El PP activa toda su maquinaria contra la amnistía para intentar bloquear el ‘sí’ de Junts a la investidura de Sánchez

El Partido Popular ha puesto en funcionamiento toda su maquinaria interna, territorial e institucional con un objetivo claro: la reprobación masiva de una eventual ley de amnistía. Tras pasar página con Junts y el PNV, el PP pone sobre la mesa una tercera vía: el pacto con el PSOE, que consiste en que sus diputados voten a favor de la investidura de Feijóo, con el compromiso de una convocatoria electoral a mitad de legislatura.

El PSOE rechaza esta vía y muestra su disposición a negociar la amnistía que plantea Junts. Ante este escenario, el PP ha emprendido una movilización para intentar bloquear esta negociación, a la que se han sumado exdirigentes socialistas. El primero fue el exministro socialista Jordi Sevilla que, en la red social X (antes Twitter), reclamó que se celebrasen nuevas elecciones generales poco después de que Puigdemont fijase en una rueda de prensa la exigencia de la amnistía.

Otro exsocialista que expresó públicamente su rechazo fue Joaquín Leguina, el expresidente de la Comunidad de Madrid recientemente expulsado del partido por mostrar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Leguina acusa directamente a Sánchez de jugar con el Tribunal Constitucional e invadirlo con la negociación de la ley de amnistía, y apuesta públicamente por un acuerdo entre el PP y PSOE, como plantea el partido de Feijóo. Entre las voces discrepantes, ha resonado la del exsecretario general del PSOE de Euskadi Nicolás Redondo, también de la escuela socialista de la Transición, que asegura que el PSOE no será su partido si Sánchez acepta “el chantaje” de Puigdemont.

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Ha sido igual de claro el exvicepresidente del Gobierno vasco y exministro de la Presidencia socialista, Ramón Jáuregui, que ha aseverado que esta ley “no es constitucional” porque implicaría la legalización de la unilateralidad y los actos de “deslealtad y de atentados a la Constitución” que se llevaron a cabo durante el procés catalán.

Pero el debate jurídico está sobre la mesa. Mientras que algunas voces defienden el encaje constitucional de la amnistía con el argumento de que no aparece en la Constitución, por lo que no está prohibida; otros señalan que es necesario que la Constitución la cite expresamente para considerarla legal.

El asunto se ha vuelto todavía más enrevesado con la opinión, ya aireada en redes sociales por el PP, del expresidente del Gobierno, Felipe González, que ha pedido que Sánchez diga claramente que la amnistía, el referéndum del 1 de octubre, y la autodeterminación no caben en el marco de la Constitución. Y también con la de Alfonso Guerra, otro histórico del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, que ha pedido a su partido que no apruebe dicha ley porque supondría una “condena a la Transición” democrática. Además, ha cargado contra la reunión de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont en Bruselas, que ha tildado de “infamia”.

Así mismo, el Partido Popular ha aprovechado para pedir que los dirigentes actuales críticos con la amnistía sean contundentes con su líder, refiriéndose expresamente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El líder del PSOE manchego ha advertido a su partido de que pactar con partidos independentistas la amnistía de sus encausados sería un extremo carente de “base moral”, lo que a su juicio serviría para vulnerar el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles.

El PP se ha valido de todas estas críticas a las que ha sumado las de sus dirigentes, ya sean europeos, autonómicos, municipales o nacionales. Desde Europa, el PPE ha utilizado la comparecencia en la comisión de Empleo de la Eurocámara para cargar contra la amnistía y contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz. A nivel autonómico, la intervención del ya presidente murciano, Fernando López Miras, durante su propia investidura ha estado copada de críticas al PSOE por su negociación con Junts, reproches que se han reproducido en todas las autonomías gobernadas por el PP, desde la andaluza, con Juanma Moreno a la cabeza, hasta la gallega de Alfonso Rueda, pasando por la madrileña de Isabel Díaz Ayuso, que ha tildado las condiciones de Puigdemont de “estafa masiva”.

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La maquinaria institucional en manos del PP no ha tardado en ponerse manos a la obra, empezando por el Senado, donde el presidente de la Cámara territorial, el popular Pedro Rollán, ha opinado que tanto esta ley como el resto de exigencias de Puigdemont son inasumibles porque quebrantan el principio de igualdad entre españoles: “España se convertiría en una república bananera sin garantías”, ha sentenciado. Y ya se ha encargado la secretaria general, Cuca Gamarra, de hacer una referencia al Congreso, alegando que los propios letrados del Parlamento consideran que la ley sería inconstitucional, lo que sucedió en el año 2021 cuando emitieron un informe desfavorable al respecto.

El propio Feijóo ha hecho una advertencia al Tribunal Constitucional, donde su partido podría recurrir la ley. Ha afirmado que el Alto Tribunal sería “sospechoso” si se manchase las togas en contra de la Constitución y rompiese el Estado de derecho con el aval de la amnistía. Todo ello bajo la sentencia del líder de los populares, en cuya opinión la aprobación de la amnistía conllevaría reconocer que, antes de la misma, España era una dictadura.