El complemento de brecha de género es una cantidad económica que se suma a la cuantía de la pensión de jubilación con el objeto de compensar el perjuicio en sus carreras profesionales y, por tanto, en el importe de su pensión, a las mujeres que hayan asumido un papel principal en el cuidado de sus hijos. Aunque el objetivo de este complemento es reducir la diferencia de cuantía económica en las pensiones que perciben hombres y mujeres, lo cierto es que no solo pueden solicitarlo ellas.
Al ser un derecho reconocido por la Ley y de aplicación automática, la subida de las pensiones vinculada al IPC se mantendrá y aplicará, independientemente de que se logre formar Gobierno o de que haya una repetición electoral. Por lo tanto, no sería necesaria la inclusión de esa subida en los Presupuestos Generales del Estado 2024, si la aprobación de los mismos se pospusiese por falta de Gobierno -con un gobierno en funciones-, o por una inexistencia de mayoría parlamentaria que diese el apoyo a esos Presupuestos, o en caso repetición electoral.
Es decir, aunque se prorrogasen los Presupuestos del 2023 al 2024 las pensiones se revalorizarán el 1 de enero de 2024, según el método indicado de indexación al IPC. Por lo tanto, si bien se espera que se prorroguen los Presupuestos que están en vigor, ya se forme o no un nuevo gobierno antes de diciembre de 2023, esto no supondría un obstáculo para aplicar la subida. En 2023 las pensiones contributivas se actualizaron en un 8,5%, correspondiente al IPC medio interanual entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. La estimación de revalorización para 2024 estaría en torno a un 4,7%, atendiendo a la estimación de IPC que hace Funcas.
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Complemento por brecha de género
En 2024 comenzará a aplicarse la subida extra del complemento de brecha de género. Este complemento se incrementará un 10% en 2024 y otro 10% en 2025, adicionales a su revalorización anual según el IPC. Una vez aplicada la revalorización general del IPC, se aplicará ese incremento adicional del 10%. En 2023, el complemento de brecha de género asciende a 30,40 euros mensuales por cada hijo -425 euros anuales, en 14 pagas-, con el límite máximo de cuatro veces dicho importe.
Por lo tanto, si se confirmase una revalorización de las pensiones -según la estimación, el IPC medio interanual diciembre 2022-noviembre de 2023, de un 4,7%- más ese 10% de incremento adicional del complemento, este complemento de brecha de género podría quedar situado en 2024 en unos 35 euros mensuales.
Subida de las pensiones mínimas
Desde el año 2027, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, no podrá ser inferior al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos (deberá alcanzar el 60% de la renta mediana en España). Para la determinación de dicho umbral de la pobreza se multiplicará por 1,5 el umbral de la pobreza correspondiente a un hogar unipersonal.
La brecha existente entre la cuantía de referencia de la pensión contributiva de jubilación de mayores de 65 años con cónyuge a cargo y el umbral de la pobreza calculado para un hogar de dos adultos, se reducirá progresivamente, entre 2024 y 2027, de acuerdo con la siguiente escala:
- El 1 de enero de 2024 la cuantía de referencia de la pensión se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 20% la brecha que exista.
- El 1 de enero de 2025 se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 30% la brecha que exista.
- En 2026 se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 50% la brecha que exista.
- El 1 de enero de 2027 la cuantía de referencia de la pensión se incrementará adicionalmente, si fuese necesario, hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos.
Las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo pasarían desde los actuales 13.526,80 euros anuales (966,20 euros mensuales), hasta 16.500 euros (1.178,57 euros mensuales, en 14 pagas) en el año 2027, según los cálculos de la Seguridad Social. Ello supondría un incremento aproximado del 22% de la pensión mínima con cónyuge a cargo.