La falta de inversión pública deteriora los servicios sociales para personas mayores y los recursos para la inserción social

España ha registrado a nivel global una mejora en los servicios sociales, pero se ha producido un deterioro en aquellos destinados a las personas mayores, así como un desmantelamiento de los recursos para la inserción social de quienes se encuentran en situación de exclusión social. Así lo indica el informe Índice DEC de Desarrollo de los Servicios Sociales 2022 que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que ha sido publicado este viernes, donde se advierte de que “el escaso incremento presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones a la ciudadanía”.

Como cada año, las diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a los recursos que invierten en servicios sociales son amplias. Así, sin considerar las regiones con régimen foral como el País Vasco, con 1.007 euros de gasto por habitante, Extremadura destina 561 euros, mientras que la región de Murcia invierte mucho menos: 340 euros por habitante, según señala el informe.

El cuanto al porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas destinan a los servicios sociales, el País Vasco, con un 3,1%, y Canarias, con un 2,6%, triplican al de la Comunidad de Madrid, con solo el 1%.

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“Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios”, señala el informe, pues el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias, 3.241, es casi cinco veces superior a Navarra, que tiene 689. Por otro lado, el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en Valencia (1,15%), mientras que la Comunidad de Madrid, con un 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,53%).

Sin embargo, todas las Comunidades cuentan desde 2022 con una Ley de Servicios Sociales de nueva generación, tras la aprobación de la ley de la Comunidad de Madrid, destaca el Índice DEC 2022.

Los servicios sociales dirigidos a las personas mayores registran un estancamiento o incluso un retroceso tras la pandemia. La cobertura del Servicio de ayuda a domicilio se reduce una décima, del 5,1% al 5,0%, mientras que los Centros de día se estancan, del 1,06% al 1,05%, al igual que el servicio de teleasistencia, que pasa del 10,0% a 9,9%. Por ello, en el informe los expertos recomiendan que se refuercen estos servicios para “revertir su actual deterioro” y así crear “una base sólida sobre la que avanzar en las estrategias de desinstitucionalización”. Cabe recordar que los datos sobre servicios para personas mayores corresponden al año 2021.

Las plazas residenciales públicas apenas aumentan desde 2019 (incremento porcentual de sólo 6 centésimas). Pero es sobre todo en los servicios domiciliarios (ayuda a domicilio, teleasistencia) y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado, lo que hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las Administraciones. Desde 2014 los Centros de Día van reduciendo lentamente su escasa cobertura (1,10% en 2014, 1,05% en 2021).

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El servicio de Ayuda a Domicilio mantiene una cobertura del 5% desde el año 2018, mientras que su intensidad sigue por debajo de 20 horas mensuales. Por último, la teleasistencia domiciliaria va reduciendo su cobertura desde 2018, y ya son menos del 10% de las personas mayores de 65 años quienes la reciben. Es prioritario desarrollar estos servicios para personas mayores, ya que sin ellos resulta imposible garantizar unos cuidados en su entorno cuando se encuentran en situaciones de dependencia, y sería arriesgado acometer estrategias de desinstitucionalización sin merma de su calidad de vida y la de sus familiares o personas cuidadoras.

La implantación del Ingreso Mínimo Vital, una prestación que destina a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, ha permitido a las comunidades autónomas destinar todos los recursos de sus Rentas Mínimas de Inserción (RMI) para llevar a cabo procesos de inclusión social. Sin embargo, señala el informe, los cerca de 1.500 millones de euros de las Rentas Mínimas no se han destinado a esta finalidad, pues “muchas regiones han desmantelado esas rentas y han dedicado sus recursos a otras partidas diferentes a los servicios sociales”.

En 2020 un total de 794.567 personas percibían las RMI, el 9% de las personas bajo el umbral de la pobreza, mientras que en 2021 eran 644.136, el 7,7%. Solo en cuatro regiones -Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias y La Rioja- han aumentado el número de perceptores de esas ayudas, mientras que en el resto han disminuido respecto a 2020:

A pesar de que desde 2014 se ha incrementado el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales, en 2021, último año del que existen datos oficiales del presupuesto liquidado, “se aprecia una ralentización de ese crecimiento, con un incremento de solo un 3,5% respeto al año anterior (+15,8 euros)”, añade el informe.

El porcentaje del PIB que supone el gasto en servicios sociales públicos fue 1,82% en 2021, algo menos que hubieran supuesto casi 1.000 millones de euros más, de haberse mantenido el porcentaje del año anterior. Aunque en 2021 la participación de las Comunidades Autónomas en la financiación del sistema aumentó más de dos puntos, la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año suponía un 85,3%, y en 2022 un 71,8%, 14,5 puntos menos.

Este retroceso, concluye el informe, se produce incluso teniendo en cuenta el incremento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia, que repercute en el presupuesto de las Comunidades, por tanto, “sugiere que algunas regiones han utilizado ese incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones, en lugar de ofrecer más y mejores prestaciones y servicios a la ciudadanía”.