Como la Justicia ordinaria no toma cartas en el asunto, las familias de las víctimas han pasado a la acción. Tras varios años en los que los familiares de los muertos por covid en las residencias de mayores de Madrid han pedido a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid e incluso al Parlamento Europeo asistencia y ayuda en una investigación que repare y de luz a la gestión de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, la falta de respuestas ha llevado a la autogestión.
Por tanto, las diferentes plataformas de afectados conformarán un tribunal ciudadano que investigue lo ocurrido durante los meses de marzo, abril y mayo en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Durante esos meses, 7.291 ancianos murieron sin recibir atención médica, 5.795 de ellos por coronavirus. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó no trasladar a los hospitales a los enfermos de las residencias, protocolo por el que sí hay abierta una causa ya que dos directoras de residencias se querellaron contra Ayuso. Hay datos totales de varias comunidades autónomas —Cataluña, Euskadi, Andalucía, Aragón y Navarra— y Madrid es la única donde el porcentaje de fallecidos en residencias es mayor que en hospitales.
Varias investigaciones posteriores han evidenciado que la gestión del PP de la Comunidad de Madrid aumentó de forma notable los fallecidos en las residencias. La mortalidad por covid-19 en los residentes que no fueron hospitalizados superó el 40% en la capital, mientras que en otras regiones osciló entre el 7,7% y el 25,9%
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“Hechos tan graves, tres años después, no han sido investigados. El 6 de junio de 2020 se constituyó en la Asamblea de Madrid una Comisión de investigación que, tras haber realizado ocho sesiones, quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. El 11 de junio, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron la reapertura de la citada comisión, pero esta fue denegada por el PP y Vox. Estos dos partidos negaron a lo largo de la legislatura sucesivos intentos de reabrirla. Las consecuencias inmediatas de, no investigar, no juzgar y no tomar medidas, ya son visibles, al contribuir en la intensificación de la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias”, denuncian las plataformas que organizarán este tribunal ciudadano.
El juicio popular tendrá lugar los próximos 15 y 16 de septiembre en Madrid, en el barrio de Puerta del Ángel. El tribunal estará formado, entre otros, por José Antonio Martín Pallín, Fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo; María Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California; Fernando Lamata Cotanda, médico experto en Gestión y Administración Sanitaria; Fernando Flores Giménez, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH); Cristina Monge Lasierra, socióloga y politóloga.
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