El precio de la luz castiga a los Ayuntamientos: así cambió Boadilla su contrato para reducir la factura

Dicen que la unión hace la fuerza. Por eso, la Federación Española de Municipios y Provincias (presidida por el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo), licitó en mayo del año pasado un nuevo acuerdo marco de electricidad para que las localidades que así lo quisieran se unieran al mismo y pudieran tramitar luego con más “agilidad y rapidez” un contrato con la suministradora elegida, en este caso Iberdrola. El objetivo era ahorrar lo máximo posible. No hay que olvidar que el mercado energético llevaba ya en 2022 varios meses viviendo fuertes subidas por la guerra de Ucrania (entre mayo de 2021 y mayo de 2022 el megavatio/hora se había incrementado un 142%).

Precisamente en mayo de 2022 (cuando se firmó el acuerdo marco), el Gobierno español aprobó la ya famosa ‘solución ibérica’ para establecer un tope al gas y rebajar así la factura eléctrica en hogares, empresas e industrias. Ese mecanismo excepcional, autorizado por la Unión Europea para España y Portugal, permitiría que el megavatio hora bajase del entorno de los 210 euros de los últimos meses hasta los 130 euros. Una rebaja sustancial.

El acuerdo marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lo firmaron 88 ayuntamientos de toda España, siete diputaciones, 12 empresas públicas y consorcios y otros cuatro entes locales. Pero lo que en un principio iban a ser ventajas, con el paso del tiempo no ha contentado a todos. De hecho, el Ayuntamiento madrileño de Boadilla de Monte (62.600 habitantes) y uno de lo más ‘ricos’ de España, si se tiene en cuenta la renta per cápita por vecino, ha decidido salirse del acuerdo marco de la FEMP.

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El motivo es que no es nada rentable para las arcas públicas de Boadilla. Y es que el incremento, de nuevo, de los costes de la energía eléctrica ha planteado nuevos escenarios, ya que el acuerdo marco firmado por la FEMP con Iberdrola, la empresa que se ha llevado el contrato, ha multiplicado casi por tres los precios que ofrecen otras compañías. El problema es que este acuerdo marco solo contemplaba un único proveedor de energía, por lo que luego la capacidad de negociación de los ayuntamientos adheridos en sus contratos particulares era muy escasa.

Boadilla se dio cuenta de que pasó de pagar una media de 0,17 euros el kilovatio hora a 0,40 euros. Por eso, el Ayuntamiento de esta localidad madrileña, gobernado por el PP, ha decidido esperar a que venza su firma en el acuerdo marco (el 1 de noviembre de 2023) para salirse de él y ya ha firmado otro contrato con otra suministradora eléctrica a precios más bajos. “Municipios como el nuestro, que tiene capacidad administrativa, pueden salir de esta situación tras un año pagando una barbaridad, pero la mayoría de los ayuntamientos de España, que son pequeños, no la tienen, y están pagando unos precios desorbitados. Hay que dar una vuelta a esta situación porque los servicios públicos no deben verse de nuevo afectados por situaciones como esta y el conjunto de las administraciones locales de nuestro país deberían tener un mayor poder de negociación”, explica Javier Úbeda, alcalde de Boadilla.

Solo entre alumbrado público, edificios municipales e instalaciones deportivas, Boadilla consume en un año 12,5 millones de kilovatios horas, que se traducen en una factura de cinco millones de euros. El municipio (que tiene un presupuesto anual de 69 millones de euros) se ha visto obligado a formular un plan de ahorro para consumir menos instalando placas solares, luminarias led y estudiando potencias necesarias para consumir unos 2,5 millones menos de kilovatios al año. “Con el nuevo contrato, en el que pagaremos entre 0,15 y 0,18 euros el kilovatio hora, esperamos ahorrar entre 1,7 y 2 millones de euros al año.

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Para Javier Úbeda es importante que “la próxima presidencia de la FEMP” que saldrá elegida en su XIII pleno ordinario del próximo 23 de septiembre “se aborde con urgencia esta problemática una vez que el contrato marco de esta institución tiene unas condiciones de precio establecidas en estos momentos para contratar la luz que no benefician en nada a los ayuntamientos de España, al revés, les perjudica enormemente”. El PP, tras los buenos resultados electorales de mayo de este año, espera arrebatar la presidencia de la Federación al socialista Abel Caballero.

Un acuerdo marco, como el que ha firmado la FEMP con Iberdrola, es un instrumento de racionalización técnica de la contratación que consiste en preestablecer una serie de condiciones comunes a todos los contratos que se adjudiquen durante la vigencia del acuerdo marco. Este sistema permite simplificar la tramitación de esos contratos y posibilita la adhesión de administraciones no incluidas en el ámbito obligatorio de la contratación centralizada. Una vez dentro del acuerdo marco, los ayuntamientos que requieran servicios o suministros, pueden firmar ‘contratos basados’.