Un policía procesado por el 1-O denuncia a una mujer por darle un beso “a lo Rubiales” durante los altercados

El Caso Rubiales ha llegado hasta el referéndum de independencia del 1-O de 2017. Un antidisturbios de la Policía Nacional procesado por las cargas que se llevaron a cabo en varios colegios que acogieron las urnas ha presentado una denuncia casi seis años después por un delito de agresión sexual por el beso “a lo Rubiales” que le dio una mujer durante los altercados. El policía denuncia haber sido víctima de un delito de agresión sexual y pide que se identifique a la presunta autora de los hechos, recogidos aquel día en unas imágenes grabadas por la cadena de noticias Al Jazeera y publicadas en la red social Youtube.

En su denuncia, interpuesta este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona y a la que ha tenido acceso Infobae España, el funcionario detalla que el día 1 de octubre de 2017 se encontraba prestando servicio como integrante de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en la ciudad condal, con motivo del referéndum ilegal de independencia en Cataluña.

Cuando estaba desplegado en el número 202 de la calle Vía Augusta, frente al Departament d’Educació de la Generalitat, “una persona desconocida, de manera sorpresiva, inapropiada, repentina y no consentida, me da un beso en la boca, constitutivo de un delito contra la libertad sexual del Código Penal”.

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El agente relata que en ese momento “se acababan de intervenir las urnas electorales” de dicho centro y se estaba iniciando el “repliegue de los funcionarios actuantes entre gritos, insultos, agresiones y vejaciones”. En mitad de los altercados, prosigue el denunciante, “una señora de unos 60 años se acerca a mí, me insulta y, al observar que una cámara estaba próxima a ambos, me agarra con las dos manos del cuello y del casco antidisturbios que portaba, para posteriormente besar mi boca con la suya”.

“Todo ello aconteció en un ambiente de extrema violencia ambiental y buscando, además del ánimo libidinoso que le pudo complacer el hecho, una reacción en mi persona que sirviera de desencadenante de una situación de violencia generalizada”, expone el policía, quien subraya que su respuesta, “además de asco, fue de contención ante la situación que vivíamos en cada colegio y en ese en concreto”.

Tras la exposición de los hechos, el denunciante solicita la identificación de la mujer, “que aparece claramente visible en el vídeo proporcionado”. Incluso propone la “divulgación pública” del mismo, que lleva publicado en un canal de Youtube desde el día en el que se produjeron los hechos.

Asimismo, el agente pide que, una vez haya sido identificada, se le imponga a la mujer una orden de alejamiento de 1.000 metros respecto a él como medida cautelar, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio.

El denunciante es uno de los 45 funcionarios de la Policía Nacional procesados por su actuación para impedir el referéndum ilegal del 1-O. Los servicios jurídicos del Sindicato Unificado de policía (SUP) son los encargados del ejercicio de su defensa. Tanto él como sus compañeros están acusados de delitos de lesiones y torturas por las cargas contra votantes y manifestantes.