Estos son los plazos para que Carles Puigdemont tenga su amnistía y Pedro Sánchez su investidura

“Todo es cuestión de voluntad política”, señaló este martes Carles Puigdemont desde Bruselas cuando anunciaba sus condiciones para que Junts apoye una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Una voluntad que irremediablemente está asociada a unos plazos. El Pleno de investidura de Alberto Nuñez Feijóo comienza el 26 de septiembre y termina un día después. Una investidura abocada al fracaso. Sánchez sabe entonces que será su turno y cuenta en tener los apoyos cerrados para finales de octubre. No hay que olvidar que debe haber presidente del Gobierno antes del 27 de noviembre, plazo legal de disolución de las Cámaras y convocatoria de nuevas elecciones.

Las exigencias de Puigdemont son claras. La primera, el “respeto a la legitimidad democrática” del independentismo (algo que ya consiguió ERC la pasada investidura por escrito). La segunda, un “mecanismo de mediación y verificación” de los acuerdos que se alcancen. No especificó más. Jaume Asens, el interlocutor nombrado por Sumar para negociar con Junts, ha señalado este miércoles en ‘Onda Cero’ que espera que Puigdemont no esté pensando en la figura de un relator internacional. “Eso es propio de los conflictos armados, de los procesos de paz”, ha asegurado Asens, que ve más factible una especie de “facilitador para coordinar los trabajos” que hiciera una labor de mediación en un proceso que no deja de ser una negociación entre partidos.

Y tercero: el “abandono completo y efectivo de la vía judicial” contra el independentismo, que ha de canalizarse a través de una ley de amnistía. Este es el principal escollo. Porque como ha reconocido Asens este mismo miércoles, la amnistía “es la condición para la investidura, no la condición previa para hablar de la investidura”. Puigdemont sabe que tiene la mejor mano en la partida política que se está jugando: sus siete diputados son imprescindibles para que Sánchez sea presidente.

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Por eso el PSOE, que cree que es factible llegar a un acuerdo con Puigdemont, sabe que los plazos son los que son. El líder de Junts en el exilio recalcó este martes que no se fía de los socialistas y quiere hechos comprobables de que sus exigencias (al menos, las más importantes) se van a cumplir. Puigdemont no detalló en su conferencia si esa ley de amnistía debe estar admitida a trámite antes de la investidura, aprobada en el Congreso o validada por Congreso y Senado. “Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución, ni por descontado de ningún tratado europeo”, enfatizó el líder catalán.

Con el Gobierno en funciones se puede tramitar una ley de amnistía. La urgencia de los plazos obliga a que se tramite como proposición de ley, ya que solo necesita que la registren un mínimo de 15 diputados y su tramitación es más corta. Además, con una proposición se evitan informes preceptivos como los del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. La segunda clave está en la Mesa del Congreso, con mayoría progresista. La Mesa agilizaría también su tramitación para que pase al Ejecutivo, que si no se pronuncia en contra en un plazo de 30 días pasaría al Pleno de Hemiciclo para su aprobación en lectura única y por vía de urgencia. Aquí el bloque progresista, sumado a los nacionalistas, tiene mayoría.

Es verdad que luego esa proposición de ley tiene que pasar por el Senado, donde el PP tiene una clara mayoría. Aquí los populares pueden dilatar su tramitación. Pero llegados a este punto habría que ver si a Junts ya le vale para apoyar a Sánchez, sabedor de que existe esa “voluntad política” que reclama Puigdemont. El reglamento del Senado da dos meses para tramitar esa proposición de ley, un plazo que se rebaja a 20 días si se tramita por vía urgente. Un obstáculo que se puede plantear es que la Mesa del Senado (en manos del PP) rechace admitir esta iniciativa, generando un conflicto entre el Senado y el Congreso que dejaría la pelota en el tejado del Tribunal de Garantías. Si el texto vuelve al Congreso sin cambios saldría adelante con los mismos votos que ya hicieron presidenta a la socialista Armengol. La ley tendría que ir al BOE, por tanto, antes del 27 de noviembre.

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“Tenemos el precedente de la reforma penal de la sedición, que se hizo en un mes. Se puede hacer. En lectura única, es posible”, ha señalado este miércoles Jaume Asens. Todos cuentan entonces con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP. Aquí ya se inicia un complejo debate jurídico. Como la amnistía no aparece en la Constitución, para Sumar no está prohibida. La formación de Yolanda Díaz cree que la norma tiene encaje constitucional porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la amnistía como causa de extinción de responsabilidad penal (artículo 666.4). Es decir, que no hace falta reformar el Código Penal.

Otras voces defienden lo contrario, que es necesario que la Constitución hable de amnistía para que esta sea legal. Además, el artículo de 62. i) de la constitución prohíbe los indultos generales. El indulto borra la condena, mientras que la amnistía borra el delito. La nueva ley vendría a decir que los juzgados que están instruyendo posibles delitos (hay 1.400 causas abiertas) derivados del proceso soberanista tendrían que paralizar sus procedimientos.

Que la “voluntad política” es una realidad cuando se quiere, se puede apreciar en la regulación que se está tramitando en el Congreso para que las lenguas cooficiales del Estado (catalán, euskera y gallego) tengan ya la misma legitimidad que el castellano y puedan ser usadas a finales de septiembre en el previsiblemente fallido Pleno de investidura de Feijóo. El objetivo es una reforma exprés del Reglamento de la Cámara Baja. Lo primero es registrar esa reforma y llevarla a la Mesa del Congreso, donde la mayoría progresista la ratificaría. Esto puede ocurrir la semana del 11 al 15 de septiembre. A continuación, la Junta de Portavoces (también con mayoría progresista) debe dar su visto bueno antes de que la propuesta se debata en el Pleno del Congreso, que está previsto para la semana del 18 al 22 de septiembre. El procedimiento se realizaría con lectura única y, al ser una reforma reglamentaria, se aprobaría por mayoría absoluta y sin pasar por el Senado.

El siguiente paso es que el Congreso contrate traductores. Mientras llegan esto, las soluciones pasan por la ‘autotraducción’, que consistiría en que el propio diputado pronunciara su discurso en una lengua cooficial y lo fuera traduciendo simultáneamente. Otra iniciativa pasaría por entregar, previamente, a cada uno de los parlamentarios un documento en papel con la traducción del discurso. Esta misma opción también existe en una versión telemática: que todas sus señorías puedan leer el discurso en las pantallas que tienen todos los escaños.