Pedro Sánchez dijo que la amnistía “no entra dentro de la Constitución” y una decena de sus ministros también se ha opuesto a ella

La amnistía es una condición indispensable para que Pedro Sánchez pueda seguir en La Moncloa. Lo dejó claro Carles Puigdemont cuando hizo públicas sus exigencias para apoyar una posible investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.

Más allá del encaje constitucional de la medida, que tiene divididos a los juristas de mayor reconocimiento, llama la atención el cambio de discurso tanto de Pedro Sánchez como de sus ministros y exministros. Tras verse las caras con la nueva aritmética parlamentaria, han invocado el ya clásico “todo lo pactado estará dentro de los márgenes de la Constitución”.

“El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra dentro de la Constitución española”, dijo Sánchez en una entrevista en plena campaña en laSexta. “No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”, completó.

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Un año antes, en noviembre de 2022, el presidente del Gobierno mantuvo que “el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española”, le dijo Sánchez a Antonio García Ferreras.

Más allá de las declaraciones del actual presidente en funciones, a lo largo de los últimos años se han sucedido multitud de intervenciones de ministros, diputados y cargos orgánicos del PSOE que seguían la línea marcada por el secretario general socialista.

Carmen Calvo, exvicepresidenta, ahora diputada y catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, siempre ha manifestado que la figura de la amnistía supondría “la desaparición del delito de golpe y la democracia quedaría desprovista de uno de los tres poderes del Estado”, explicaba, al tiempo que añadía: “La amnistía no es posible en nuestro país, ni en ninguna democracia porque suprime el delito, lo que significaría que el poder judicial no existe”, completó.

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Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2019 relacionó el tipo de régimen con la aplicación de este tipo de herramientas jurídicas: “La amnistía no está contemplada en la Constitución. Se planteó cuando España pasó de ser un régimen dictatorial a una democracia, pero somos un régimen completamente democrático desde hace más de cuarenta años, por tanto, esa figura no cabe en la Constitución”.

Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, hoy miembro del Tribunal Constitucional, también se expresó en términos muy firmes. Su opinión sobre este asunto asume una trascendencia sumamente relevante debido a su posición actual en el Tribunal de Garantías, cuestión que, casi, con total probabilidad, Vox y el Partido Popular plantearán a los magistrados para conocer su pronunciamiento. En este sentido, Campo reconoció, en más de una ocasión, que “la amnistía no cabe porque supone el olvido del delito y aquí no hay olvido, hay perdón para construir un futuro mejor”, declaró en una entrevista en plena polémica por la aprobación de los indultos.

Entre los ministros que también se han pronunciado sobre este asunto están el catalán Miquel Iceta y el magistrado de la Audiencia Nacional y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El entonces ministro de Acción Territorial ya manifestó, con una contundencia extrema, en sede parlamentaria, ante una pregunta de Vox, que “no va a haber amnistía, ni autodeterminación. Va a haber diálogo, sí, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles”, dijo con efusividad.

Por su parte, Grande-Marlaska, en 2019, ya como ministro del Interior, advirtió a los políticos catalanes, que exigían la amnistía con manifestaciones masivas en las calles de Cataluña, que “la amnistía no está reconocida en el ordenamiento jurídico español”. En términos similares, fue como se expresó el entonces ministro de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos: “La amnistía ahora mismo no cabe”, dijo.

A lo largo de la XIV legislatura, en multitud de ocasiones, ha salido a colación la cuestión de la amnistía y la autodeterminación como forma de cerrar el conflicto con Cataluña, que llegó a su máximo esplendor en 2017. Sin embargo, ya no solo desde el propio ejecutivo, sino desde dentro de las filas socialistas, se sostenía y defendía, por todos los medios, que, en ningún caso, se produciría un proceso de amnistía.

Adriana Lastra, que en aquella época sostenía nada más y nada menos que la portavocía en Congreso de los Diputados del grupo parlamentario socialista, llegó a decir que “como hemos dicho siempre, la amnistía no entra dentro de nuestra Constitución”.

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Más allá de las palabras, los actos son también relevantes. El PSOE, a través del vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, también aplicó la doctrina del partido en la anterior legislatura sobre este asunto. Durante el anterior periodo parlamentario, ERC registró una ley de amnistía que, con el informe jurídico de los letrados del Parlamento en la mano, apuntaba a la inconstitucionalidad del texto, cuestión por la que Alfonso Rodríguez Gómez de Celis vetó con su voto la posibilidad de que siguiera adelante la tramitación parlamentaria del texto propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya.

Ahora, con las urnas abiertas de nuevo y el Congreso con una mayoría de todo menos fácil de configurar, las opiniones parecen cambiar y los socialistas históricos parece que se levantan. Tanto Alfonso Guerra como Felipe González han cargado duramente contra esta posibilidad, argumentando que la última amnistía se hizo en el proceso preconstitucional. Una amnistía que perdonó a cientos de miembros de ETA y crímenes franquistas.