La ciudad de Nueva York ha comenzado este martes a aplicar una serie de restricciones a los alquileres a corto plazo que la plataforma de alojamientos turísticos Airbnb considera es una prohibición “de facto” a su actividad. La nueva normativa obliga a todos los anfitriones a registrarse ante las autoridades locales, ya que Nueva York prohíbe el alquiler de apartamentos enteros durante menos de 30 días cuando no estén presentes los dueños, pero este tipo de negocios muchas veces no lo respetan.
En España, la normativa que rige el alquiler vacacional es dada por cada comunidad autónoma, a su vez, los municipios pueden regular dichas normas mientras no generen conflicto con la normativa establecida por la comunidad autónoma correspondiente. Como es un tema muy complejo, antes de adentrarse en un negocio de alquiler vacacional es importante que informarse sobre la normativa que se debe aplicar.
Toda comunidad autónoma establece las normativas y su finalidad es gestionar los registros de los negocios o actividades turísticas, así como autorizar y ordenar los alojamientos, programar las inspecciones técnicas, etc. Por otro lado, los ayuntamientos, consejos y cabildos son los que establecerán la normativa territorial, esto significa que son quienes regulan cómo actuar y qué marco jurídico está compuesto por la normativa en el territorio.
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¿Cuáles son las regulaciones locales de alquiler vacacional más importantes?
Ciudades como Madrid, Barcelona o Canarias se han visto sometidas por normativas locales más estrictas por su elevada concentración de turistas, según explican los expertos de HOMEnFUN.
Plan Especial de Hospedaje en Madrid
El Plan Especial de Hospedaje (PEH) es una regulación específica que algunas comunidades autónomas en España han implementado para regular el alquiler vacacional y el hospedaje turístico. Este plan tiene como objetivo establecer normas y requisitos para garantizar la calidad y la legalidad de las viviendas destinadas al alojamiento turístico. En Madrid, fue impulsado durante la alcaldía de Manuela Carmena y el pasado verano, el Ayuntamiento de Madrid decidió renunciar finalmente a reformar el PEH.
El principal objetivo era evitar la masificación turística de la capital, e incluye medidas como la división de Madrid en anillos para aplicar dichas restricciones según la ubicación, y la obligación de que cada alquiler vacacional tenga un acceso independiente al edificio para evitar conflictos con la comunidad de vecinos.
Regulación de pisos turísticos en Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona tiene la potestad de decidir sobre los pisos de alquiler vacacional en la ciudad, a pesar de que Cataluña tenga su propia legislación.
La anterior alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau ha priorizado en su programa político la lucha contra la masificación de alquileres turísticos en la capital catalana, y una de sus medidas que ha traído más problemas ha sido la aprobada en 2015, la cual suspende la obtención de licencias turísticas. El PEUAT, Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, se aprobó meses después con el fin de dividir Barcelona en zonas y mover la creación de nuevos alojamientos turísticos en la periferia, además de otras restricciones. Aunque en 2019 el TSJC anuló el PEUAT, el Ayuntamiento de Barcelona estuvo luchando para volver a aprobarlo y, finalmente, lo consiguió en 2021.
La confusa normativa de Canarias
La regulación de los alquileres vacacionales en las Islas Canarias ha pasado de estar regulada por el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias a estar regida por la Ley del Turismo. Dicha ley dice que un alquiler vacacional es toda propiedad que se encuentra amueblada y con todo el equipo necesario siguiendo los requisitos exigidos, que se comercializa y promociona a través de los distintos canales de ofertas turísticas o páginas web propias para ser alquilada y darle un uso turístico.
La ley del turismo también da el poder de regulación con límites a los Cabildos insulares y a los destinos municipios canarios. Es por eso que Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Adeje son los quienes dan la última palabra con la regulación del sector. Para acabar, la normativa canaria prohíbe el alquiler compartido, es decir, no se pueden alojar personas que hayan firmado distintos contratos, entre otras restricciones.
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