El gasto farmacéutico hospitalario se ha disparado en los últimos años y no deja de aumentar. Si en 2020 la inversión se situó en los 7.934 millones de euros y en 2021 en los 8.491, el año pasado ascendió hasta 8.902 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Un aumento “imparable” que, sin embargo, no se traduce en una mejora para la ciudadanía, tal y como denunció este miércoles la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en un informe tras analizar la situación de la Atención Especializada.
El aumento del gasto farmacéutico hospitalario entre 2014 y 2022 fue del 70,8%, indica FADSP, una cifra que califican de “disparatada” y muy superior al incremento del gasto sanitario hospitalario en su conjunto, de acuerdo al informe de FADSP. La razón principal del incremento de ese gasto, que sobre todo aumentó a partir del 2014, se debe al “enorme precio” de los medicamentos que fijan las empresas farmacéuticas, explica a Infobae España el médico Ramón Gálvez, especialista en gestión sanitaria, pues el Estado tiene “poca capacidad de negociación”. Los medicamentos a los que hace referencia son “los más caros, los que están bajo patente”, que tratan el cáncer o las enfermedades inmunitarias, entre otras afecciones.
“No se puede aceptar la opacidad y la falta de transparencia de las empresas farmacéuticas y que pongan el precio que les dé la gana”, señala Gálvez, que recuerda que los beneficios de este sector ya son mucho más elevados que los de cualquier otra industria, incluyendo la del lujo. Por eso considera que es necesario transformar el modelo actual de producción de medicamentos: “No podemos seguir así”, asevera.
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Si el gasto farmacéutico hospitalario continúa creciendo a un ritmo tan frenético como el actual, advierte el experto, el sistema sanitario público podría colapsar: “La situación actual es insostenible y estamos en un riesgo tremendo porque no habrá hospital que lo resista”. Además, añade, el aumento de ese gasto se traducirá en “un recorte de recursos humanos”, si bien la sanidad pública lleva años reduciendo plantillas, cerrando camas y mermando servicios.
Gasto por regiones
En 2022 el aumento promedio del gasto farmacéutico hospitalario respecto a 2021 fue del 4,8%, oscilando entre el -11,1% de Castilla-La Mancha hasta el 9,1% de la Comunidad Valenciana, según los datos recopilados por la FADSP.
Ese gasto por habitante y año en las distintas regiones tuvo un aumento de 7,63 euros (un 4,36% más) entre 2021 y 2022, de forma que la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza al destinar 283,8 euros, si bien Cantabria, Navarra o Castilla y León también superan los 200 euros, por encima de los 184,8 euros de media nacional. En el otro extremo se sitúa el País Vasco, con 157,3 euros.
El argumento de las farmacéuticas “no vale”
El gasto farmacéutico ya supone cerca del 25% del total de gasto sanitario público y su aumento año tras año no beneficia en absoluto a la ciudadanía. El precio de estos medicamentos “está muy por encima de lo que cuesta realmente su producción” y, aunque la industria farmacéutica “siempre argumenta que la investigación es muy cara”, lo cierto es que la mayor parte de la investigación básica se realiza en base a fondos públicos, recuerda Gálvez.
Ese aumento de la factura farmacéutica también dificulta la subida de los salarios y del empleo de los profesionales sanitarios, además de que dificulta las inversiones en salud pública, explica por su parte a este medio el doctor Marciano Sánchez, presidente de FADSP. Según el informe publicado por la federación, en ese incremento imparable del gasto también influye “el conflicto de intereses que existe entre los profesionales y la industria farmacéutica”, por lo que debería regularse.
Recomendaciones para revertir la situación
Para que el aumento del gasto farmacéutico pueda frenarse, la FADSP recomienda que se incremente la utilización de genéricos y biosimilares y que se fomenten las compras agregadas de medicamentos de uso hospitalario por parte de todas las comunidades autónomas, además de que “se regulen estrictamente los conflictos de interés entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica”.
La federación también considera que el sistema sanitario público debe garantizar la formación continuada de los profesionales “con independencia de las empresas farmacéuticas y de tecnología sanitaria”, así como promocionar la investigación pública, independientemente de la industria farmacéutica.
También es necesario “poner en marcha una empresa pública farmacéutica” para conseguir una mayor independencia de las multinacionales del sector.