Suicidios en la Policía Nacional y la Guardia Civil: una lacra de una veintena de casos al año

El suicidio es una lacra social que históricamente ha sido invisibilizada, aún más si cabe en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una media de unos ocho policías nacionales y 12 guardias civiles deciden acabar con su vida cada año en nuestro país, pese a los planes específicos de prevención aprobados en los últimos años por las direcciones generales de ambos cuerpos, según datos de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles facilitados a Infobae con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fechado este domingo 10 de septiembre.

Las cifras en la Policía Nacional oscilan desde comienzos de siglo en torno a una decena de casos al año, mientras que el Instituto Armado ha registrado un total de 216 suicidios desde el año 2005 –una media anual de 12–. La amplia mayoría de las víctimas atraviesan dificultades de índole personal, tales como rupturas sentimentales, apunta Laura González, secretaria de riesgos laborales de JUPOL, uno de los sindicatos representativos en el Consejo de la Policía. Según los datos recabados por esta formación, el 98 % de los fallecidos en estas circunstancias en el Cuerpo son hombres.

González aclara que sólo en casos “excepcionales” el detonante está relacionado con el ámbito laboral, aunque subraya que el trabajo como agente de autoridad presenta características como la “alta carga emocional” y la “repercusión social” que, en el día a día, se suman a problemas del ámbito personal, lo que pone en riesgo la salud mental de los funcionarios. Además, existe un factor determinante entre los agentes como es el uso del arma reglamentaria.

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Para no llegar a estas situaciones límite, las direcciones generales de los dos cuerpos han puesto en marcha varios protocolos y planes específicos de promoción del cuidado de la salud mental y prevención de conductas suicidas, además de los servicios propios ofrecidos por los sindicatos. La creciente concienciación social en la materia también ha ayudado a que los agentes sean “cada vez menos reticentes” a utilizar los servicios de atención psicológica. “Los avances han llegado a los cuerpos”, afirma Laura González.

La Dirección General de la Policía aprobó a finales de 2020, tras los meses más complicados de la pandemia, el denominado Plan de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida, que según Jupol no funcionó “a pleno rendimiento” por la falta de personal especializado hasta la segunda mitad de 2021, un año en el que se dispararon los suicidios en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), con cuatro vocales en el Consejo tras las últimas elecciones, reclaman que no basta con el plan de salud mental implantado en el Cuerpo y “se tiene que mejorar la coordinación entre el área sanitaria y el área de coordinación de riesgos laborales”. Asimismo, hacen hincapié en “las etapas anteriores al suicidio”, por lo que piden que se mejore la detección temprana de este tipo de conductas y se reconozca su condición de funcionarios con una profesión de riesgo.

Jupol, por su parte, demanda que “al menos” exista un profesional de la salud mental en cada Jefatura: “No hay suficientes psicólogos”. Esta situación, según denuncian, obliga a un agente destinado en Ceuta o Melilla a desplazarse hasta a Andalucía para someterse a un seguimiento de su caso.