.
Plazos justos para la investidura
Yolanda Díaz quiere que Sumar sea un activo importante en las cruciales negociaciones que se están fraguando, a varias bandas, para que Junts apoye la investidura de Sánchez. La reunión celebrada hace unos días entre Díaz y Carles Puigdemont en Bruselas buscaba el objetivo, entre otros, de mostrar la importancia con la que Díaz se toma este asunto. La gallega pidió a Puigdemont que fuera más flexible en los plazos y en las exigencias, ya que desde Sumar reconocen abiertamente que encontrar una fórmula para aprobar una amnistía que contente a los independentistas llevará su tiempo.
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Jaume Asens, el negociador nombrado por Díaz, explicó el otro día en TVE que “van muy justos” para tramitar una fórmula de amnistía que contente a Junts antes de una hipotética investidura de Sánchez. Y eso que Sumar, por un lado, y el PSOE por otro, tienen sendos equipos de juristas estudiando soluciones que se enmarquen dentro del ámbito constitucional. Sumar presentará próximamente el dictamen de sus expertos, una propuesta política que luego tratará de consensuar con otras fuerzas antes de su registro en el Congreso, aunque el PSOE ya tiene información avanzada. Los socialistas están dejando que los de Díaz colaboren en este objetivo común, aunque recalcan que son ellos los que están liderando unas negociaciones con Junts “discretas y complicadas por cierto grado de desconfianza mutua entre ambas partes”, señalan fuentes del PSOE. Lo ideal sería, según las fuentes consultadas, que Junts se conforme con un compromiso de que la amnistía, o como finalmente se llame, llegará a buen puerto después de la investidura de Sánchez.
Un programa progresista
Paralelamente, mientras se negocian los apoyos para la investidura, Sumar no quiere perder tiempo y está hablando ya con el PSOE para cerrar un programa de Gobierno por si se consigue reeditar el Ejecutivo de coalición. Es cierto que en este punto los tiempos son distintos. El PSOE se lo está tomando con más calma porque desea ir paso a paso, y el primer paso es conseguir el sí de Puigdemont. Luego llegará el pacto con Sumar, que los socialistas saben que será “fácil y rápido”. Para esta tarea, Sumar ha nombrado a Nacho Álvarez (secretario de Estado de Derechos Sociales) como principal negociador con los de Sánchez.
Sumar quiere un programa ambicioso, con medidas sociales y económicas que se concreten como la reducción de la jornada laboral, abordar con más intensidad el problema de la vivienda y una reforma fiscal donde paguen más los que más tienen. En este sentido, es Sumar el que lleva el peso de las negociaciones. O en otras palabras, el que más interés está poniendo. Desde el PSOE señalan que ya le han explicado a su socio que la aritmética parlamentaria de esta legislatura es complicada, ya que siempre necesitarán el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes para sacar adelante una agenda legislativa. Una agenda que estará marcada por cuadrar un nuevo marco territorial antes que cerrar reformas sociales. “Siendo sinceros, no esperamos una legislatura muy larga”, señalan las mismas fuentes.
El reparto de poder
Sumar y PSOE insisten en que de momento se está hablando de programas, de reformas, no de nombres y ministerios. Pero no es verdad. Tanto los de Díaz como los de Sánchez tienen ya en mente qué reparto de ministerios puede haber (que exigirá la formación magenta y que concederán los socialistas) si finalmente hay Gobierno de coalición. Díaz sabe que será vicepresidenta y quiere carteras de marcado carácter social. Los ministerios de Estado (Exteriores, Interior, Defensa) seguirán en manos del PSOE. Lo que está claro, por lo que comparten en privado fuentes de ambas partes, es que ninguno de los dos quiere a ministros de Podemos. Y los socialistas ven con buenos ojos recuperar las competencias de Igualdad. Una cartera que ha generado muchos quebraderos de cabeza en la anterior legislatura.
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Sumar, un puzle complicado
El último gran reto de Yolanda Díaz dependerá de su capacidad de liderazgo, porque no hay que olvidar que Sumar es una amalgama de partidos y sensibilidades. Podemos es “la mosca cojonera” de la nueva plataforma. El veto a Irene Montero creó un caldo de cultivo que agrió desde el inicio el cóctel político que se quería crear. Podemos se ha quedado además fuera del reparto de las portavocías del Congreso, lo que ha provocado el enésimo enfrentamiento dentro de la coalición. Porque las portavocías no solo conllevan más visibilidad, sino más ingresos económicos.
Las portavocías adjuntas han recaído en los comuns, Compromís y en la Chunta en rotación con Més per Mallorca, quedando fuera de las mismas formaciones estatales como Podemos, IU o Más País. De hecho, IU ha remitido a Sumar una propuesta de reglamento interno de funcionamiento del grupo parlamentario, que se debatirá este miércoles, para que las portavocías adjuntas sean rotatorias entre los ocho partidos que integran la coalición como en función de los territorios que representan sus diputados. Podemos, por su parte, no solo lucha por tener esa portavocía, sino que cree que debe estar representado en un futuro Gobierno. Es consciente de que lo tiene muy difícil, por no decir imposible.