Las bases del PSOE se pronunciarán de manera indirecta sobre las negociaciones con Junts para una eventual investidura de Sánchez

Importantes figuras del socialismo han criticado en los últimos días las condiciones exigidas por los partidos independentistas para apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez, siendo una ley de amnistía el principal requisito de partida, ya que el líder de Junts, Carles Puigdemont, relegó el referéndum a una segunda fase de la negociación.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, el exministro de Administraciones Públicas Jordi Silva, el exdirigente socialista Nicolás Redondo o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los pocos barones con poder, han pedido no aceptar los “chantajes” de Junts y ERC, partidos indispensables para que Sánchez reedite el Gobierno de coalición con Sumar. Incluso, han mostrado sus preferencias por una repetición electoral.

El PSOE rechaza hablar en público de negociaciones oficiales con estos grupos toda vez que insisten en respetar el proceso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, cuyo debate, abocado al fracaso, está previsto para los próximos 26 y 27 de septiembre. Si bien, en palabras de la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, después del discurso de Puigdemont desde Bruselas “se abren las vías y el diálogo, de la política, que es lo que ha practicado el Gobierno durante estos cinco años”.

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En privado, fuentes de Ferraz reconocen que estas premisas pueden encajar “en el marco de la Constitución”. Aunque señalan que será el tribunal de garantías el que determine si la amnistía es constitucional, ni en Moncloa ni en el propio partido cierran la puerta a un acuerdo en torno a una ley de amnistía ni niegan su encaje constitucional, aunque todavía se rechace hablar de fórmulas concretas. En pocas palabras, aunque entienden que los independentistas parten de “máximos”, están abiertos a situar su límite en la amnistía y ven un gesto que Junts y ERC no impongan la autodeterminación como condición sine qua non para la investidura.

Precisamente, Isabel Rodríguez, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, al ser preguntada por las críticas de estos dirigentes a la amnistía para los encausados por el procés, afirmó que, una vez el rey encargue a Sánchez la investidura, “se activarán todos los mecanismos de participación en la toma de decisiones de toda la organización donde todos los militantes podrán expresarse”, explicó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En ese caso, cabe recordar que, de producirse este encargo del rey a Sánchez si fracasa la investidura de Feijóo, la dirección socialista deberá convocar “una consulta a la militancia y la afiliación directa” sobre un acuerdo de Gobierno con Sumar al entenderse como un asunto de especial transcendencia. El Artículo 348 de los estatutos aprobados en el Comité Federal en 2022 recoge que “se considera de especial transcendencia y será obligatoria y vinculante la consulta a la militancia y a la afiliación directa, al nivel territorial que corresponda, sobre los acuerdos de Gobierno en los que sea parte el PSOE”.

Como en 2019, se da la circunstancia de que a Pedro Sánchez no le bastaría con obtener el respaldo de la coalición liderada por Yolanda Díaz, pues necesitaría además el sí de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG para sumar mayoría frente al bloque de la derecha, toda vez que el PP rechaza investir a Sánchez al reivindicar que los populares fueron la fuerza más votada.

De esta manera, la consulta sobre un eventual acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar conllevaría de forma implícita que la militancia también se pronuncie sobre las negociaciones con las diferentes fuerzas del arco parlamentario, ya que sin un acuerdo con estos partidos, ese previsible pacto de gobernabilidad no sería suficiente para que cristalice en una investidura exitosa. En otras palabras, esa iniciativa sería una suerte de plebiscito en el que los socialistas deberían votar si están a favor de una mayoría plurinacional, como se vio en la votación de la Mesa del Congreso, o prefieren repetir elecciones para evitar un pacto con estos partidos.

Hace cuatro años, el PSOE ya consultó a las bases el acuerdo con Unidas Podemos. La pregunta fue: “¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?”. Con una participación del 63,01%, un 92% de los militantes socialistas respaldaron la formación de un gobierno de coalición progresista, dando luz verde a las negociaciones posteriores con ERC y el resto de socios parlamentarios que permitieron investir a Sánchez en enero de 2020.

Otro de los mecanismos de los que dispone el PSOE para que “se escuche la voz de toda la organización”, como remarcan fuentes de Ferraz, es el Comité Federal, el máximo órgano entre congresos, en el que se podría debatir y votar sobre esta cuestión llegado el caso.