El Estado transfiere el doble de recursos que antes de la pandemia a la Seguridad Social pese a la mejora de sus ingresos ‘propios’

Los gastos de la Seguridad Social han crecido durante las últimas décadas a un ritmo “muy superior” al de sus recursos “propios” y la brecha entre ambas variables se ha ampliado. Aunque el aumento de la recaudación por cotizaciones sociales de los últimos años ha compensado en parte los mayores gastos en pensiones y en otras prestaciones, no ha impedido que el Estado tenga que transferir cada vez más dinero para cubrir el persistente agujero del sistema.

Este problema es el que analiza el estudio Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada, elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y publicado este martes. El documento detalla las cuentas de lo que denomina “Seguridad Social Ampliada” (SSA), un agregado que tiene en cuenta tanto el sistema de Seguridad Social como el de Clases Pasivas, el cual gestiona las pensiones de ciertos colectivos de funcionarios. Según Fedea, los gastos de la SSA se han multiplicado por 1,83 entre 2005 y 2023, mientras que los ingresos se han multiplicado por 1,58.

Esto se ha traducido en un “importante deterioro del saldo presupuestario del sistema”, que ha pasado de un superávit de 12.599 millones en 2005 a un déficit esperado de 6.414 millones en 2023, ambas cantidades en euros ajustados con 2019. No obstante, los ingresos de la SSA han aumentado más que los gastos en los últimos años como consecuencia del aumento del empleo y de las subidas de tipos de las cotizaciones sociales en la reforma de las pensiones de 2023.

Los gastos están presupuestados en 195.965 millones para 2023, lo que supone un crecimiento del 12,82% en comparación con la liquidación de 2019. Este crecimiento está impulsado por las subidas de todas las pensiones, sobre todo de las contributivas, y por el inicio de las jubilaciones de la cohorte del Baby Boom. Los ingresos, por su parte, se han elevado un 20,72% y están presupuestados en 189.551 millones, lo que redunda en el déficit presupuestario señalado anteriormente, que supondría en torno a medio punto del PIB.

Aunque estos datos lanzan una señal alentadora de avance hacia el equilibrio de la Seguridad Social, Fedea avisa de que no todos los ingresos se pueden considerar como “propios” del sistema. De la Fuente entiende que los ingresos “propios” son, fundamentalmente, los de las cotizaciones sociales de carácter contributivo, excluyendo así la parte que grava bases de cotización superiores a las que generaría la pensión máxima, algo que califica como un “impuesto puro”. Según lo presupuestado, la mayor parte de los ingresos de la SSA (el 72%) procederán en 2023 de las cotizaciones contributivas descritas, pero un no despreciable 23,89% procede de las transferencias corrientes del Estado.

La mejora del empleo ha conllevado un incremento de las cotizaciones contributivas del 7,63% en comparación con 2019, pero las transferencias se han duplicado, pasado de los 22.323 millones de euros en 2019 a los 45.286 presupuestados en 2023, un aumento del 102,87%. Las transferencias se dispararon en 2020 con la pandemia y se han mantenido en cifras muy similares. La mayor parte (más del 77%) van destinadas a complementar las prestaciones contributivas, por lo que se evidencia “la brecha entre el gasto del sistema y sus ingresos propios”. Sin las transferencias, Fedea pronostica un “déficit básico” de la SSA del 4,12% del PIB en 2023, equivalente a 51.700 millones de euros.

Fedea llama también la atención sobre las aportaciones comprometidas en la reforma de pensiones al Fondo de Reserva, conocido como la hucha de las pensiones. La SSA entró en déficit en 2017 y la dotación del Fondo de Reserva se redujo hasta casi su desaparición, además, el Estado otorgó préstamos desde 2018 para financiar el déficit de la Seguridad Social, lo que ha ido endeudando cada vez más a la Seguridad Social con el Estado.

Como los gastos de la SSA siguen siendo superiores a sus ingresos, el centro de estudios afirma que “no hay un excedente real” que se pueda ingresar en la hucha de las pensiones, por lo que estaríamos emitiendo “más deuda” para financiar las nuevas aportaciones al mismo.

Por otra parte, el economista sostiene que el sistema de pensiones español cada vez es menos contributivo porque si los aumentos de la base de cotización no se traducen exactamente en una mayor pensión, esa parte pasa a ser un impuesto. De esta manera, la base de cotización necesaria para generar la pensión máxima “marcaría el umbral de no contributividad más allá del cual las cotizaciones sociales dejan de ser salario diferido y se convierten en un impuesto puro y duro”.

El estudio calcula que el Estado ha ingresado por este “impuesto” 6.471 millones de euros en 2019, lo que supone un 5,71% de los ingresos totales por cuotas de contingencias comunes en ese año. De la Fuente considera que aumentar la base de cotización en la reforma de pensiones de 2023 más que lo que subirá la pensión máxima es “muy discutible”, tanto desde el punto de vista de la equidad como de la eficiencia.