Las lenguas cooficiales podrán hablarse en el Congreso desde el próximo martes

La reforma del Reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso está a un paso de ser debatida y votada en el Pleno del Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, con mayoría progresista de PSOE y Sumar, ha calificado este martes en una reunión dicha iniciativa, registrada por estas fuerzas y otras formaciones nacionalistas e independentistas.

La norma, presentada en el Congreso la semana pasada, será debatida en tramitación directa y en lectura única previsiblemente el próximo martes en un Pleno extraordinario pendiente de convocarse, por lo que será aprobada de manera exprés el jueves por una amplia mayoría sin necesidad de que pase por la Comisión de Reglamento (aún no se ha constituido).

Si bien, sus señorías no tendrán que esperar al pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo del próximo 26 y 27 de septiembre para poder usar el catalán, euskera o gallego si así lo desean, pues la Mesa del Congreso, con la oposición del PP, ha avalado que se puedan usar estas lenguas cooficiales desde el pleno del 19 de septiembre, “cumpliendo así con el compromiso de que toda la ciudadanía pueda verse mejor representada en la Cámara Baja”, rematan fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja. Asimismo, los diputados que quieran hablar en aragonés, aranés o asturiano también podrán hacerlo, aunque en este caso, deberán traducirse ellos mismos.

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El Congreso deberá disponer desde la próxima sesión plenaria de los servicios precisos de traducción e interpretación para que las intervenciones orales puedan realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales. Para ello, fuentes de la Presidencia del Congreso explican que se contratará los servicios de traducción del Senado para estos primeros plenos. También, se hará uso de los dispositivos de los que ya dispone el Congreso, como auriculares, con la finalidad de que “todos puedan hablar en las lenguas reconocidas por los estatutos y que todo el mundo pueda entenderlo”, agregan estas fuentes.

El texto legislativo establece el derecho de los diputados y diputadas a usar cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos. Asimismo, la iniciativa prevé un plazo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano. “Durante este periodo, los diputados y diputadas que presenten sus escritos en una lengua oficial que no sea el castellano, deberán acompañar la traducción en dicha lengua”, añaden fuentes del grupo socialista.

El PP se opone al uso del resto de lenguas diferentes al castellano desde el próximo pleno al entender que contradice la propia reforma del Reglamento, por lo que estudian vías para impedirlo. La propuesta legislativa remarca que “la Mesa, oída la Junta de portavoces, establecerá los procedimientos y los medios para llevar a cabo la aplicación práctica de esta reforma parlamentaria”. Por tanto, se aplicará antes de que esta sea aprobada. Si bien, fuentes cercanas a Armengol explican que esta medida se implantará desde el pleno del próximo martes “una vez confirmada la voluntad de los grupos” para usar las lenguas cooficiales en el Congreso.

La norma ha sido calificada con el informe favorable de los letrados del Congreso. No obstante, en su escrito advierten de que “resulta de muy difícil, si no imposible aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata o a corto plazo”. Los servicios jurñidicos del Congreso explican que la reforma planteada “afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como a todos los plazos reglamentarios y, por ende, al entero funcionamiento de la Cámara”.

Así, en aras de garantizar “de la seguridad jurídica y del ius in officium”, los letrados ven imprescindible “replantear todos los procedimientos parlamentarios, tal y como los mismos se encuentran actualmente configurados”. Esto es, “desde el mismo momento en que se permita el uso de aquéllas, será preciso asegurar, por un lado, la comprensión del debate y el objeto del mismo, y por otro, dotar de validez jurídica plena y erga omnes a las iniciativas sobre las que se discute y que, eventualmente, resulten aprobadas y, más ampliamente, a todos los documentos, cualquiera que sea su naturaleza, que hayan de ser tramitados en la Cámara”.

También, los servicios jurídicos ponen el foco en que la actividad en el Congreso “está determinada por el principio de inmediatez, debiendo ajustarse a unos plazos tasados y generalmente breves, que difícilmente podrán cumplirse si, en relación con las iniciativas y documentos que se presentan, ha de procederse, como paso a previo a su tramitación, a su traducción al castellano”.

Por ende, destacan que “la traducción sería imprescindible para su calificación, para su distribución entre los diputados y grupos parlamentarios y para su debate y eventual aprobación y para su publicación”. De igual forma, en los debates, “debe quedar asegurada la comprensión del discurso que se pronuncia en una lengua distinta del castellano”.